10 de ene de 2022
La Unión Europea sancionó el lunes a funcionarios allegados a Daniel Ortega.
Por Voz de América | @VozDeAmerica
Política
Managua, Nicaragua
La Unión Europea sancionó este lunes a siete funcionarios del gobierno del Gobierno de Nicaragua y a tres entidades estatales, de Daniel Ortega para un cuarto período presidencial.
Los sancionados son Laureano Ortega y Camila Ortega, hijos de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y los magistrados del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell.
También fue sancionada Nahima Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y Luis Ángel Montenegro, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones (SIBOIF).
Las instituciones designadas por la Unión Europea son el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Policía Nacional y Telcor.
En el caso del CSE, la Unión Europea señala que “es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático”.
La Policía Nacional es acusada de ser la responsable de infligir tratos degradantes a los opositores, entre ellos torturas físicas y psicológicas.
“Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas”, dice el documento.
A Telcor se le señala de ser la institución encargada de ejecutar la “Ley de ciberdelitos” y de haber desempeñado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la “oposición democrática”.
Esta es la tercera ronda de sanciones emitidas por la Unión Europea.
Según el comunicado, estas personas y entidades “son responsables de violaciones a los derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo de elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” en Nicaragua”.