El "brazo largo" de Ortega y Murillo: cómo el expediente sobre el asesinato de Roberto Samcam apunta a una red de inteligencia transnacional
- Redacción Central
- 27 oct
- 8 Min. de lectura
El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, reconoció públicamente que no descartan un móvil político detrás del asesinato del exmilitar y disidente sandinista. "Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense", declaró, subrayando que el Ministerio Público (MP) buscará identificar a los autores intelectuales. El caso coincide con el informe presentado el martes 23 de septiembre de 2025 en Ginebra por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que documenta la "vigilancia transnacional" ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra exiliados de todos los sectores. Según el reporte, esta red combina al Ejército, la Policía, el servicio exterior y agentes no estatales, con el objetivo de hostigar y neutralizar a opositores fuera del país centroamericano.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La filtración del expediente 87-SH/RCI-2025 sobre el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam Ruíz, perpetrado el jueves 19 de junio de 2025 en su casa en Moravia (San José, Costa Rica), ha puesto en el centro de la escena una hipótesis que hasta ahora solo se manejaba en círculos de exilio y diplomáticos: la posible participación o coordinación de aparatos de inteligencia vinculados al Estado nicaragüense en un homicidio cometido fuera de sus fronteras. Del documento, y de las piezas probatorias que lo acompañan, emergen dos nombres que concentran la atención: Pablo Antonio Robles Murillo —señalado como el presunto "cerebro"— y Danilo José Chaves Medina, descrito por la Fiscalía costarricense como el intermediario que contactó a los sicarios.
El archivo judicial puesto en manos de medios costarricenses y revisado por COYUNTURA contiene declaraciones de un denunciante anónimo que vincula a Robles Murillo con la dirección de la operación. Según esa fuente, Robles no solo habría coordinado la logística con actores locales, sino que mantuvo "reuniones con la plana mayor del Ejército de Nicaragua" antes del homicidio. El legajo incluye además datos de geolocalización, registros migratorios, fotografías reproducidas en prensa —entre ellas una en la que presumiblemente aparece Robles junto al general Julio César Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)— y una memoria de viajes que, según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) costarricense, revela 59 entradas y salidas entre Nicaragua y Costa Rica en el periodo 2005-febrero 2025.
A pesar de lo sensible del material, el fiscal general de Costa Rica ha advertido que la causa sigue abierta y que, por el momento, Robles Murillo figura en el expediente como una persona señalada por informaciones confidenciales, pero no ha sido formalmente imputado en Costa Rica. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha dicho que hay más personas por detener y la Fiscalía no descarta un "móvil político". Es decir: la hipótesis de una orden que provenga de estructuras estatales nicaragüenses está activa, pero aún depende de pruebas que la acrediten en sede judicial.
Pablo Robles Murillo
El expediente lo identifica como Pablo Antonio Robles Murillo, nicaragüense con nacionalidad costarricense —y, según fuentes citadas en la prensa local, con antecedentes como combatiente del Batallón de Lucha Irregular (BLI) "Sócrates Sandino" durante la década de 1980—. Testimonios incluidos en la investigación recuerdan que Robles participó en combates y que sobrevivió a emboscadas en la región de Mulukukú; miembros de ese entorno lo ubican más tarde recibiendo entrenamiento en Cuba y Rusia en labores de inteligencia y, según el legajo, en operaciones de sabotaje y atentados (fechas no precisadas). El expediente añade que posee un terreno de 282 m² en Upala, Alajuela, comprado e inscrito el martes 20 de mayo de 2025, cercano a la frontera con Nicaragua, exactamente 30 días antes del asesinato de Samcam Ruiz.
Medios que reprodujeron el legajo y contactaron a su entorno lograron ubicar a una familiar —identificada como "Sara", su cuñada— que confirmó telefónicamente que Robles "está en Nicaragua" y que, según registros migratorios, el sospechoso ingresó a ese país el martes 10 de junio de 2025 (nueve días antes del asesinato) y habría regresado a Costa Rica el miércoles 23 de julio de este año; posteriormente volvió a salir hacia Nicaragua el jueves 07 de agosto y no registró retorno oficial por los puestos fronterizos hasta el cierre de este texto, según la DGME. Esos movimientos son relevantes para la investigación por su cercanía temporal con el homicidio y porque coinciden con la hipótesis de una coordinación transnacional.
"Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio", afirmó el fiscal general costarricense Carlo Díaz Sánchez, durante los operativos del viernes 12 de septiembre de 2025, cuando se detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con el asesinato del exmilitar y opositor nicaragüense.
La reconstrucción del crimen: pasos, vehículos y personas
La investigación del Organismo de Investigación Judicial reconstruyó minuciosamente la cadena de hechos que culminó con la muerte de Samcam. En base a videos de cámaras, registros de radiobases y rastros telefónicos, los agentes concluyeron que:
El miércoles 18 de junio de 2025 —un día antes del asesinato— los presuntos implicados se reunieron en la gasolinera Delta, a la entrada de la ciudadela León XIII (Tibás), para verificar vehículos, armas y coordinar la operación.
El día del crimen (jueves 19 de junio de 2025), una motocicleta roja y un Renault Duster blanco realizaron tareas de vigilancia alrededor de la vivienda de Samcam; poco antes de las 07:45 a.m., un sujeto descendió del Renault y disparó al menos ocho veces contra la víctima, tras ingresar al condominio con facilidad ante la supuesta reparación del portón principal. Minutos después los vehículos huyeron; un Hyundai color celeste —con una puerta delantera distinta— funcionó como vehículo de recolección y escape, aunque en primer lugar se creyó que huyeron en una motocicleta.
Chacón Guillén, mujer de 30 años, pareja sentimental de uno de los principales organizadores, arrestada en vía pública.
Chaves Medina, hombre de 35 años, considerado intermediario entre los autores materiales y los posibles autores intelectuales, detenido el jueves en Cañas, Guanacaste.
Cordero Robles, de 23 años, aprehendido en la ciudadela León XIII, en San José.
Castro Pérez, de 33 años, detenido en una vía pública.
El quinto señalado es Carvajal, de 20 años, a quien el OIJ identifica como el gatillero que ingresó al condominio de Samcam y le disparó en repetidas ocasiones desde la puerta de su vivienda. Su detención es ahora prioridad para las autoridades.
En el expediente constan de videos —múltiples cámaras habrían registrado a los sospechosos— y fotografías que sirvieron para identificar a los participantes y la secuencia, incluso el contexto transnacional. El material periodístico también apunta a inconsistencias en los perfiles registrales de algunos vehículos —por ejemplo, el Renault a nombre de un ciudadano cuyo patrimonio no justificaría ciertos bienes—, lo que abre la sospecha de identidades utilizadas para el registro de automotores.
¿Inteligencia estatal o bandas locales? Las fuentes y sus límites
El punto más explosivo del expediente es la referencia a la posible implicación de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) de Nicaragua y del G2 cubano en la planificación. Esa acusación proviene de un informante que no quiso figurar en el proceso por temor a represalias, y que, según el documento, declaró contactos entre Robles Murillo y estructuras de inteligencia nicaragüense, además de presuntas reuniones con la "plana mayor" del Ejército nicaragüense. La presencia en el legajo de registros migratorios, fotografías y vínculos locales refuerza la hipótesis, pero la Fiscalía insiste en que esas versiones deben ser corroboradas en el proceso penal.
Es clave registrar que, aunque varios medios dieron por cierta la tesis de coordinación estatal, el expediente refleja —y los fiscales lo han repetido en público— un escenario probatorio todavía en construcción: afirmaciones condicionadas ("según informantes", "apunta a", "posible coordinación") que, hasta presentar pruebas en juicio, permanecen como hipótesis investigativas. Así lo subrayó la Fiscalía al comunicar que no se conformarán con detener a los ejecutores materiales y que procurarán identificar a quienes ordenaron el homicidio.
La investigación de Costa Rica coincide con alertas internacionales sobre la persecución de opositores nicaragüenses en el exterior. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó el mes pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe que documenta patrones de "vigilancia transnacional" por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo: una red de inteligencia "multicapas" compuesta por Ejército, Policía, servicio exterior y agentes no estatales, utilizada para acosar, desacreditar, amedrentar y castigar a disidentes, exfuncionarios, defensores, periodistas y otros, más allá de las propias fronteras. El asesinato de Samcam —uno de al menos ocho ataques y asesinatos violentos contra exiliados documentados en años recientes en Honduras y Nicaragua, según registros de este medio— se enmarca en esa preocupante secuencia.
La hipótesis de una "represión que traspasa fronteras" no es solo retórica diplomática o ideológica: si se demuestra la conexión entre actores estatales y el homicidio en Costa Rica, se estaría frente a un nuevo caso de utilización del aparato de seguridad de un Estado para eliminar a un opositor en territorio extranjero, con implicaciones jurídicas, de seguridad, sociales y políticas directas entre gobiernos. Costa Rica, Estado receptor de más de 400,000 exiliados nicaragüenses, enfrenta así un desafío de seguridad y de política exterior con fuerte componente de derechos humanos.
Qué falta por acreditarse y por qué importa
La pieza central que puede convertir hipótesis en imputaciones es la trazabilidad entre quienes dieron la orden y quienes la ejecutaron. Hasta ahora, los elementos aportados por el expediente —registros migratorios, fotografías, comunicaciones, y la declaración anónima— configuran una red de indicios. Para transformarlos en prueba judicial será necesario, según expertos consultados: (1) documentación que pruebe enlace directo y concreto entre mandantes y ejecutores; (2) rastros financieros que demuestren pagos o transferencias; (3) peritajes técnicos sobre llamadas y geolocalizaciones que no dejen márgenes razonables de error; y (4) testimonios en sede judicial que acepten identificarse o que puedan ser protegidos.
La consolidación de ese "corpus probatorium" no solo determinará responsabilidades penales, sino que también condicionará respuestas internacionales: pedidos de información, solicitudes de cooperación judicial, y potenciales impactos en relaciones bilaterales y en la posición de Nicaragua frente a organismos multilaterales.
El expediente sobre el asesinato de Roberto Samcam ha desempolvado pistas que conectan actores locales con figuras que, según la investigación preliminar, tienen historia en aparatos de inteligencia nicaragüenses. La presencia en el dossier de un señalado como Pablo Robles Murillo —con viajes frecuentes, un terreno fronterizo, vinculación histórica con el sandinismo y supuestos entrenamientos en el exterior— amplifica la gravedad de la sospecha: no se trataría solo de un homicidio común, sino de un posible acto con tinta política y trazo transnacional. Sin embargo, la diferencia entre sospecha y condena la marcarán los mecanismos judiciales: la investigación penal deberá ensamblar pruebas incontrovertibles que demuestren líneas de mando, financiamiento y responsabilidad.
Hasta entonces, el caso seguirá siendo tanto una investigación criminal como un termómetro de la tensión entre la protección de exiliados y las capacidades de inteligencia que organizaciones e incluso Estados despliegan más allá de sus límites territoriales. Terrible. Escalofriante. Porque están llegando siempre más allá.
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