Así va la economía de Nicaragua en 2025. Remesas cayeron 5.7 % en abril y caficultores alertan crisis por falta de mano de obra
- Redacción Central
- 6 jun
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El reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), que anuló el "parole humanitario" para decenas de miles de nicaragüenses, junto con el endurecimiento de las deportaciones, siembra cada vez más incertidumbre en cientos de miles de familias receptoras. A esto se suma un proyecto legislativo ya aprobado en la Cámara de Representantes de EE.UU. que propone un nuevo impuesto del 3.5 % sobre remesas enviadas por ciudadanos no estadounidenses, con posible entrada en vigor en 2026, aún pendiente de revisión por el Senado.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La economía nicaragüense sigue transitando una etapa de aparente dinamismo y crecimiento sostenido, impulsada en gran medida por las remesas familiares enviadas por su amplia y creciente diáspora. Sin embargo, este motor fundamental de la economía nacional enfrenta amenazas reales provenientes del contexto internacional, mientras que a nivel interno, sectores estratégicos como el cafetalero lidian con profundas limitaciones estructurales, desde la escasez de mano de obra hasta los efectos del cambio climático.
En abril del año 2025, Nicaragua recibió 501.8 millones de dólares en remesas familiares, según los datos más recientes del Banco Central de Nicaragua (BCN). Esta cifra representa un ingreso promedio diario de 16.7 millones de dólares, consolidando a estos envíos como una columna vertebral del consumo interno y del equilibrio de la balanza de pagos en los últimos cinco años.
El crecimiento interanual de las remesas fue del 11.7 % respecto a abril de 2024, cuando el país recibió 449.4 millones de dólares. No obstante, en comparación con marzo de este mismo año (532.2 millones), se observa una contracción del 5.7 %, lo que enciende señales de alerta sobre una posible desaceleración.
La principal fuente de estos envíos es Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), que concentró el 84 % del total recibido en abril (424.2 millones de dólares), seguido de Costa Rica (33.7 millones) y España (27.2 millones). Estos tres países representan casi el 97 % del total recibido, reflejando la composición geográfica del exilio y migración nicaragüense.
La dependencia de las remesas no solo es evidente, sino que es estructural. En 2024, Nicaragua captó un récord histórico de 5,243.1 millones de dólares por esta vía, cifra que equivale al 26.62 % del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras oficiales. De ese total, más de 4,340 millones provinieron de Estados Unidos.
No obstante, la estabilidad de ese flujo financiero enfrenta riesgos concretos. En las últimas semanas, el gobierno estadounidense de Donald Trump ha intensificado las deportaciones masivas de migrantes, incluidas personas nicaragüenses. A esto se suma la revocación del estatus migratorio temporal conocido como "parole humanitario", ordenada por el Tribunal Supremo de ese país a finales de mayo, lo cual afecta directamente a miles de connacionales que habían logrado establecerse de forma legal y que hasta ahora enviaban remesas con regularidad.
A mediano plazo, se avizora otro posible golpe: un impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas por personas no ciudadanas estadounidenses, aprobado ya por el Congreso. Aunque aún está pendiente de ratificación en el Senado de EE.UU., se espera que entre en vigor en enero del año 2026. De concretarse, podría representar una reducción significativa del dinero que efectivamente reciben las familias nicaragüenses.
Fitch Ratings, una de las principales agencias internacionales de riesgo crediticio, recientemente confirmó la calificación de Nicaragua en "B", con perspectiva estable. Sin embargo, advirtió sobre el peligro que representa la alta dependencia de las remesas frente a cambios en la política migratoria y económica de los países emisores, especialmente Estados Unidos. Para una economía tan poco diversificada, un retroceso en este rubro significaría un golpe directo al consumo de los hogares y al equilibrio externo.
A ello se le debe agregar las imparables repercusiones en las exportaciones de Nicaragua ante los aranceles impuestos por Donald Trump en los primeros meses de su segundo mandato no consecutivo.
Pese a estos nubarrones, el desempeño macroeconómico de Nicaragua muestra cifras de crecimiento sostenido. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) —indicador clave para medir el comportamiento productivo del país centroamericano— registró un crecimiento del 6 % en marzo de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. El promedio anualizado se ubica en un 3.1 %, mientras que la variación acumulada entre enero y marzo del corriente año es del 3.4 %.
Entre los sectores más dinámicos destacan el comercio (15.2 %), la construcción (11.4 %), la agricultura (7.4 %), la ganadería (5.6 %) y la industria manufacturera (4.9 %). Estas cifras confirman una tendencia de crecimiento sostenido, aunque asimétrica.
Pero no todo el panorama es positivo. Las actividades de pesca y acuicultura sufrieron una contracción del 33.9 %, mientras que la explotación de minas y canteras cayó un 9.4 %, indicando que algunos sectores siguen sin recuperarse del todo o enfrentan barreras persistentes, a pesar de la insistencia del Estado en una normalidad institucional que contrasta con la depredación fiscal y un estado policial de facto.
En términos de PIB, la economía nacional creció un 3.6 % en 2024, manteniendo una racha de cuatro años consecutivos de expansión tras las caídas registradas entre 2018 y 2020. Para este 2025, el BCN estima un crecimiento de entre el 3 % y el 4 %, con una inflación anual que se proyecta entre el 2 % y el 4 %.
Este crecimiento, sin embargo, continúa sosteniéndose más en factores externos que internos. La dependencia de las remesas y las exportaciones agrícolas primarias, como el café, hacen a la economía nicaragüense altamente vulnerable a cualquier shock externo, sea climático, político o financiero.
Riqueza amenazada por el clima y la escasez de la mano de obra
Otro de los pilares de la economía nacional, el sector cafetalero, se enfrenta a desafíos crecientes que amenazan su viabilidad, según fuentes consultadas por COYUNTURA. Con el inicio del ciclo lluvioso de 2025, los caficultores deben decidir si tratarán de cosechar la totalidad de sus plantaciones o si se concentrarán solo en las áreas que puedan atender con el limitado personal disponible.
"El mayor problema no es la tierra ni los insumos, sino la gente", explica Mario E., técnico agrícola y caficultor en la zona norte. Las fincas están operando con la mitad —o menos— del personal necesario para realizar labores básicas como fertilización, fumigación y recolección del grano.
Adán, otro caficultor en Jinotega, lo resume con crudeza: "estamos considerando reducir gran parte de nuestras áreas cultivadas para adaptarnos a la cantidad de mano de obra disponible". La lógica es simple pero devastadora: mantener operativas todas las áreas sin suficiente personal se traduce en menor productividad, mayor desperdicio de recursos y pérdidas económicas.
El déficit de trabajadores ya impactó la cosecha anterior, y podría poner en riesgo los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2025–2026. Este documento prevé un incremento del 3 % en la producción de café, pasando de 3.17 millones a 3.27 millones de quintales. También se espera exportar 2.9 millones de quintales, por un valor de 647.6 millones de dólares, lo que representaría un aumento del 7.9 % en volumen y 23.5 % en valor, gracias a los precios internacionales.
Sin embargo, alcanzar esas metas depende no solo de factores internacionales, sino también de que las condiciones locales —climáticas y laborales— se mantengan estables.
A la escasez de mano de obra se suma otro factor crítico: la incertidumbre medioambiental. Aunque las primeras lluvias han comenzado a caer en zonas del norte, como La Dalia, Peñas Blancas y Waslala, los productores todavía dudan si el invierno será estable o presentará largos períodos secos, o, por el contrario, muchas precipitaciones.
La falta de certeza sobre el régimen de lluvias altera decisiones fundamentales como la fertilización, la siembra o el manejo fitosanitario. Algunos productores han comenzado a fertilizar antes de lo habitual, motivados por la humedad reciente, pero también con la urgencia de anticiparse a posibles sequías.
Afortunadamente, al menos en este ciclo, el acceso a semillas, fertilizantes y fungicidas no representa una barrera, ni por disponibilidad ni por precios excesivos. Aunque los costos internacionales de los insumos han bajado —en parte por la relativa estabilización del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa—, persiste una sobrevaloración artificial en Nicaragua debido a las prácticas aduaneras que elevan los costos hasta un 20 % o más, según denuncian productores y técnicos del sector desde hace varios meses.
La economía de Nicaragua avanza entre señales mixtas. Las cifras macroeconómicas muestran estabilidad y crecimiento, pero los cimientos de ese desempeño son profundamente frágiles. La alta dependencia de las remesas, las vulnerabilidades del sector agrícola, y los impactos crecientes del cambio climático configuran un escenario en el que cualquier alteración externa puede tener consecuencias desproporcionadas.
El país se enfrenta, por tanto, a un dilema estructural: cómo diversificar su economía y garantizar sostenibilidad a largo plazo, en un entorno donde su principal fuente de ingresos depende de las decisiones migratorias de otras naciones, y donde su principal sector agrícola sufre por falta de manos que lo trabajen. Mientras tanto, familias enteras dependen cada mes de lo que llegue del exterior, los cafetales esperan brazos que los cultiven, y la economía nacional se aferra a los márgenes de lo posible.
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