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El régimen sandinista no rinde cuentas sobre el funcionamiento del sistema carcelario de Nicaragua

El último diagnóstico sobre los sistemas penitenciarios del país data de 1996, realizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Durante los últimos 28 años, la realidad tras los barrotes de las celdas de presos comunes ha permanecido en la oscuridad.


Por Voces En Libertad | @VocesNi

Managua, Nicaragua
En una imagen de archivo, fuerzas antimotines resguardan un complejo policial de Managua | Fotografía cortesía
En una imagen de archivo, fuerzas antimotines resguardan un complejo policial de Managua | Fotografía cortesía

Nicaragua, el segundo país más empobrecido de América Latina después de Haití, ocupa el noveno lugar en las peores condiciones carcelarias para las y los presos, según el World Prison Brief (WPB), la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios compilada por el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICCPR) en el Reino Unido.


El país cuenta con ocho sistemas penitenciarios, entre los cuales destaca el Sistema Penitenciario Nacional "Jorge Navarro", conocido como "La Modelo", ubicado en Tipitapa. Este centro carcelario ostenta el título de una de las peores prisiones de Nicaragua, debido al hacinamiento entre los reclusos, el contrabando, las torturas y el deterioro de la infraestructura.


"La Modelo" se ha convertido en un ejemplo de contrabando, tráfico de drogas y hacinamiento entre los reclusos. Según revelaciones de un exreo común identificado como José, quien cumplió su condena por robo agravado, este penal no solo presenta una infraestructura deteriorada, sino también un mercado negro.


"En ese lugar sobrevive el más fuerte"


En 2020, Amnistía Internacional denunció que en Nicaragua, la combinación de "cárcel y Covid-19" fue un "cóctel letal" administrado por la administración Ortega y Murillo a los presos, debido al hacinamiento en los penales y las precarias condiciones carcelarias que ofrecen estas instalaciones.


En más de dos décadas, la población carcelaria ha pasado de 6,539 reclusos a 21,098 al cierre de 2023, representando un aumento de casi el 330 %, mientras la inversión pública en los penales disminuye gradualmente.


Según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los gastos de manutención de estos centros en Nicaragua fueron de 609 millones de córdobas en 2022 y disminuyeron a 588 millones de córdobas un año después, una reducción de 21 millones en comparación con el año anterior.



El Estado ejerce un control absoluto sobre el Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Ahora bajo la administración del recién inaugurado Ministerio del Interior (MINT).


El último diagnóstico público sobre las cárceles en Nicaragua fue realizado en el año 1996 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), que concluyó que el sector carcelario constituía una "encrucijada de gran importancia entre el sistema de justicia penal y la protección ciudadana". Estaba mal orientado o mal dotado para dejar de ser una "escuela del crimen", y los detenidos que ya habían cumplido sus penas representaban una amenaza significativa para la sociedad.


Hasta 2006, durante la presidencia de Enrique Bolaños (q.e.p.d), los organismos de la sociedad civil tenían acceso a los sistemas penitenciarios para fiscalizar las condiciones de los presos y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, con la llegada de Ortega al poder, este mecanismo fue anulado, ya que el régimen sandinista tomó el control absoluto de las cárceles en Nicaragua.

Desde 2018, con el estallido sociopolítico en Nicaragua, la extinta Cruz Roja Nicaragüense (CRN) fue la única institución de derechos humanos y de primeros auxilios con "luz verde" para constatar las condiciones carcelarias, especialmente para los presos de conciencia de la dictadura orteguista.


En este sentido, el IIDH recomendó en su estudio que Nicaragua debería centrarse en la "rehabilitación exitosa del recluso" para garantizar que, al completar su condena, represente una amenaza mínima para la comunidad.


Es importante destacar que, con Ortega en el poder, desde 2014 se ha incrementado el indulto de reos comunes en Nicaragua, liberando al menos 38,540 prisioneros en todo el territorio hasta 2023, con un promedio anual de 4,282 excarcelados. La mayoría de los liberados abandonan sus celdas sin haberse rehabilitado por completo.


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