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El refugiado de Daniel Ortega en Panamá, Ricardo Martinelli, promete hacer campaña electoral desde la sede diplomática nicaragüense

La negativa del Gobierno panameño a otorgarle un salvoconducto para abandonar el país ha dejado a Ricardo Martinelli atrincherado en la embajada de Nicaragua, desde donde ha continuado sus actividades públicas, mostrando un semblante despreocupado ante la gravedad de las acusaciones en su contra. Videos recientes lo muestran haciendo ejercicio, siguiendo eventos deportivos y expresando su deseo de que Panamá experimente "mejores días".


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Ciudad de Panamá, Panamá
En febrero de 2024, periodistas esperan a las afueras de la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde se encuentra refugiado el expresidente panameño Ricardo Martinelli | Fotografía de AFP / Getty Images por Martin Bernetti

Mientras los tambores del carnaval de 2024 retumban en las calles de Panamá, la capital del país se ve envuelta en un drama político y diplomático inusual que tiene como protagonista al expresidente Ricardo Martinelli, y un par de kilómetros más largo al sandinista Daniel Ortega. El exmandatario conservador y empresario panameño de 71 años de edad, quien gobernó el país entre 2009 y 2014, se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, con su perro Bruno y sus enseres más personales, como televisores, maquinas para hacer ejercicio y hasta refrigeradora, desafiando una condena de 10 años de prisión por lavado de dinero, y la soberanía nicaragüense al proteger en una entidad diplomática a quien ya fue condenado por la justicia panameña.


Martinelli recibió asilo político de Nicaragua la semana pasada después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña rechazara su apelación a la condena por lavado de dinero. El expresidente alega que el caso tiene motivaciones políticas y va más allá al afirmar que el presidente y vicepresidente de Panamá, Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, respectivamente, buscan su muerte. No obstante, las autoridades panameñas niegan cualquier persecución política y sostienen que Martinelli ha burlado repetidamente a la justicia panameña.


En un comunicado publicado en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), Martinelli declaró: "Hay que ser muy cobarde para inhabilitar a un candidato presidencial que está primero en las encuestas". A pesar de la prohibición constitucional que impide a una persona sentenciada a más de cinco años dirigir el país, el exmandatario insiste en continuar su campaña presidencial desde la embajada de Nicaragua. Abogados independientes consultados por el equipo de COYUNTURA consideran lo mismo.


La situación se tornó más compleja con el rechazo del Gobierno panameño a conceder el salvoconducto que permitiría a Martinelli trasladarse a Nicaragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá argumentó un artículo de un acuerdo internacional sobre asilo político que prohíbe conceder asilo a personas "debidamente procesadas" por delitos no políticos. A su vez, Nicaragua sostiene que el asilo político es un derecho humanitario que debe ser respetado bajo cualquier circunstancia.


Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, denunció frente a la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá la falta de democracia en su país, calificando la situación como un "salvaje Estado de Derecho". En medio del pulso diplomático, el abogado panameño Fernando Gómez-Arbeláez advierte que permitir que Martinelli salga del país de esta manera sería una vergüenza nacional y una burla al sistema de justicia panameño.


A pesar de que algunas encuestas señalan a Martinelli como el favorito en la carrera presidencial de este año, su credibilidad se ve cuestionada debido a anteriores investigaciones penales y la compra masiva de medios de comunicación importantes. En 2021, fue sentenciado por la compra de una editorial de medios con fondos de contratistas gubernamentales. Además, estuvo involucrado en un caso relacionado con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



El Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EE.UU.) ha prohibido su ingreso al país por aceptar sobornos durante su periodo en la Presidencia, lo que refuerza las dudas sobre la integridad del exmandatario. Un comunicado del Departamento de Estado destaca que la responsabilidad, el Estado de Derecho y la transparencia son valores democráticos compartidos, que deben ser promovidos.


Por otro lado, la negativa del Gobierno panameño a conceder el salvoconducto ha generado descontento en la población y muchas discusiones en las redes sociales digitales. Mientras algunos expresan su apoyo a Martinelli, argumentando que durante su mandato la economía creció y se realizaron inversiones millonarias en la expansión del Canal de Panamá, otros critican su gestión y lo acusan de corrupción.


En medio de las tensiones políticas y diplomáticas en Ciudad de Panamá, el ambiente festivo de estas fechas se ve empañado por las imágenes de Martinelli haciendo ejercicio, abrazando a su mascota y viendo televisión; todo desde las instalaciones de la embajada que controla la administración de Daniel Ortega y su diplomacia. Tais Saldaña, estudiante de terapia de lenguaje, lamentó en The New York Times la falta de libertad para elegir a su candidato preferido, Martinelli, y criticó la "política sucia" que rodea la situación.


Joel Alvarado, chofer de 28 años de edad, opinó que Martinelli no es víctima de persecución política, reconociendo que realizó acciones positivas, pero critica el supuesto robo de impuestos a la población, según cita el medio internacional. La polarización en la opinión pública refleja la complejidad de la situación política en el país. En Nicaragua también las opiniones son divididas, pero no tan sonadas. Los medios oficialistas, controlados por la administración de Ortega, poco han hablado de ello. Las redacciones independientes replican los lujos para el exmandatario panameño en la sede diplomática, y la dinámica corrupta de protección a perseguidos judiciales que replica constantemente el sandinismo.


Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), arroja luz sobre la situación al afirmar que Martinelli habría pagado por adelantado por el asilo político en Nicaragua. Cochez sostiene que el expresidente ha burlado a la justicia panameña con la venia de algunos jueces y acusa a EE.UU. de estar detrás de la situación. Para Cochez, no hay persecución política, sino un intento de Martinelli de eludir la condena por corrupción que ya pesa sobre él. Destaca que la CSJ panameña lo condenó a más de 10 años de prisión por actos de corrupción relacionados con la compra de medios de comunicación, y otorgarle el salvoconducto sería ignorar la decisión judicial y los cargos.


Mientras la crisis política se intensifica, Martinelli permanece en la embajada de Nicaragua, mostrando una actitud desafiante y despreocupada. A través de sus redes sociales, comparte videos realizando ejercicios, participa en encuestas sobre eventos deportivos, da entrevista a través de Zoom y Skype, y lamenta no poder disfrutar del carnaval en las calles de Panamá. Desafiando la Constitución panameña y la soberanía de Nicaragua, Ricardo Martinelli dijo que se propone seguir hacia delante en su campaña presidencial. Su refugio en la embajada nicaragüense, lejos de generar simpatía en la opinión pública, agita aún más las aguas políticas en Panamá. Con la incertidumbre sobre su futuro político y legal, la ciudadanía se pregunta si la crisis en torno a Martinelli afectará el panorama electoral y la estabilidad del país. La respuesta a esta pregunta solo se revelará con el tiempo, mientras la nación enfrenta un inusual e impredecible escenario.


Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos de América criticó a Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua, por otorgar asilo a Martinelli, calificándolo como un ataque al Estado de Derecho.


Por otro lado, el exembajador de Daniel Ortega en la OEA, Arturo McFields, señaló que Nicaragua no puede conceder asilo a una persona "sobre la cual pesa una sentencia firme de un tribunal supremo". "De principio a fin (el proceso de protección) tiene un marco de ilegalidad", dijo McFields este martes 13 de febrero en NTN24.


 

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