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30 días más de régimen de excepción, pero a qué costo

La Asamblea Legislativa de El Salvador, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó este 24 de abril en una sesión extraordinaria la prórroga de 30 días más de régimen de excepción. La excusa sigue siendo la misma: la guerra contra las pandillas.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política

San Salvador, El Salvador

La medida, que hasta la madrugada de este martes 26 de abril deja a más de 18,000 personas capturadas y tildadas de "terroristas", según información de la Policía Nacional Civil del país centroamericano, generó una ola de denuncias sobre detenciones irregulares que, en principio, violan el derecho a la presunción de inocencia.


Dicha norma, que inicialmente fue aprobada el 27 de marzo de este año, implica la suspensión de derechos constitucionales fundamentales y ha sido denunciada por organizaciones locales y organismos de derechos humanos internacionales, entre ellas la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Human Rights Watch.


Policías en la escena de de un asesinato en Colón, El Salvador | Fotografía de EFE por Rodrigo Sura
Policías en la escena de de un asesinato en Colón, El Salvador | Fotografía de EFE por Rodrigo Sura

Además de la extensión, que permite la detención en masa de más personas "sospechosas de participar en actividades ilegales" y liquida el derecho a la defensa, el órgano estatal, controlado por el partido Nuevas Ideas, aprobó un decreto que permite al Gobierno evitar los procedimientos habituales para realizar compras y contrataciones públicas mientras dura el régimen de excepción.


"Las adquisiciones y contrataciones realizadas de conformidad con el decreto legislativo número 333 de fecha 27 de marzo del presente año y su prolongación, estarán exentas del pago de todo tipo de impuesto fiscal, aduanal y municipal, incluyendo todo tipo de aranceles, así como del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios", explica el Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado, en el Marco de la Declaratoria de Régimen de Excepción.


Según las declaraciones de los diputados del pleno, las fuerzas armadas del país aún no han detenido a todos los pandilleros, aglomerados en su mayoría en tres grupos delincuenciales: Barrio 18 Sureños, Barrio 18 Revolucionarios y la Mara Salvatrucha-13. A su vez, otro de los argumentos utilizados por el pleno legislativo fue la más reciente encuesta de la firma CID Gallup, en la cual se asegura que "el 91 % de la población salvadoreña se encuentra mucho o algo de acuerdo con las acciones tomadas por el Gobierno".


"Se observa además que los habitantes no solo se encuentran de acuerdo con las medidas, sino con la rigurosidad de las mismas. Esto porque la gran mayoría así lo indica, estando en especial más fuertemente a favor los hombres y aquellos con estudios de nivel educativo secundario y superior", cita el documento, que se basa en una encuesta realizada a 1,200 ciudadanas y ciudadanos.


Para la abogada salvadoreña Marcela Galeas, especializada en derecho penal, "al aprobarse la prorroga se desnaturaliza la situación excepcional que da origen a dicha figura y se normaliza la suspensión de derechos, estableciendo un régimen autocrático, divorciado totalmente de la Constitución, la legalidad y la protección ciudadana".


Mientras tanto, desde el inicio de la emergencia a finales de marzo, generada por el asesinato de 76 personas en 48 horas, es más habitual identificar denuncias sobre la detención arbitraria de civiles, entre ellos músicos, estudiantes, pequeños empresarios y ciudadanos en general.



"Los encarcelamientos masivos sin garantías judiciales abren un camino de impunidad y brutalidad, y muestran a los opositores el riesgo que corren si alzan demasiado la voz. Trabajar por la paz, el desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social se convierte así en una tarea peligrosa, pero muy necesaria para evitar que la violencia de los autoritarios engendre violencias más ciegas y destructivas", cita el más reciente editorial de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, en el cuál también se denuncia cómo "el autoritarismo y la violencia constituyen una tentación muy fuerte" en contextos como el actual.


Liquidado así el debido proceso, con acciones efectistas para combatir la violencia perpetuada en el país, el precio que la ciudadanía común debe pagar aún no se ha calculado en su totalidad, porque mientras más días pasan, más personas justifican el accionar casi descontrolado y poco organizado de las fuerzas armadas.


El hito, que marca otro precedente impactante en el curso lineal autoritario que lleva el país desde que Bukele asumió el poder, también está marcado por la aprobación de penas de hasta 15 años de cárcel para quienes informen sobre pandillas, asentidas de forma expedita por la mayoría oficialista en el Poder Legislativo el pasado 05 de abril.

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