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Con reforma constitucional régimen de Daniel Ortega quita atribuciones al Poder Judicial

El centro de esta reforma, que centraliza en la administración sandinista el control de los Registros Públicos, se encuentra en la derogación del inciso cuatro del Artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua. Este inciso otorgaba al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), un organismo autónomo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la facultad de supervisar el funcionamiento administrativo de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
El Poder Legislativo de Nicaragua, encarnado en la Asamblea Nacional, aprobó este martes 31 de octubre de 2023 una reforma a la Constitución para modificar la labor del Poder Judicial | Fotografía cortesía
El Poder Legislativo de Nicaragua, encarnado en la Asamblea Nacional, aprobó este martes 31 de octubre de 2023 una reforma a la Constitución para modificar la labor del Poder Judicial | Fotografía cortesía

Nicaragua se encuentra en una encrucijada política y legal de gran relevancia, cada vez más compleja y difusa, tras una controvertida reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, este martes 31 de octubre. Esta reforma ha despojado al Poder Judicial, en particular a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de su jurisdicción sobre los Registros Públicos de Propiedad Inmueble y Mercantil, otorgando este control a la Procuraduría General de la República (PGR), una institución bajo la influencia del Ejecutivo, dirigida por la sandinista Wendy Morales, aliada de la administración actual. Esta maniobra desata más críticas y alarmas, en medio de la destitución masiva de funcionarios de la CSJ, entre ellos la magistrada presidenta Alba Luz Ramos.


La reforma se concretó a través de la modificación del Artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua, un paso que ha generado una profunda inquietud en el país centroamericano. El numeral 4 de dicho acápite, que otorgaba al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), un organismo de la CSJ con autonomía técnica y funcional, la facultad de supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como de las oficinas de servicios comunes, fue derogado. Esta acción supone un cambio radical en la relación entre el Poder Judicial y los registros públicos de la ciudadanía, las entidades, sociedades y empresas de Nicaragua.


Además, los numerales 5 y 6 del Artículo 165 también fueron modificados. Estos otorgaban al CNACJ la autoridad para nombrar a Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como para conocer y resolver denuncias por faltas disciplinarias leves, graves y muy graves, imponiendo las sanciones correspondientes. Con la reforma, estas atribuciones se han eliminado, dejando al Consejo únicamente con la capacidad de nombrar y sancionar a médicos forenses y secretarios de actuaciones, en un movimiento que desvincula por completo a los Registros Públicos de la administración de justicia, colocándolos bajo el control de la PGR.


Según la Exposición de los Motivos presentada para respaldar la reforma en el Poder Legislativo, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se argumentó que los Registros Públicos en Nicaragua ya cuentan con normas propias para su funcionamiento, incluyendo autonomía administrativa, funcional y financiera. Se justificó que estos cambios buscan dar continuidad al proceso de fortalecimiento, optimización, mejora y agilización de los servicios proporcionados por los Registros Públicos a nivel nacional, así como fomentar la inversión pública y privada en el país centroamericano. Sin embargo, estas justificaciones son cuestionadas por críticos consultados por la Redacción de COYUNTURA bajo la condición de anonimato, quienes ven en esta reforma un intento de concentrar aún más el poder, y controlar con ello más información estratégica.


La creación de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE) para la PGR también ha sido justificada como un medio para agilizar y optimizar la administración de los Registros Públicos. No obstante, detrás de estos argumentos aparentemente técnicos, se esconde una transformación significativa en la estructura de poder en Nicaragua, y por ende en su sistema de justicia y control mercantil.


Contexto de cacería política


Es crucial entender estos cambios en el contexto de una intensa cacería política dentro de la CSJ. Según informes de medios independientes como La Prensa, Despacho 505, Nicaragua Investiga y Nicaragua Actual, decenas de trabajadores del Poder Judicial, incluyendo a la presidenta de la institución, Alba Luz Ramos, han sido investigados, detenidos y removidos de sus cargos, sumándose a una lista de funcionarios defenestrados durante el último año. Ramos, quien se ha destacado por su lealtad al régimen de Ortega-Murillo durante décadas, fue desalojada de su oficina y llevada a su casa por agentes oficiales el martes 24 de octubre.


Desde entonces, ni ella ni sus familiares se han presentado a trabajar en las instituciones judiciales. La situación se ha vuelto aún más tensa con la supuesta detención de la magistrada orteguista Yadira Centeno y su hija, Carla Lucía Flores Centeno, en circunstancias poco claras.


Además de las detenciones, el régimen de Daniel Ortega también ha destituido a funcionarios de alto rango informático, técnico y estructural en la CSJ, lo que ha contribuido a una atmósfera de incertidumbre y temor dentro de las instalaciones del Poder Judicial y otras instituciones estatales.


Historia de los Registros Públicos en Nicaragua


Para entender completamente la importancia de esta reforma, es necesario conocer la historia de los Registros Públicos en Nicaragua. Este sistema existe en el país desde el año 1904, según documentación revisada por el equipo de este medio, y, por mandato legal, han sido una dependencia del Poder Judicial, con facultades de organismo supervisor y de control administrativo, incluyendo la responsabilidad de nombrar y destituir a los Registradores Públicos.


No es la primera vez que estos registros han sido transferidos de la Corte Suprema de Justicia a otra institución, habiéndose producido un cambio similar en 1980, bajo un decreto de ley de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, cuando los Registros Públicos pasaron a depender del Ministerio de Justicia, entonces en manos del Poder Ejecutivo. Posteriormente, en 1988, los registros estuvieron bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas.


Sin embargo, en 1990, los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil recuperaron su estado original de dependencia orgánica y administrativa dentro del Poder Judicial. La reforma constitucional de este octubre de 2023, una vez más, despoja a la CSJ de esta jurisdicción.


Esta reforma comienza una nueva ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional contra la administración orteguista. Muchos consideran que se trata de un intento flagrante de consolidar el poder en manos del régimen de Ortega-Murillo y controlar información crucial relacionada con la propiedad y los negocios en el país. En ese sentido, organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de Nicaragua, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han expresado su preocupación por la erosión de la independencia del Poder Judicial y la concentración del poder en manos del Ejecutivo desde el año 2007.



La comunidad internacional también ha condenado estas acciones y ha llamado a restablecer la independencia de la CSJ y del sistema de justicia y control en Nicaragua.


La reforma constitucional de hoy, propuesta según la documentación oficial por la diputada sandinista Loria Raquel Dixon Brautigam el lunes 30 de octubre, despojó al Poder Judicial de Nicaragua de su poder de control sobre los Registros Públicos de Propiedad Inmueble y Mercantil, y la posterior creación de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros a la PGR, "da más margen de control sobre bienes y vidas judiciales" al oficialismo y al sistema operativo de Ortega y Murillo. Más allá de los argumentos técnicos utilizados para justificar estos cambios, está claro que se trata de un movimiento que fortalece el control del régimen sobre una parte fundamental de la infraestructura legal y administrativa de Nicaragua. La situación política y legal sigue siendo un tema de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, y esta reforma es solo un ejemplo más de los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de democracia y respeto a los derechos humanos y ciudadanos.


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