Más conflicto entre Panamá y Nicaragua por traslado de expresidente Ricardo Martinelli: ¿emboscada diplomática o disputa política?
- Redacción Central
- 1 abr
- 5 Min. de lectura
A pesar de los esfuerzos de Nicaragua por resolver la situación, el plazo para el vencimiento del salvoconducto se acerca, y con ello, la posibilidad de que Martinelli, atrapado entre dos naciones con intereses contrapuestos, se quede en un limbo diplomático. Las tensiones que este caso ha generado podrían tener repercusiones más amplias en las relaciones entre los países de la región.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Panamá, Panamá
El conflicto diplomático entre Panamá y Nicaragua alcanzó un nuevo nivel de tensión este lunes, 31 de marzo de 2025, cuando el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo bloqueó la llegada del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Managua, en medio de un escenario ambiguo que involucra cuestiones legales y diplomáticas de alto calibre.
Martinelli, quien permanece asilado en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá desde febrero de 2024, había recibido un salvoconducto por parte del gobierno panameño el jueves 27 de marzo de 2025, permitiéndole viajar a Nicaragua como refugiado político. Sin embargo, en un giro inesperado, apenas unas horas antes de su salida, la Policía de Panamá reveló que, a petición de una jueza panameña, se había solicitado una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en su contra, lo que complicó la situación.
La administración nicaragüense reaccionó inmediatamente. Rosario Murillo, vocera oficialista, denunció lo que consideró una "emboscada" por parte de las autoridades panameñas, que habrían otorgado el salvoconducto a Martinelli, pero simultáneamente emiten una alerta internacional contra él. En su intervención, Murillo dejó claro que Nicaragua no aceptaría la llegada del expresidente hasta que Panamá resolviera esta "incongruencia", afirmando que tal actitud parecía una "trampa legal" destinada a generar un conflicto internacional innecesario.
El dilema legal radica en el hecho de que, bajo las convenciones internacionales, los asilados políticos, como es el caso de Martinelli, no deben ser sujetos a alertas rojas de la INTERPOL. Panamá, sin embargo, había procedido con la solicitud de alerta, lo que llevó a la dictadura nicaragüense a cuestionar las intenciones de su vecino centroamericano.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo enfatizó que este tipo de acciones violan los derechos de los asilados y desatienden los principios de la diplomacia internacional. La nota, emitida ayer, también expresó la preocupación de que el gobierno panameño estuviera intentando generar un "conflicto" con Nicaragua, algo que "no es de interés" para este último, milagrosamente.
Martinelli, por su parte, se mostró optimista y confiado en las horas previas a su casi salida. En sus redes sociales, publicó varios mensajes en los que se burlaba de la situación, mostrando su disposición para viajar con su perro Bruno, e incluso compartió una foto de su mascota vestido con un esmoquin, como si celebrara su inminente exilio. Sin embargo, su tono cambió cuando la noticia de la alerta roja y la posición de Nicaragua se hicieron públicas.
La controversia no es nueva. Desde su mandato como presidente de Panamá (2009-2014), Martinelli ha sido una figura polarizadora, tanto a nivel nacional como internacional. Tras dejar la Presidencia, fue acusado de corrupción, y en 2023 fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero. La decisión de Panamá de concederle el salvoconducto fue vista como un intento de garantizar su seguridad personal y, posiblemente, una forma de atenuar la presión internacional sobre su figura.
No obstante, el trasfondo político del caso es igualmente complejo. El sandinismo, conocido por sus vínculos con varios expresidentes acusados de corrupción, ha ofrecido asilo a figuras de dudosa reputación en la región, incluidos exmandatarios de El Salvador y antiguos funcionarios hondureños. Este patrón ha sido criticado por actores opositores al régimen, quienes ven en Nicaragua un refugio para aquellos que buscan evitar la justicia, mientras el país continúa enfrentando sanciones internacionales por su falta de respeto a los derechos humanos y la democracia.
El actual presidente panameño, José Raúl Mulino, por su parte, ha sido un crítico del régimen nicaragüense. Desde su llegada al poder, ha defendido el fortalecimiento de la democracia en la región, pero también ha recibido duras críticas por su postura frente a Nicaragua y por la relación con el expresidente Martinelli. Según las autoridades de Managua, Mulino ha tomado una serie de decisiones diplomáticas que han complicado la relación bilateral, especialmente en lo que respecta al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde Nicaragua ha buscado ocupar el cargo de Secretario General desde mediados del año 2024.
El expresidente Martinelli, por su parte, se ha mantenido activo en la política regional desde su salida del poder. En los últimos años, ha sido una figura polémica, involucrada en múltiples escándalos de corrupción que han salpicado tanto a su familia como a su círculo cercano. En 2015, fue extraditado a Panamá por cargos de espionaje político, y aunque fue absuelto en 2021, la sombra de sus problemas legales nunca ha desaparecido.
El conflicto actual es un reflejo de la compleja dinámica política de Centroamérica, donde las relaciones diplomáticas a menudo están marcadas por rivalidades, intereses no nacionales y alianzas internacionales que trascienden las fronteras. En este contexto, Nicaragua y Panamá se han visto atrapados en una situación que podría tener repercusiones más allá de la figura de Martinelli, afectando las relaciones entre ambos países y, por extensión, la estabilidad de la región.
La decisión de Ortega y Murillo de no recibir a Martinelli hasta que se resuelvan las discrepancias legales no solo pone en duda el futuro del exmandatario panameño, sino que también destaca las tensiones políticas que siguen dividiendo a Centroamérica, cuando el salvoconducto de Ricardo está a punto de vencerse. Mientras tanto, Martinelli, que ya se había preparado para su salida, se ve atrapado entre las pugnas de dos administraciones, cada uno con sus propios intereses y prioridades, pero ambas con poco interés por su nuevo hogar. Lo que parecía ser un simple traslado de un asilado político, se ha convertido en una complicada crisis diplomática que sigue de cerca los pasos de las autoridades de Panamá y Nicaragua.
En este escenario, la situación de Ricardo Martinelli se extiende más allá de su propio destino personal, convirtiéndose en un reflejo de las tensiones geopolíticas y diplomáticas que aún aquejan a Centroamérica. La incertidumbre que rodea su futuro dependerá, en gran medida, de cómo se resuelvan las diferencias entre Panamá y Nicaragua, un conflicto cuyas repercusiones podrían extenderse por mucho más tiempo del esperado.
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