Daniel Ortega retoma el ataque frontal contra Donald Trump y convierte el "Día de la Paz" en tribuna contra Washington
- 21 abr
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Previo a una intervención nocturna del dictador sandinista, la comandataria Rosario Murillo reforzó el tono ideológico del acto. Su discurso combinó referencias religiosas con descalificaciones hacia opositores y exiliados, a quienes acusó de traición y de haber "perdido todo" tras abandonar el país centroamericano. Murillo insistió en la idea de una Nicaragua en "paz y unidad", mientras deslegitimaba a quienes cuestionan al régimen familiar. Su intervención contribuyó a consolidar el carácter simbólico del evento, en el que la narrativa oficial busca redefinir el significado de las manifestaciones y la represión de abril de 2018.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Después de más de 50 días fuera de la escena pública, Daniel Ortega reapareció la noche del lunes 20 de abril de 2026 en Managua con un discurso de marcado tono confrontativo contra Estados Unidos y, en particular, contra Donald Trump. El acto, organizado por el oficialismo para conmemorar el mal llamado "Día de la Paz", terminó convertido en una plataforma de denuncia, descalificación y reivindicación política del relato sandinista sobre la crisis de 2018 y sobre la relación histórica entre Nicaragua y Washington. Rodeado por jóvenes de la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS) y por altos funcionarios del Estado, Ortega endureció el lenguaje que había mantenido en semanas anteriores y atacó directamente al presidente estadounidense con expresiones como "desquiciado mental" y "no está en sus cinco sentidos". En su intervención, aseguró que un mandatario que no está en condiciones de gobernar "va a acabar con su pueblo" y "está acabando con la paz en el mundo", en una frase que concentró el tono del discurso y marcó un giro respecto a la prudencia relativa que la pseudo-monarquía sandinista había intentado conservar frente a la nueva administración republicana.
El mensaje de Ortega no fue aislado ni improvisado. Formó parte de una puesta en escena cuidadosamente construida para conmemorar una fecha que el oficialismo ha querido resignificar: en lugar de recordar el inicio de las protestas masivas de abril de 2018, la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) las presenta como una etapa superada tras la supuesta "recuperación de la paz". Bajo ese marco, Ortega insistió en que Nicaragua atravesó "momentos de terror" de los que, según él, el pueblo sacó una sola conclusión: que "no había más camino que la paz". La frase omitió cualquier referencia a la represión armada, al despliegue de un Estado policial de facto, a la persecución posterior y a los 355 asesinatos documentados durante las protestas.
En el acto también tomó la palabra Rosario Murillo, quien abrió con una narración cargada de retórica religiosa y política. Aseguró que "Nicaragua triunfa en paz y unidad" y que desde la plaza se honraba a los mártires y héroes, mientras reiteraba la promesa oficial de combatir la pobreza. Sin embargo, pronto volvió al tono acusatorio que caracteriza su discurso contra opositores y exiliados. En una alocución enrevesada, describió a quienes abandonaron por seguridad el país centroamericano o se enfrentaron al poder como personas que "vendieron sangre santa por nada", invocando imágenes de ruina moral y derrota irreversible. En su relato, los desterrados no representan víctimas de persecución, sino actores que, según ella, "ya no pueden ganar y no les queda nada de nada".
La arremetida de Ortega contra Trump estuvo vinculada de forma explícita con la política de sanciones impuesta por Washington. En días recientes, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciaron nuevas medidas contra figuras cercanas al FSLN, entre ellas dos de los hijos de Ortega y Murillo, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, además del viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa. Las sanciones también alcanzaron a estructuras empresariales vinculadas al negocio del oro y a compañías mineras señaladas por operar en beneficio de la familia gobernante. Según la propia administración estadounidense, esos funcionarios y redes económicas estarían implicados en graves violaciones de derechos humanos y en el sostenimiento del aparato represivo del régimen.
Desde la tarima instalada en la capitalina Avenida Bolívar, Ortega reaccionó cuestionando la autoridad moral de Estados Unidos para sancionar a Nicaragua. "Ya no hallan a quién sancionar", dijo en distintos momentos de su intervención, aludiendo a la amplitud de las medidas adoptadas por Washington, Canadá y varios países europeos contra funcionarios, allegados y empresas del círculo gobernante. A su juicio, las sanciones "atentan contra la vida de los ciudadanos, la soberanía de los pueblos y las leyes internacionales", argumento que repitió para defender no solo a Nicaragua, sino también a Cuba, Venezuela e Irán, tres regímenes con los que el sandinismo mantiene afinidades políticas y discursivas.
La referencia a esos países no fue casual. Daniel Ortega los colocó dentro de una misma narrativa de resistencia frente a la presión estadounidense y denunció la política exterior de Washington como una maquinaria de guerra, sanciones y desestabilización. Habló de los bombardeos, del gasto militar, del envío de tropas y de la ofensiva contra Irán, a la que atribuyó la muerte de mujeres y niños. También repitió su condena al bloqueo contra Cuba y reclamó que se ponga fin a las medidas restrictivas contra Caracas. En ese marco, presentó a Trump como un líder empeñado en imponer conflictos y como un gobernante ajeno a toda racionalidad política.
El golpe más duro, sin embargo, lo reservó para el plano personal. Ortega retomó una vieja estrategia retórica que mezcla el ataque ideológico con la descalificación directa del adversario. Habló de "desquiciamiento mental", de pérdida de juicio y de incapacidad para gobernar. Según él, un presidente de una potencia como Estados Unidos que “no está en sus cinco sentidos” no solo pone en riesgo a su propio pueblo, sino a la estabilidad global. En el mismo pasaje acusó al mandatario estadounidense de "acabar con la paz del mundo" y de actuar como alguien que cree tener derecho a "cualquier barbaridad". La escalada verbal no se limitó al presente. Ortega recurrió otra vez al repertorio histórico que ha acompañado durante décadas al sandinismo: Sandino, William Walker, la intervención estadounidense en Nicaragua, la guerra de la Contra y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sobre este último punto, recordó que Estados Unidos fue condenado por actos de terrorismo y por los daños causados a Nicaragua durante los años ochenta, y sostuvo que esa sentencia mantiene viva una deuda económica "activa", que según su versión asciende a miles de millones de dólares. Su mensaje fue directo y reiterado. "Pagá, pagá, pagá", una fórmula que buscó reducir la relación bilateral a una deuda histórica pendiente y no a una disputa contemporánea sobre derechos humanos y autoritarismo.
El recurso a La Haya no es nuevo. Forma parte del relato con el que Ortega y Murillo intentan convertir a Nicaragua en víctima permanente de una potencia extranjera, desplazando del centro del debate la represión interna, la persecución contra la disidencia y el cierre del espacio cívico. En esa lógica, la sanción internacional aparece como una agresión externa injustificada y no como respuesta a un deterioro institucional documentado por organismos regionales e internacionales desde 2018. La conmemoración de abril, presentada por el Frente Sandinista como "Día de la Paz", funciona entonces como un dispositivo simbólico para borrar el origen de la crisis y sustituirlo por una narrativa de reconciliación bajo control estatal.
La lectura política, social e institucional del acto de ayer quedó reforzada por la composición del público y de la primera línea de funcionarios presentes. Entre los asistentes estuvieron Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Legislativa; María Amelia Coronel, ministra del Interior; el jefe del Ejército, Julio César Avilés; los jefes policiales Francisco Díaz y Victoriano Ruiz; y Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), entre otros altos cargos. La imagen no solo mostró respaldo institucional, sino también la convergencia de los principales pilares del poder sandinista alrededor de un discurso que combinó propaganda, adversarios externos y control del relato interno.
Murillo, por su parte, reforzó la puesta en escena con una retórica que presenta al oficialismo como garante de una paz espiritual y nacional, mientras atribuye a los opositores la culpa de la crisis. En su intervención insistió en que la historia ya cerró para quienes abandonaron el país o se enfrentaron a la dictadura, y recurrió a símbolos religiosos y a metáforas sobre el tiempo, la memoria y la traición. Su mensaje buscó resignificar la fecha, convertir el trauma de 2018 en una victoria del gobierno y sepultar la memoria de las movilizaciones ciudadanas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron respondidas con una violencia estatal que dejó más de 350 muertos, miles de presos y una ola de exilio que supera ya al millón de personas.
En paralelo al acto oficialista, exiliados nicaragüenses organizaron actividades en diferentes ciudades del mundo para mantener vivo el reclamo de democracia y justicia. Esa coincidencia resume el choque central alrededor del aniversario: mientras el régimen intenta fijar la memoria pública en la idea de "paz recuperada", la oposición y las víctimas siguen señalando abril de 2018 como el inicio de una represión que no ha terminado. En ese contexto, la reaparición de Ortega no solo fue un regreso a la escena pública, sino también una reafirmación de su estrategia más conocida: confrontar a Estados Unidos, reescribir el pasado reciente y blindar al régimen bajo una narrativa de resistencia que evita cualquier responsabilidad por los crímenes atribuidos al poder sandinista.
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