Donald Trump reimpone y amplía prohibiciones migratorias con nuevo veto a 19 países y castigo directo a Harvard
- Jairo Videa
- 6 jun
- 5 Min. de lectura
Uno de los puntos más controversiales de esta nueva orden ejecutiva es la inclusión de Haití entre los países vetados, particularmente tras las declaraciones del mandatario y su vicepresidente James Vance durante la campaña de 2024. Ambos promovieron falsedades como que inmigrantes haitianos estaban "devorando mascotas" en Ohio, una afirmación ampliamente desacreditada.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
En una nueva proclamación presidencial emitida la noche del miércoles 04 de junio de 2025, Donald Trump restableció y amplió significativamente una de las políticas migratorias más controvertidas de su primer mandato: la prohibición de entrada a ciudadanos de determinados países, con el argumento de salvaguardar la seguridad nacional. La nueva medida, más agresiva y abarcadora que la versión de 2017, veta completamente la entrada de nacionales de 12 países y restringe parcialmente a los de otros siete.
Además, la administración estadounidense impuso una prohibición insólita: niega visados a estudiantes internacionales que aspiren a cursar estudios en la Universidad de Harvard.
La orden ejecutiva afecta de forma total a ciudadanos de Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, impone restricciones parciales a personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La proclamación retoma el argumento central que Trump utilizó en 2017 para implementar el llamado "muslim ban": la supuesta incapacidad de ciertos Estados para cooperar eficazmente en los procedimientos de verificación y antecedentes migratorios requeridos por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). Aquella orden desató protestas masivas en aeropuertos y fue cuestionada ampliamente por su sesgo racial y religioso, aunque finalmente fue refrendada por la Corte Suprema.
En esta nueva versión, Trump sostiene que estos países representan "un riesgo significativo para la seguridad nacional" por no ofrecer garantías suficientes en sus sistemas de documentación y control migratorio. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de identificar a los Estados con "deficiencias críticas" en sus procesos, tras una evaluación interinstitucional.
No obstante, las motivaciones parecen ir más allá de simples criterios técnicos. En el caso de Haití, por ejemplo, la exclusión total coincide con las declaraciones xenófobas realizadas por el propio Trump y su compañero de fórmula, el ahora vicepresidente James David Vance, durante la campaña presidencial de 2024. Ambos difundieron falsedades sobre supuestos inmigrantes haitianos "devorando mascotas" en Ohio, a pesar de que los haitianos aludidos eran residentes legales bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), vigente desde desastres y crisis políticas en su país de origen.
Entre las exclusiones más polémicas se encuentra la de Afganistán, cuyo veto ocurre en paralelo a la revocación del TPS anunciada el mes pasado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La funcionaria declaró que "Afganistán ha mejorado su situación de seguridad", pese a que el país sigue bajo control del régimen talibán desde la retirada de tropas estadounidenses, ordenada bajo un acuerdo negociado por el mismo Trump durante su primer periodo presidencial.
Miles de afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses como intérpretes o trabajadores civiles están ahora en el limbo legal, enfrentando el doble golpe de la pérdida de protección y la imposibilidad de ingresar a suelo estadounidense, a pesar de su historial de cooperación con Washington.
En el caso de Cuba, la proclamación se ampara en su designación como "Estado patrocinador del terrorismo" y la supuesta falta de cooperación con autoridades migratorias. Las y los ciudadanos cubanos ya no podrán ingresar a EE.UU. con los visados de turista (B-1/B-2) ni con los de estudio o intercambio (F, M, J). Los datos presentados indican que Cuba tuvo una tasa del 18,75 % de estancias prolongadas con estos visados.
Venezuela, por su parte, enfrenta una suspensión similar, basada en el argumento de que su administración estatal, a cargo del régimen chavista de Nicolás Maduro, no emite documentación confiable y no colabora en la repatriación de nacionales con órdenes de deportación. Las medidas afectan a quienes desean entrar como turistas, estudiantes o en programas de intercambio cultural, impactando directamente a la diáspora venezolana y a quienes buscan formación académica en Estados Unidos.
En un movimiento sin precedentes, Trump también firmó otra proclamación que prohíbe específicamente la emisión de visados a extranjeros que buscan ingresar al país para estudiar en la Universidad de Harvard o participar en programas de intercambio organizados por dicha institución. La orden se ampara en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, bajo la cual el presidente puede restringir la entrada de cualquier grupo de extranjeros si considera que su presencia es "perjudicial para los intereses de EE.UU.".
Esta decisión marca un nuevo capítulo en la confrontación entre Trump y las élites académicas, en particular con Harvard, que ha sido blanco frecuente de su retórica. La universidad, una de las más prestigiosas del mundo, aloja a miles de estudiantes internacionales cada año y es un centro neurálgico de pensamiento crítico sobre las políticas del actual mandatario para el mundo.
No obstante, la jueza federal Allison Burroughs, conocida por fallar previamente a favor de Harvard en estas disputas con el gobierno de Donald Trump, ordenó este jueves 05 de junio de 2025 la suspensión de la medida presidencial que pretendía revocar los visados de estudiantes y docentes extranjeros vinculados a la universidad. La decisión llega un día después de que Trump emitiera la proclamación, la cual fue impugnada de inmediato por Harvard ante el tribunal de Burroughs en Boston, argumentando que se trataba de una represalia inconstitucional contra la institución, "denigrante" y "discriminatoria" contra la comunidad estudiantil.
En ese sentido, la reactivación y ampliación del veto migratorio parece consolidar el eje de la campaña de Trump en torno al nacionalismo extremo y la exclusión como política de Estado. Con estas medidas, la administración refuerza un discurso que criminaliza la inmigración, restringe la movilidad global y desmantela los canales legales que históricamente han permitido la llegada de refugiados, estudiantes y trabajadores de gran valor para Estados Unidos, su economía en sí y el puesto cultural que ocupa dicha nación en el mundo.
En palabras de Trump: "los extranjeros admitidos en Estados Unidos deben compartir nuestros valores y no representar amenazas a nuestras instituciones". También deben tener, al parecer, mucho dinero. Una premisa que, en la práctica, se traduce en exclusión masiva, generalizaciones infundadas y una arquitectura migratoria cada vez más cerrada, con consecuencias humanitarias, sociales y diplomáticas que apenas comienzan a perfilarse.
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