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2022 en Nicaragua: más de 700 ataques a la libertad de prensa y casi cien periodistas exiliados

"El uso abusivo del poder estatal, las agresiones y ataques junto al discurso estigmatizante figuran como las principales agresiones en contra de la libertad de prensa en Nicaragua", cita el informe 2022 de la organización Voces del Sur. Enero, febrero y marzo fueron los meses con el mayor número de agresiones, mientras se resalta una nueva ola de periodistas desplazados, "condenas sustentadas en mensajes de redes sociales" y más detenciones de colaboradores de medios independientes.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
Fachada del edificio de La Prensa luego de ser confiscado por la Policía de Nicaragua | Fotografía cortesía
Fachada del edificio de La Prensa luego de ser confiscado por la Policía de Nicaragua | Fotografía cortesía

Por quinto año consecutivo, la libertad de prensa en Nicaragua y sus "funcionarios" (las y los periodistas) vivieron días de regresión en su labor, y agresiones en primera línea. "Ejercer periodismo independiente en el país es cada vez una tarea más desafiante y peligrosa", dice Voces del Sur, una red regional de organizaciones de la sociedad civil en América Latina, en su Informe Anual 2022 sobre el país centroamericano. Detallan un total de 703 agresiones durante dicho año, 321 de ellas los primeros tres meses.


No obstante, el número de casos podría ser mayor debido a que muchas víctimas prefieren guardar silencio, en un claro acto de autocensura para evitar mayores represalias.


"Para Voces del Sur es de mucha preocupación que durante este año aumentó el silencio de las víctimas ante las agresiones. Comprendemos que se trata de una forma de sobrevivencia y autoprotección. Debemos tener presente que esto no significa que la hostilidad en contra de la prensa independiente haya disminuido, sino que las víctimas prefieren 'callar' para mitigar los riesgos", explica el organismo, que desde este 2023 realizará informes trimestrales, "motivados por la disminución de denuncias".


"El último trimestre de 2022 registra la menor cantidad de casos de violaciones a la libertad de prensa. En realidad, estos meses están marcados por el temor de los periodistas de hacer públicas las amenazas y agresiones que han vivido. Muchos de ellos, al no encontrar alternativas, se han visto obligados a salir del país en los últimos días del año, en total silencio, para no poner en riesgo a sus familias", agrega la entidad.


Una vez más, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de las instituciones estatales son el principal agresor. Los agentes policiales representan el principal victimario utilizado por la administración sandinista "para infundir terror y cercenar los derechos y libertades de los periodistas y en general de los ciudadanos disidentes". El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y la Dirección General de Migración y Extranjería son las otras dos entidades oficiales que durante el 2022 "en total 'obediencia'" han realizado diversas acciones en contra de periodistas.


Decenas de medios cancelados y sacados del aire; un total de seis medios confiscados y allanados por la Policía Nacional hasta la fecha; espacios informativos cerrados con la amenaza de que si no lo hacían serían "totalmente clausurados"; periodistas a quienes se las ha prohibido el ingreso o salida del territorio; entre otras agresiones, restricciones y abusos registrados.


De las 86 personas naturales víctimas documentadas en este informe, 48 fueron identificados como hombres, 37 como mujeres y una persona LGBTIQ+. Otras 63 agresiones se registraron contra personas jurídicas.


"El patrón señalado indica que la práctica periodística en el país es una profesión de alto riesgo y que desde las esferas gubernamentales se mantiene una campaña que busca silenciar a los periodistas que con valentía y aplomo continúan informando y venciendo la censura impuesta", señala Voces del Sur.



Además, en 2022: 13 periodistas y colaboradores de medios de comunicación continúan encarceladas en el país. Nueve de ellos ya fueron condenados y sentenciados hasta un máximo de 13 años de prisión. Otras cuatro personas tienen procesos judiciales activos.


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