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El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández desatará un tsunami político en Honduras

El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández Alvarado, se enfrenta a un juicio en los Estados Unidos de América (EE.UU.) por cargos de tráfico de drogas y armas que podrían desencadenar un reajuste político en Honduras. Con analistas pronosticando su culpabilidad, se prevé que el proceso judicial tenga consecuencias devastadoras para el Partido Nacional (PNH), al que Hernández lideró durante una década. La sombra del expresidente se cierne sobre la dirigencia del partido, y los posibles vínculos con figuras de otras entidades partidarias, con sectores de la sociedad generando especulaciones sobre un posible remezón en la política hondureña. Además, la situación financiera precaria de Hernández para su defensa agrega un elemento de incertidumbre a medida que el juicio se aproxima.


Por Rubén Escobar | @DiarioEnAltaVoz

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Jueves 21 de abril de 2022, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández | Fotografía de EFE por Gustavo Amador
Jueves 21 de abril de 2022, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández | Fotografía de EFE por Gustavo Amador

La mayoría de los analistas consultados dan por hecho que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, de 55 años de edad, será declarado culpable en el juicio que está previsto inicie el sábado 05 de febrero de 2024, y que dicho proceso provocará un tsunami político que involucrará a nuevos nombres en actividades de narcotráfico, y que podría significar el acabose del Partido Nacional de Honduras (PNH), a menos que haya un remezón que termine con las estructuras del expresidente dentro de esa organización política.


Según esta información de la embajada estadounidense, desde al menos el 2004 y hasta 2022, Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos de América (EE.UU.). Además, habría recibido millones de dólares para usar su cargo, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.


Son tres los delitos que le imputan al expresidente (2014-2018 y 2018-2022): conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos; usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína; y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína.


La orden de extradición contra Hernández Alvarado llegó a Honduras el 14 de febrero de 2022, 18 días después de abandonar la Presidencia. Fue detenido al día siguiente, enchachado de pies y manos, en las afueras de su casa en Tegucigalpa. El 16 de marzo, un juez concedió la petición, que fue apelada por la defensa, pero el Tribunal la ratificó el 28 de ese mismo mes. Finalmente fue extraditado a EE.UU. el 21 de abril de 2022.


El Partido Nacional, renovarse o morir


Para el abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, el impacto inmediato tras el juicio lo recibirá el Partido Nacional, porque en los últimos diez años Hernández fue el líder absoluto de esa entidad y por tanto todos los puestos de dirigencia y los cargos de elección popular están ocupados en su mayoría por personas afines a él.


Señaló que el exmandatario tiene "una condena casi segura en EE.UU." y esto "va a generar un debilitamiento y un desprestigio en ese partido, que solo puede levantarse haciendo una reubicación o sacando a la totalidad de la dirigencia, que guste o no, tuvo vinculación con el presidente Hernández".


El también abogado y diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, enfatizó que el juicio va a representar el hundimiento del Partido Nacional, pese a que en los últimos meses algunos de sus dirigentes han estado muy activos "haciéndose las víctimas". El acabose de la institución política, en caso de que se nieguen a renovarse, será evidente en las próximas elecciones, vaticinó.


Ese impacto podría extenderse al liderazgo del Partido Salvador de Honduras. "He escuchado a Salvador Nasralla que se va a unir al Partido Nacional (en alianza electoral). Si eso se materializa, Salvador Nasralla va a pasar a ser un cadáver político. Actualmente lo han estado utilizando, y lo van a utilizar como un salvavidas", enfatizó.


Impacto en otras fuerzas políticas


Una de las expectativas del juicio es que se conozcan nombres de personajes de la sociedad hondureña que pudieron haber participado en la alegada conspiración para el tráfico de drogas de la que acusan al expresidente hondureño.


Por lo pronto, se han comenzado a filtrar algunos nombres. De acuerdo con versiones del periodista Jeff Ernst, el abogado Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, sería uno de los testigos de la Fiscalía. Como se recordará, Fabio Lobo fue condenado en EE.UU. a una pena de 24 años de reclusión por delitos de narcotráfico.


El periodista Ernst también identificó en los documentos de la Corte del Distrito Sur al exministro de Seguridad, Julián Pacheco, como CC8, quien habría participado en una serie de reuniones con Fabio para intercambiar información de los radares de monitoreo de avionetas.

Para el abogado Pineda, es "difícil" creer que el sistema solo haya cooptado a Hernández Alvarado, por lo que es "casi seguro" que habrá repercusiones en otros partidos políticos y en diversos sectores de la sociedad.


"Bajo ese esquema, hay que pensar que este es el inicio de una especie de tsunami político que va a obligar a hacer verdaderos cambios en el orden político, porque de otra manera el país se va a ir aislando y vamos a terminar con nuestros dirigentes en los centros penales de Estados Unidos", acotó.


Pineda señaló que solo basta con revisar las actas de los tribunales de Miami y Nueva York para darse cuenta del involucramiento de altos personajes, entre ellos los últimos tres presidentes de la República electos antes del 2021, quienes tendrían "alguna relación directa o indirecta con estas actividades oscuras".


"Un expresidente está hoy enfrentando la justicia de los Estados Unidos de América como cualquier criminal, y mi impresión personal es que esto no se va a limitar al señor Hernández, sino que habrá otros dignatarios que tendrán que rendir cuentas ante la justicia norteamericana por haber perjudicado a ese país a través de su vinculación con el envío de drogas", dijo.


Agregó que el juicio también permitiría conocer los procedimientos que utilizan estos personajes y sus organizaciones para blanquear los fondos, darles aspecto de legitimidad y disfrutar de ellos como recursos de origen lícito.


El proceso puede ser "aleccionador" y "positivo en función de crear una nueva cultura política que le dé más importancia a la democracia y menos a las elecciones", apuntó.


Bajo las actuales condiciones, el modelo democrático de Honduras está sufriendo un deterioro muy grave, al extremo que más del 80 por ciento de los ciudadanos no creen en los partidos políticos ni en el sistema. De allí la necesidad de deshacerse de los esquemas actuales y evolucionar a una democracia real.


Sin fondos para la defensa


La última acción del expresidente fue solicitar al juez Kevin Castel posponer el juicio por siete semanas más, pero también el nombramiento de un defensor de oficio para que colabore con el abogado Raymond Colón en la revisión de las pruebas entregadas por la Fiscalía. Ambas peticiones fueron denegadas por la Corte.


Hernández argumentó que su familia se ha quedado sin recursos para seguir pagando defensores privados, pese a que en un inicio del proceso se informó que presentarían una fianza de 3 millones de dólares. La estrategia es similar a la adoptada por el hermano de Juan Orlando, Juan Antonio Hernández, que usó el mecanismo de cambio de abogados para posponer en varias ocasiones su juicio y sentencia. Al final fue condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión.


En una entrevista con el periodista Darío Banegas, de TV Azteca, se le consultó a la esposa de Hernández, Ana García, si era "real" que se habían quedado sin dinero, a lo que respondió: "De qué otra manera lo vamos a decir si no es real. Claro que es real, acuérdese que a nosotros nos incautaron nuestras propiedades, nos incautaron lo que teníamos, esa es nuestra realidad".


Aseguró que a lo largo de los años su familia ha sido víctima de una "campaña sistemática de odio, de mentiras y perversidad", donde llegaron a decir que son "dueños de no sé cuántos miles de miles de millones y no sé cuántas propiedades y eso no es verdad".


Días después de que el juez negara el nombramiento de un defensor público, la exprimera dama y sus hijas abrieron una cuenta -ya retirada- de GoFundMe, con el propósito de recaudar 300,000 dólares destinados a pagar a los abogados. Al 16 de enero, cuatro días después de abrir la cuenta habían recaudado casi 21,000 dólares a través de 327 donativos. También habilitaron una cuenta de Tigo Money.


Sobre el tema, un antiguo miembro del equipo de defensa de Hernández, el rabino Jorge “Jay” Bar Levy, aseguró que las personas que estaban poniendo su dinero en esa cuenta de “gofundme” corrían el riesgo de ser investigadas por el gobierno de Estados Unidos, por colaborar con un acusado de narcotráfico, quien además está en la Lista Engel, y por tanto sus cuentas están congeladas en los Estados Unidos de América.


Además, el medio de comunicación independiente Criterio.hn realizó una investigación sobre los fundamentos utilizados por GoFundMe, y uno de ellos alude a que no se puede recaudar fondos para "la defensa legal de presuntos delitos violentos y financieros", como los imputados al expresidente Hernández.


La recolección de fondos podría ser invalidada, según el medio, lo cual ocurrió la tarde del miércoles 17 de enero de 2024, cuando la cuenta había recaudado casi 27,000 dólares. La abogada García de Hernández confirmó el cierre de la página pero advirtió que estaban haciendo consultas para reabrirla. Al parecer alguien más, aprovechándose de la situación, abrió una página similar y al 18 de enero había recaudado 45 dólares.


Lo están defendiendo en Honduras, pero está acusado en EE.UU.


Para el abogado Pineda Alvarado, especialista en derecho penal, la defensa del expresidente Hernández "ha sido muy mal llevada". Primero, al integrar en el equipo legal a un detective y a un rabino que terminaron desertando del proyecto y peleándose entre sí, e incluso atacando a la exprimera dama.


El siguiente error, a criterio de Pineda Alvarado, es que han trasladado el debate de la defensa al contexto hondureño, intentando convencer a los connacionales de que es inocente y que tras el juicio volverá de forma apoteósica.


"Usted ve en los informativos en la televisión y en las redes sociales un gran debate, como si lo estuvieran juzgando aquí, cuando su problema es en Estados Unidos. Ese es un problema del abogado, que debería orientar la defensa estratégica, la defensa técnica, a objetivos más claros", dijo.


Negligencia del equipo defensor por un problema de dinero


El abogado Barrios también cuestionó el trabajo del defensor Colón. Consideró que el rechazo a la petición de Hernández por parte del juez Castel era de esperarse porque la no revisión de los medios probatorios presentados por la Fiscalía se debió "a una negligencia de la defensa". Dijo tener información que ese desinterés por parte de los abogados sería "una cuestión de dinero. Parece que él (Colón) estaba reclamando dinero que Juan Orlando Hernández no ha hecho efectivo", apuntó.


A criterio de Barrios, pedir el nombramiento de un defensor público es parte de "una estrategia para hacerse la víctima" y refirió que no están renunciando al abogado Colón, sino que pidieron a alguien más para complementar el equipo. "Es evidente que tienen dinero para seguir pagando defensores privados y es una estrategia decir que ya se les está agotando el dinero, porque el saqueo de esa red criminal en Honduras fue sistemático", acotó.


El periodista Ernst apuntó que, desde un inicio, Hernández tuvo la opción de solicitar un defensor público, pero decidió contratar a un abogado con poca experiencia en temas de crimen organizado (Colón). "Después de casi 2 años, el abogado Colón no ha conseguido la autorización necesaria para revisar los documentos confidenciales que la defensa solicita por problemas propios de él. Por eso se vieron obligados a contratar a la abogada Sabrina Shroff", explicó.


Por lo tanto, los atrasos en la revisión de esos documentos se deben a problemas del equipo legal de Hernández y no a la Fiscalía, como argumentan.


Tienen fe en que volverá


En la entrevista con el periodista Darío Banegas, la exprimera dama confirmó que no ve a su esposo desde la noche del 20 de abril de 2022, puesto que ella no está autorizada a viajar a los Estados Unidos de América. Sin embargo, mantiene comunicación constante con él vía teléfono y correo electrónico.


"Él está sano, está fuerte, está bien dentro de toda la dificultad que enfrenta. Pero él se mantiene siempre en una buena condición física y, sobre todo, mentalmente activo, trabajando en su defensa", aseguró la abogada García Carías, quien está casada con Juan Orlando desde hace 34 años.


Repitió sus argumentos, sobre que, el expresidente se vio involucrado en una "venganza orquestada por narcotraficantes" que se sintieron perseguidos a causa de la decisión de aprobar la extradición y por un decreto que permitía a la Fuerza Aérea derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico.


Esta última decisión habría molestado a los altos mandos de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), generando una "conspiración geopolítica" en la que también participaron personajes políticos de alto nivel, afirmó.


"Hubo cierto tipo de desavenencias con la Agencia, que no estaba de acuerdo, porque decían que en esos aviones podían venir agentes antinarcóticos", apuntó.


No descartó que la construcción del Aeropuerto Palmerola, junto a la base militar estadounidense, haya molestado al Gobierno de ese país y fuese otro motivo para atacar a su esposo.


"Hay intereses oscuros de personas dentro de estas mismas organizaciones (oficinas de gobierno, estadounidenses) que tienen sus propias agendas y que de alguna manera se sintieron afectados y que hoy están concretando una venganza", agregó.


Aseguró que, durante las dos campañas presidenciales en que participaron no lavaron activos del narcotráfico, pero "tampoco era mi responsabilidad ni de Juan Orlando el manejo de los fondos de campañas. Para eso había comisiones que rendían informes. Entonces no era algo de nuestra competencia".


Insistió que a su esposo "le montaron una campaña desde la oposición, que él era una narcodictadura", cuando lo que ocurrió es que él derrotó a la alianza formada por Salvador Nasralla y el partido Libertad y Refundación "y no pudieron aceptar su pérdida". A causa de eso iniciaron el discurso de la "narcodictadura", justificó.


Finalizó diciendo que "mi corazón me dice, pero sobre todo mi fe me llena de certeza que muy pronto Juan Orlando va a estar fuera de ese lugar tan horrible donde hoy está recluido. Que la verdad va a salir a la luz y que vamos a vivir una vida en familia, eso es nuestro mayor anhelo".


Publicado originalmente en Diario En Alta Voz

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