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El "silencio" forzado de la iglesia católica de Nicaragua en la lucha contra la dictadura sandinista

Son ocho los religiosos que ahora guardan prisión en el país centroamericano por razones políticas. La administración sandinista los investiga o los ha condenado por diversos delitos. Una experta señala que eso y muchas más represalias contra el catolicismo han desencadenado un "silencio" forzado. Ahora los tempos hacen menos misas. Los sacerdotes "en libertad" tienen miedo y viven bajo asedio. La iglesia católica vive sus peores días en la historia reciente de Nicaragua, bajo la mano dura de los Ortega-Murillo.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
Fotografía de Coyuntura
Fotografía de Coyuntura

En el núcleo territorial de Centroamérica, la iglesia católica se encuentra sumida en un doloroso silencio. Un sigilo que no solo afecta a los miembros del clero, sino que resuena en los corazones y la vida cotidiana de las y los creyentes que, a lo largo de la historia, han encontrado en sus pastores voces de consuelo, justicia y esperanza, en una Nicaragua que lleva más de 40 años en conflictos armados, políticos y sociales. Esta es la sombría realidad que retrata la abogada e investigadora Martha Patricia Molina en la más reciente actualización de su estudio titulado "Nicaragua: una iglesia perseguida". La investigación, que documenta los sucesos alrededor del catolicismo desde el año 2018, es el informe más detallado hasta ahora con las agresiones que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha emprendido contra la fe católica en el país centroamericano.


La autora, con profundo pesar en su voz, habla de un "silencio triste, doloroso", que se ha apoderado de la iglesia en Nicaragua. Un silencio que no es resultado de una elección voluntaria, sino de una embestida sin comparación en la historia reciente de la nación centroamericana. En un país donde la religión y la fe han desempeñado un papel fundamental en la vida de su pueblo, esta situación es más que preocupante. "Desgarra", señala a la Redacción de COYUNTURA un sacerdote católico de Managua, quien solicitó anonimato por seguridad.


Dice que todo ha cambiado desde 2018, y que empeoró en 2022. "La dinámica misma de ejercer el catolicismo en Nicaragua fue modificada por las hordas del sandinismo", dice el pastor.


Mientras tanto, Molina nos lleva a recordar a figuras destacadas en la jerarquía eclesiástica nicaragüense, como el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Enrique Herrera. Un líder religioso que se ha caracterizado por hablar en defensa del pueblo, incluso en momentos de peligro. En el año 2018, durante la "operación limpieza" en el barrio Sandino, monseñor Herrera se arriesgó a recoger a los heridos y los cuerpos de los jóvenes masacrados, alzando su voz -desde sus acciones- por la paz y contra la violencia. Sin embargo, hoy ese valiente obispo se ve forzado al silencio, amenazado por la posibilidad de ser encarcelado.


El cardenal Leopoldo Brenes, otra figura influyente en la iglesia católica nicaragüense, también ha sido testigo de las injusticias que sufre el pueblo. Sus llamados en defensa de los oprimidos resonaron en toda la nación en algún momento, pero ahora, sus palabras han sido silenciadas por la fuerza de un régimen autoritario. Él, que fue un aliado de la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ahora se limita a dar detalles escuetos sobre la situación del órgano religioso y de sus líderes. Solo insta a orar y dialogar, como lo hizo hace unos meses el Papa Francisco, máximo líder del Vaticano.


La investigadora Molina nos recuerda que no solo los obispos, sino también otros sacerdotes, han sido encarcelados por razones políticas. En ese sentido, una documentación realizada por el equipo de COYUNTURA permitió conocer que en Nicaragua han estado en prisión al menos 22 miembros de la iglesia católica hasta la fecha.


La CEN, el concilio de obispos del país centroamericano, no está exenta de la persecución. Uno de sus miembros más destacados, el obispo matagalpino Rolando Álvarez, se encuentra tras las rejas luego de ser detenido en agosto de 2022, mientras monseñor Silvio Báez se encuentra en los Estados Unidos de América tras un exilio forzado para preservar su seguridad. Esta desarticulación de la CEN deja un vacío en la dirección de la iglesia, y los fieles se ven privados de la guía espiritual que necesitan en estos tiempos de crisis.



El objetivo del sandinismo es siempre controlarlo todo. El "beso de Judas" de la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, a Santo Domingo es prueba tácita de ello.


La investigadora Molina también resalta que algunos religiosos han optado por predicar al aire libre como una forma de resistencia, y por esta elección, han sido castigados por la dictadura. Otros han decidido predicar en silencio, una opción que la especialista considera necesario respetar en este contexto de represión.


La abogada e investigadora subraya la importancia de las voces de los religiosos en tiempos de crisis como los que vive Nicaragua. A través de las redes sociales, sigue las predicaciones de monseñor Carlos Herrera, cuyas palabras son descritas como aleccionadoras, precisas y sin divagaciones. Para muchos, Herrera es más que un líder religioso; es un amigo, un padre y un pastor que siempre está dispuesto a escuchar a su clero y a su pueblo. Estas voces son un faro de esperanza en medio de la oscuridad que ha cubierto a Nicaragua.


Sin embargo, los temores que rodean a estas voces son fundados. La dictadura no duda en imputar delitos a quienes se atreven a hablar, opinar o denunciar. La libertad de expresión está controlada, y cualquier manifestación de descontento puede llevar a una condena de años de prisión. En palabras de Molina, "esta dictadura ha mostrado que es capaz de todo", y es esa incertidumbre la que ha silenciado a la iglesia hasta ahora.


Pero no solo los obispos han sufrido en esta cruzada. Los sacerdotes y misioneros también han sido blanco de persecución. Muchos de ellos han tenido que huir al exilio para evitar una segura condena y prisión. Recientemente otro sacerdote tuvo que abandonar el país debido a las amenazas de la dictadura. Este era de la Diócesis de Jinotega. La comunidad local se muestra consternada por esta situación, denunciando el abuso del régimen sandinista.


Los testimonios de los fieles en Jinotega son elocuentes. Hablan de la hipocresía de los fanáticos del régimen, quienes predican amor y paz mientras destilan odio y violencia en sus acciones. Las hermanas de Santa Luisa de Marillac, pertenecientes a la Diócesis de Jinotega, también han experimentado la persecución del régimen Ortega-Murillo, siendo expulsadas y confiscadas. Estos actos de represión religiosa se suman a la creciente lista de injusticias que afectan a Nicaragua en cuanto a los derechos humanos, constitucionales y políticos.


En medio de este panorama sombrío, la iglesia católica nicaragüense lucha por mantener viva la llama de la fe y la esperanza. A pesar de las amenazas y la persecución, hay quienes siguen alzando sus voces en defensa de los derechos humanos y la justicia. Los obispos, sacerdotes y misioneros que han sido forzados al desplazamiento o la clandestinidad son "héroes silenciosos que buscan mantener viva la fe" en un país que enfrenta una profunda crisis política y social, señalan creyentes.


Primero doce; ahora son ocho los sacerdotes que el régimen sandinista mantiene en prisión


Para el 26 de octubre de 2022, la ira de los Ortega-Murillo estaba sobre 12 religiosos católicos, mientras un sinnúmero de restricciones contra creyentes, sacerdotes y figuras religiosas ya eran implementadas de forma sistemática. Menos de un año después, al cierre de este texto, la dictadura de Daniel Ortega tiene encarcelados a ocho sacerdotes por motivos políticos. Tres de ellos han sido condenados en juicios sin garantías legales, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, con una sentencia de más de 26 años. Dos sacerdotes están bajo detención domiciliaria, mientras que otros dos están detenidos en la ciudad de Managua, y de uno aún no se sabe su ubicación exacta.


Además, en mayo de 2023, la Policía Nacional -ahora protectora constitucional del Ejecutivo- realizó nuevas detenciones de sacerdotes, acusándolos de lavado de dinero relacionado con la organización católica Cáritas Estelí, cuya personería jurídica fue cancelada por el Ministerio de Gobernación en febrero de 2022.


El último sacerdote detenido, Osman Amador Guillén, fue secuestrado en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Estelí el viernes 08 de septiembre de 2023, aparentemente como represalia por orar por la liberación de monseñor Álvarez. El sacerdote también utilizaba sus redes sociales para actividades pastorales.


En julio de 2023, Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, fue secuestrado en Managua y su situación sigue siendo desconocida.


Eugenio Rodríguez, párroco de Jalapa, ha estado bajo "seminario por cárcel" desde mayo de 2023, siendo investigado por asuntos administrativos relacionados con Cáritas Diocesanas de Estelí.


Por otro lado, el sacerdote Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de la Catedral de Estelí, fue trasladado al Seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua en mayo de 2023, también por asuntos administrativos de Cáritas Diocesanas de Estelí.


Finalmente, Jaime Iván Montecinos Sauceda, párroco de la iglesia Juan Pablo II en Sébaco, Matagalpa, fue detenido en mayo de 2023 y su paradero es desconocido después de más de 113 días. Estas detenciones y condenas de sacerdotes se suman a la tensa relación entre los Ortega-Murillo y la iglesia católica en Nicaragua, que ha resultado en la expulsión y encarcelamiento de varios religiosos, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano. En ese sentido, el Papa Francisco calificó a la administración de Ortega como una "dictadura grosera".


Los detalles sobre la acusación ilegal contra monseñor Álvarez


Nicaragua Investiga tuvo acceso a la acusación contra monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa que se encuentra actualmente en prisión por orden del régimen de Daniel Ortega. Esta revelación proporcionó información detallada sobre los eventos que llevaron a su detención y condena sin juicio previo.


Monseñor Álvarez ha estado detenido durante 13 meses como preso político de la dictadura, con más de cinco meses sin ser exhibido ante los medios oficialistas. La acusación en su contra se relaciona con los acontecimientos del 02 de agosto de 2022, cuando el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó el cierre de seis emisoras católicas. En la Parroquia Divina Misericordia de Sébaco, donde el párroco era el padre Uriel Vallejos, se produjo un enfrentamiento entre las autoridades de TELCOR, la Policía Nacional y fieles católicos. La acusación afirma que en estos incidentes cinco policías resultaron heridos y se encontraron cohetes y morteros en la iglesia, atribuyendo la posesión de estos artefactos a monseñor Álvarez.


Es importante destacar que monseñor Álvarez nunca recibió la información necesaria del sistema de justicia orteguista para defenderse en las dos audiencias a las que fue sometido, la preliminar y la inicial. Según fuentes eclesiásticas consultadas por COYUNTURA, los tribunales de Managua, a donde fue trasladado el líder católico, no informaron sobre los movimientos jurídicos.


Además de Álvarez y Vallejos, la acusación revela que otros 18 sacerdotes fueron investigados en medio de la represión que tuvo lugar a partir de mediados de 2022. Entre ellos se encuentran monseñor Silvio Báez, actualmente exiliado en Miami, y otros sacerdotes que también se vieron obligados a exiliarse debido a la persecución del régimen.


La captura de monseñor Álvarez tuvo lugar en la madrugada del 19 de agosto de 2022. El operativo fue dirigido por el comisionado Francisco Augusto Villarreal, jefe del departamento de antinarcóticos de Auxilio Judicial de Matagalpa, a pesar de que el caso de Álvarez no tenía relación con drogas. La acusación sostiene que el objetivo de los sacerdotes investigados era desestabilizar el país a través de campañas y manipulación de creencias religiosas para generar odio y alterar el orden constitucional.


La información revelada en el acta del allanamiento durante la captura de monseñor Álvarez sugiere que los investigados estaban vinculados a la obtención de recursos de organismos internacionales bajo la apariencia de actividades de caridad y derechos humanos. Además, se les acusa de usar tecnología para influenciar a las masas y movilizar a la población con fines políticos.


Con información de Voces En Libertad y Nicaragua Investiga

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