Estrategias ciudadanas vs. mañas políticas


El intento de contener e interrumpir las protestas iniciadas por los estudiantes universitarios, y ahora apoyada por gran parte de la ciudadanía, en demanda de la derogación del Decreto Presidencial 03-2018, ha sido una medida sobradamente abusiva, pero, considerada como necesaria por el presidente Daniel Ortega para evitar por las vías posibles e imposibles que vayan tomando forma y peso en la opinión pública, las distintas iniciativas de protestas, generadas a partir del descontento ciudadano por los abusos cometidos que el gobierno ha venido cometiendo desde su llegada al poder en 2007.

Nicaragua no es un caso aislado con respecto a conflictos políticos que recientemente han venido ocurriendo en América Latina. El declive de los regímenes autodenominados “socialista” en Latinoamérica ha venido decayendo casi como en una especie de “efecto dominó”. Los casos más emblemáticos de corrupción pública que han tenido mayor eco en el continente son Brasil y Venezuela, desde donde se ha podido observar el descontento casi generalizado y las marchas masivas (puntualmente el caso venezolano), demandando cambios estructurales en todo el sistema político y administrativo del país.

Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa

Es auténticamente probable que los episodios ocurridos en esos países se traduzcan en una advertencia contundente, de lo que podría significar para este gobierno la consolidación de todas las iniciativas, urbanas o rurales, exigiendo cambios profundos en las instituciones del Estado.

Si bien es verdad que el derecho del Estado en hacer uso de la coerción para establecer el orden público fue un planteamiento analizado por Max Weber (La Política Como Vocación), desde donde consideró que éste -El Estado- es el único que tiene en posición el monopolio de la violencia como instrumento, se debe tomar en cuenta, obligadamente, para comprender el espíritu de ésta afirmación, que esto es posible únicamente mediante un proceso de legitimación, en el que sea una reivindicación social la que establezca el derecho legal de recurrir a la fuerza.

Notablemente, contrario a éste proceso de legitimación social, en Nicaragua, el uso de la fuerza de parte del Estado, dominado y centralizado en forma absoluta y arbitraria por el poder ejecutivo, ha utilizado sistemática y recurrentemente la violencia con el fin de disolver cualquier intento de protesta, inconformidad o disidencia de parte de la población, aún, cuando el derecho a la concentración y movilización publica está contenida en los artículo 53 y 54 respectivamente, de la Constitución Política, reformada y re-diseñada acorde a los interés desmedidos del sistema Estado-Partido.

Éste afán hostil y autoritario de sofocar las movilizaciones de quienes exigen que se respeten los derechos humanos, agredidos por los excesos del híper presidencialismo del señor Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, deja entrever la profunda preocupación e incertidumbre que existe dentro del partido de gobierno, de que se repitan en Nicaragua los tristes escenarios sociales de crisis políticas que ha experimentado Venezuela en los últimos meses.

Por estas razones, no debe estimarse como sorprendente continuar observando de parte del gobierno que se siga oprimiendo y dispersando cualquier marcha o demanda social en el país. Incluso, el proceso de dialogo al que, angustiado y sin remedios, ha llamado el gobierno del presidente Ortega, es una movida estratégica en favor de conceder oxígeno a sus estrategias como partido, otorgando tiempo para reinventar nuevas pericias que tengan éxito al momento de reprimir nuevos intentos de protestas de la ciudadanía.

Entre tanto, ¿qué se debe hacer para revertir o, en el más esencial de los casos, detener la arbitrariedad de los caprichos políticos, en contra de las protesta de los estudiantes universitarios, y ahora, del pueblo en general?

Inicialmente, estamos obligados a conocer y comprender con mucha atención 4 puntos fundamentales derivados de la lógica actitudinal de éste régimen. El primero de ellos: el gobierno posee todos los recursos económicos posibles con los que agiliza y garantiza cualquier proceso de movilización estratégica para dispersar y deshacer cualquier intento de protesta, en cualquier parte del país. El segundo: su estrategia por antonomasia es la intimidación y la amenaza. El tercero: el dominio absoluto sobre los medios de comunicación que invisibilizan los excesos de autoritarismo gubernamental, al mismo tiempo, intencional y premeditadamente, restan y distorsionan el valor a las exigencia de los campesinos. Y, el último de ellos: la experiencia en las “negociaciones” que Ortega posee, resultado de los procesos políticos que le ha tocado presidir antes y después de los años 80's.

Diseño de Coyuntura

Tomando en cuenta estos cuatro puntos, aunque seguramente existan muchos más, los acuerdos a los que se puedan llegar en las decisiones tomadas por los afectados, se debe tener claro que se está frente a un poder tan absoluto como estratégico, por ello, la pericia de parte de los universitarios y demás ciudadanos que resuelvan apoyar la causa, deben obtener un esfuerzo mucho mayor, para alcanzar cualquier propósito, exigencia o demanda social.

Por razones obvias, la convocatoria y disposición de cada protesta debe asumir el nivel más elevado de compromiso, voluntad y autodeterminación ciudadana, que permita organizar de la manera más apropiada, cada etapa en el proceso de conformación de cualquier exigencia social.

Demás está proponer, que las distintas facciones de oposición, sin legitimidad social, están obligadas a contraer un compromiso mayor con la ciudadanía, razón de ser de su existencia, y con la supremacía de los principios fundamentales democráticos de la nación, por encima de cualquier pretensión personal, que a fin de cuenta, ha sido una de las causas principales del resentimiento, fragmentación y atraso de la oposición en las últimas décadas.

A estas alturas del proceso, y con el nivel de complejidad en el que ha derivado la situación política de la sociedad nicaragüense, el mayor compromiso que nos obliga a tomar conciencia de nuestra situación es la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones, de poder concederles, al menos la posibilidad de habitar en un país donde existan más y mejores oportunidades, que nos permitan continuar luchando de cara a los retos que tenemos como sociedad y de cara a la modernidad.


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