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Aumentan las detenciones políticas en Nicaragua y se agravan las condiciones carcelarias

Durante el recién finalizado mes de agosto, Nicaragua experimentó un preocupante aumento en la represión gubernamental y el número de detenciones arbitrarias, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La organización destaca que 89 personas se encuentran ahora mismo detenidas por razones políticas.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

En el sombrío panorama de los derechos humanos en Nicaragua, el mes de agosto de 2023 se convirtió en un capítulo alarmante que destaca. El último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas revela una escalada en la represión gubernamental y un crecimiento en el número de detenciones arbitrarias, lo que subraya una vez más la persistente crisis sociopolítica que azota al país centroamericano desde abril del año 2018. El informe del mes pasado destaca una cifra preocupante: 89 personas son reconocidas como presas y presos políticos en Nicaragua, un aumento del 14 % en comparación con el mes anterior. Entre estas víctimas, 16 son mujeres y 73 son hombres, incluyendo a 10 presos políticos detenidos antes del año 2018. Estos números son más que estadísticas, son testimonios de una sociedad atrapada en la red de la persecución política que encabeza el sandinismo de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.


La adición de 11 personas a la lista en agosto de 2023 refleja la continua represión gubernamental. Cinco de ellas fueron detenidas en abril de 2023 durante la oleada represiva de la Semana Santa y el quinto aniversario de las manifestaciones de abril de 2018. Una persona más fue detenida en junio, una en julio y cuatro en agosto. Estos eventos marcan una tendencia alarmante de aumento en las detenciones, a pesar de las liberaciones anteriores.


En agosto de 2023, se documentaron 24 detenciones arbitrarias con posibles motivaciones políticas. Cinco de las personas detenidas fueron liberadas horas después de su secuestro, pero al menos 15 aún permanecen en prisión. Estas detenciones tuvieron lugar en varios departamentos del país, con un enfoque particular en Managua, donde 11 de ellas ocurrieron.


Lo más alarmante es la falta de transparencia y comunicación por parte de las autoridades con los familiares de las y los detenidos. El Estado, a través de su sistema de justicia penal, se niega a proporcionar información sobre el paradero y las condiciones de varias de las personas detenidas, lo que coloca a las víctimas en un estado de vulnerabilidad e indefensión. Las y los familiares se ven obligados a realizar una búsqueda agotadora en diferentes cárceles para obtener información sobre sus seres queridos, una situación que causa angustia y pérdidas económicas.


El miedo a las represalias ha llevado a la autocensura en la población, lo que significa que muchas personas guardan silencio sobre los casos de sus familiares detenidos injustamente, incluso cuando estos han estado desaparecidos durante meses.


Mientras tanto, un caso que destaca en el reciente informe es el de un adolescente de 16 años de edad, detenido en abril de este año en Jinotega y trasladado a Managua, donde permaneció en estado de desaparición forzada debido a la negativa de la Policía Nacional de proporcionar información sobre su paradero a su familia. Lo más preocupante es que este adolescente está siendo tratado como si fuera mayor de edad, a pesar de ser un menor.


La detención de menores de edad y su tratamiento como adultos en el sistema penitenciario es una violación flagrante de los derechos humanos y debe abordarse de manera urgente, explica a la Redacción de COYUNTURA un activista nicaragüense exiliado en Costa Rica.


Juicios a distancia


Por otro lado, una nueva modalidad de celebración de juicios ha surgido en Nicaragua, tomando auge este 2023, donde las audiencias se realizan a través de videoconferencias sin la presencia física de la persona acusada en el Complejo Judicial. Esto impide la comunicación efectiva entre el acusado y su abogado defensor, lo que socava gravemente el debido proceso. "Te impiden la plena defensa desde muchos aspectos", señala la fuente.


Los juicios contra disidentes en el país centroamericano están caracterizados por la incomunicación de los abogados defensores con sus defendidos, la denegación del acceso a los expedientes judiciales y la dificultad para agotar los recursos internos debido a la falta de acceso a actas de audiencias y sentencias. Además, se ha documentado la complicidad entre testigos, fiscales y jueces, lo que garantiza la permanencia arbitraria de las personas en prisión como un mecanismo de represión. "Recordemos que el uso constante de oficiales de la Policía como testigos es otra característica de esta pantomima judicial. Quien te detiene declara en contra tuya", agrega el activista y defensor de los derechos humanos.


Condiciones inhumanas


El informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas también revela condiciones carcelarias inhumanas en las celdas. Los familiares de personas detenidas han denunciado pésimas condiciones higiénicas, la entrega incompleta de productos de paquetería y la falta de atención médica oportuna y de calidad. Las celdas están plagadas de insectos y roedores, lo que ha provocado problemas de salud en las personas detenidas.


Además, se informa que la entrega de paquetería a los detenidos es discrecional y arbitraria, con frecuentes obstáculos para el ingreso de alimentos, medicinas y productos de aseo personal. Esta situación impacta negativamente en la salud y el bienestar de las y los detenidos, especialmente durante las primeras semanas de detención e incomunicación.


La situación de los derechos humanos en Nicaragua se agrava con la violación de derechos fundamentales en las cárceles. Durante las visitas familiares, se reporta una vigilancia excesiva que limita la comunicación con las y los familiares y un acto intimidatorio que obliga a los visitantes a firmar documentos innecesarios.


El informe de agosto de 2023 del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas pinta un cuadro sombrío de la situación en Nicaragua. La represión gubernamental y las violaciones a los derechos humanos persisten y se agravan. La comunidad internacional debe seguir presionando al régimen Ortega-Murillo para poner fin a esta crisis de derechos humanos y garantizar la liberación de todas las personas detenidas injustamente.


Al cierre de este texto el sábado 09 de septiembre de 2023, unas horas después de la presentación del informe del mecanismo nicaragüense, se confirma la detención ilegal del sacerdote Osman Amador de la Arquidiócesis de Estelí. El religioso de 36 años de edad fue sacado de la Catedral de Estelí a las 10 p.m. de este viernes 08 de septiembre por oficiales de la Policía Nacional, pero hasta el momento se desconoce donde se encuentra retenido.


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