Carla Sequeira: "No debemos acostumbrarnos a vivir de esta manera"

Carla Sequeira es abogada y defensora de derechos humanos en Nicaragua. Desde el año 2004 trabaja para la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en donde actualmente desempeña el cargo de Directora de Asesoría Legal. Para Sequeira, defender derechos se convirtió en una pasión y encontró en ello la vocación de servir y ayudar en todo momento a quien lo necesite, junto a su equipo de trabajo.

En esta entrevista a profundidad, Sequeira detalla las denuncias de violaciones que se han recibido desde el primero de enero hasta el 30 de noviembre del año 2020; comparte su análisis sobre las vulnerabilidades que enfrenta el país en materia de derechos humanos; analiza las condiciones de las y los defensores, la importancia de actuar contra las leyes recién aprobadas por el Gobierno y los derechos que se han violado en el contexto de la pandemia. Además, comparte sus perspectivas sobre el posible escenario de 2021.

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¿El 2018 fue un parteaguas en la historia de los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense?

"No. En el 2018 simplemente se evidenciaron más las violaciones a los derechos humanos. Desde hace mucho tiempo íbamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciábamos las violaciones que se estaban cometiendo en el país y no nos creían. Aunque en el 2018 se evidenciaron más las violaciones, no quiere decir que haya un antes y un después, porque este Gobierno ha sido un violador desde antes que iniciara su mandato, y desde que regresó al poder advertimos que se estaba instaurando una dictadura".

De las más de las 1,600 denuncias que la CPDH recibió durante este año, ¿qué fue lo que le generó mayor preocupación?

"Que de las 1,622 personas que pusieron denuncias ante la CPDH, el 70% tienen como perpetrador a la Policía Nacional, entre amenazas, acoso, asedio y abuso de autoridad; también detenciones ilegales y arbitrarias, persecución, torturas y otros derechos violentados que fueron distribuidos entre otras instituciones del Estado. El 52% de las víctimas fueron hombres y el 27% (446 personas) fueron menores de 30 años".

¿Cuál ha sido el derecho que más se ha violentado en el país?

"El derecho a la integridad física y el derecho a la dignidad. La CPDH ha catalogado que el asedio constante que las personas reciben por parte de la policía o afines al Gobierno es una forma de tortura. El asedio, las amenazas y la persecución constante crean lesiones dentro de la psiquis del ciudadano y ciudadana. En la tortura tiene que haber un daño físico o un daño psíquico para obtener información mediante el trato cruel o para ejercer castigo, y la tortura está establecida como un delito".

¿Qué sector, comunidad o gremio del país requiere de mayor atención en sus derechos humanos?

"Para nosotros las comunidades originarias o afrodescendientes son un punto en nuestra agenda, a pesar de que no hemos podido llegar a estos lugares por el difícil acceso. Sabemos que existen violaciones a los derechos humanos, sobre todo por el ingreso de los colonos quienes prácticamente están arrasando con lo que queda de estas comunidades. Vemos la ineptitud del Gobierno quien no hace nada para resguardar y proteger a estas comunidades.

La comunidad LGBTIQ+ es otra comunidad que está olvidada por el Gobierno y se ha hecho caso omiso acerca de los compromisos y particularidades que se tienen con esta comunidad. Los campesinos siguen siendo los más asediados y los más perseguidos; el Gobierno junto con el Ejército están en permanente intimidación a los campesinos para que estos no levanten su voz y no expresen sus pensamientos".

Además del Gobierno, ¿qué otro actor suele viola los derechos de la ciudadanía nicaragüense?

"Cuando nos referimos a una violación de derechos humanos es cuando el Gobierno o el Estado, quien debería de cumplir con la protección y resguardar los derechos de la ciudadanía, no cumple con su rol y su función. Existen otros violadores, sobre todo en el ámbito laboral con los derechos y garantías de las personas trabajadoras. En estos tiempos de Covid, muchas personas perdieron sus empleos y este año se registraron muchas denuncias en materia laboral. En este caso, el Ministerio del Trabajo porque, como no le conviene estar mal con el patronal, no están resguardando debidamente el derecho del trabajador como debería de ser".

En el contexto de la pandemia, ¿qué derechos se han violentado?

"Se ha justificado el tema de la pandemia para restringir severamente el derecho a la movilización, asociación y la libre expresión, los cuales han sido derechos que el Gobierno ha violentado desde antes de 2018, entonces, de manera abusiva, ha utilizado la Covid-19 para limitar aún más estos derechos.

Una anécdota que nos pasó a nosotros como equipo la semana pasada en la ciudad de Jinotega: un funcionario del Ministerio de Salud (MINSA) llegó al local donde íbamos a estar impartiendo un taller porque supuestamente había un brote de covid y al movernos a otro lugar en cuestión de minutos estábamos rodeados de policías, parapolicías armados y agentes del Gobierno. Esa fue una forma clara de cómo el Gobierno se aprovecha de la pandemia para limitar este tipo de derechos que son fundamentales".

¿Hasta cuándo se podrá vivir con este nivel de asedio?

"A veces cometemos el error de hacer esto rutina, porque ha sido considerado normal que nos estén asediando, pero es un error porque no debemos acostumbrarnos a vivir de esta manera. El Gobierno invierte recursos económicos y humanos para torturar de esta forma a las personas que no están de acuerdo con él; los asedia, los acosa, los persigue, y lo que nosotros hacemos es continuar denunciando a través de los medios que tengamos. Para superar esto, primero hay que vencer el miedo y si nos quedamos callados nos van a seguir poniendo la bota en el cuello. Hay que seguir denunciando".

¿Existe alguna línea roja que el Gobierno aún no ha cruzado en cuanto a violaciones de derechos humanos?

"Ha cruzado todas las líneas posibles y las últimas estocadas las dio con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. Ante esto, es muy importante que la población conozca los alcances de estas dos leyes; la primera está dirigida a personas que trabajan en sociedad civil y que abordan temas que no son cómodos para el Gobierno, y la segunda le da la potestad al Gobierno de que en cualquier momento pueda interferir nuestros datos o nuestros servicios de las telefonías, Tigo o Claro, y ver nuestras comunicaciones personales. La policía puede ir a cualquiera de estas empresas y pedir los datos de cualquier ciudadano, y esas empresas los puede dar con cualquier orden, para que después se convaliden las acciones de la policía en miras a una investigación. Esto es sumamente peligroso".

Esta semana desfilaron varias organizaciones anteponiendo recursos de inconstitucionalidad únicamente para la Ley de Agentes Extranjeros. ¿A quién le compete recurrir contra las otras dos puntas del tridente de leyes recién aprobadas?

"Esa es una obligación de todos los nicaragüenses. Vos, como periodista, tenés que interponer tu recurso de inconstitucionalidad, porque recordemos que La Ley de Agentes Extranjeros, aunque digan que solo afecta a la parte de sociedad civil, realmente afecta a toda la población, porque lo que hacen las organizaciones en este país es llegar a la parte o los sectores donde el Gobierno no es capaz de llegar o resolver. Un ejemplo claro acaba de pasar con los huracanes: al inicio el Gobierno estaba impidiendo y asediando a quienes estaban recaudando algún tipo de donación, pero como el Gobierno vio que era incapaz de resolver las necesidades de la población afectada, al final no le quedó de otra que dejar que la gente siguiera apoyando a los afectados".

¿Es la CPDH la única organización que cuenta con personalidad jurídica en el país?

"Sí. Por el momento, sí".

¿Qué ha pasado con el resto de organismos defensores?

"Desde el 2018 y de forma arbitraria les han quitado la personería jurídica a las organizaciones que desempeñan una función similar a la CPDH, aunque nosotros somos la más antigua, fundada en 1977. Sin embargo, la labor de defensoría no la define una personería jurídica ni un edificio".

¿Quién defiende a las y los defensores?

"Buena pregunta. Nadie. (Suspira). Nosotros como defensores tenemos que ayudarnos. Cuando a alguno de los defensores le pase algo todos debemos alzar nuestra voz, no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos luchar y reaccionar. En este caso solo la unión hace la fuerza. Nadie puede navegar solo en este mar tan bravo".

¿Está unido el gremio de defensores nicaragüenses?

"(Pausa) En cierto modo. Cada una de las organizaciones tiene su propio objetivo y sus formas de proceder en cada una de las circunstancias, pero cuando algo le pasa a uno de los defensores de derechos humanos, cada uno tiene la obligación de levantar la voz y condenar lo actos arbitrarios en contra de cualquier defensor. Sabemos quién es el violador de derechos humanos y si algo le pasa a uno de nosotros, eso le pasa a todos".

¿Cómo prevé el futuro de los derechos humanos en este año venidero?

"El año que viene será difícil. Estamos claros de que un contexto electoral es difícil tomando en cuenta que en Nicaragua históricamente, en los procesos de elección, siempre hay muerte y represión. Estamos preparándonos para un incremento en las violaciones para el año que viene. Nosotros siempre vamos a estar listos para la adversidad. Nuestra experiencia a través de los años lo ha demostrado".