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Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprueba nueva ley para "resancionar" al régimen sandinista de Nicaragua

La Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua (S.1881) buscará reforzar las medidas ya existentes, como la Ley Nica Act de 2018 y la Ley Renacer Act de 2021, en un esfuerzo por ejercer mayor presión política, económica e institucional sobre el régimen de Daniel Ortega. A pesar de las sanciones, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, mientras que la migración, y las remesas familiares hacia el país centroamericano continúan en aumento, mientras las libertades son limitadas cada vez más.


Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio

Washington, Estados Unidos de Norteamérica
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

En medio de la creciente preocupación por la grave situación política, económica, social e institucional en Nicaragua, el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) decidió este martes 16 de abril de 2024 impulsar un nuevo proyecto legislativo titulado "Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua" (S.1881). Esta iniciativa, impulsada por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Timothy Kaine, busca "imponer mayores sanciones" al régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, también a los grupos económicos y a los negocios que favorezcan el sustento del régimen, según fuentes oficiales consultadas por este medio.


Uno de los puntos más destacados de esta nueva legislación es la extensión de sanciones ya existentes, como la "Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua", conocida como Nica Act, promulgada en el año 2018. Esta ley, junto con la reactivación de la "Ley de Reforzamiento de Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral", conocida como Ley Renacer Act, de 2021, buscan aumentar la presión sobre el engranaje económico y represivo del régimen dictatorial de Nicaragua, en consonancia con acciones anteriores de la administración estadounidense.



"La familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua son una grave amenaza para la seguridad nacional en la región", manifestó Rubio el viernes 12 de abril de este año durante una discusión en el seno del Comité. En su disertación el senador Rubio también instó al Departamento de Estado de EE.UU. a designar al país centroamericano como "Estado patrocinador de la trata de personas".



"Nicaragua debería ser designado como un país patrocinador del tráfico humano, por ser una amenaza para los intereses y seguridad de Estados Unidos", manifestó el senador de la Florida. En ese sentido, Nicaragua ya se encuentra en varias listas de alerta de la administración de EE.UU., entre ellas la de régimenes que no respetan siquiera la libertad de culto.


De las sanciones a la paradoja económica


A pesar de las distintas sanciones impuestas al sandinismo y sus funcionarios por EE.UU. desde el año 2018 -cuando estalló la actual crisis múltiple-, el país norteamericano sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Esta paradoja económica pone de relieve la complejidad de las relaciones internacionales y la dificultad de aplicar medidas coercitivas sin afectar a la población civil y al bolsillo general. Por otra parte, la migración de nicaragüenses hacia Estados Unidos de Norteamérica continúa en aumento, al igual que las remesas familiares, que sustentan la economía del país, siendo ya casi el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB).


La aprobación de la S.1881 por parte del Comité de Relaciones Exteriores de EE.UU. es solo el primer paso en un proceso que llevará su tiempo. Para que sea posible más presión y efectividad, el siguiente paso será la aprobación por parte de la Cámara Alta en su conjunto, lo que promete ser otro capítulo en la extensa y compleja relación entre Estados Unidos de Norteamérica y Nicaragua. Quedará por verse sí estas medidas logran el objetivo deseado de promover la democracia y los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense.


"Adicionalmente, tal y como lo hemos solicitado en numerosas ocasiones, (la S.1881) establece nuevas sanciones por el apoyo de Ortega a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, así como por la persecución a la iglesia católica y por tener presos políticos", escribió sobre los sucesos el exreo político nicaragüense, Felix Maradiaga.


 

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