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Expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja de Nicaragua, otro golpe a la ayuda humanitaria

Este episodio se suma a una serie de medidas autoritarias adoptadas por el régimen sandinista de Daniel Ortega, que incluyen: la disolución de organizaciones privadas, no gubernamentales, educativas y del tercer sector; la aprobación de leyes coaccionarias; y la expulsión de disidentes, religiosos, académicos y periodistas, en respuesta a críticas locales e internacionales. La falta de transparencia y la represión política se consolidan como características distintivas de la administración nicaragüense. La expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no solo representa un golpe a la ayuda humanitaria en Nicaragua, sino también un indicador de la creciente intolerancia de la dictadura hacia cualquier entidad o persona que cuestione su "autoridad".


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
En una imagen de archivo, un voluntario de la ya extinta Cruz Roja de Nicaragua | Fotografía de AFP
En una imagen de archivo, un voluntario de la ya extinta Cruz Roja de Nicaragua | Fotografía de AFP


La delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central anunció este lunes 18 de diciembre de 2023 el cierre de su oficina en Managua, Nicaragua, poniendo fin a su misión humanitaria en el país centroamericano. La medida, solicitada por las autoridades nicaragüenses, ha levantado preocupaciones sobre el destino de los más de 90 rehenes políticos que actualmente se encuentran en las cárceles del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. "El Comité, en el año 2019, fue imperativo para la primera liberación masiva de presas y presos de conciencia que el sandinismo mantuvo en las cárceles desde el inicio de la crisis en el 2018. Ese Comité luchó hasta hoy por la unificación entre las familias, principalmente las de más escasos recursos", dijo a la Redacción de COYUNTURA bajo la condición de anonimato un exvoluntario de la Cruz Roja de Nicaragua, organización que fue, hasta su cierre jurídico -ordenado por el orteguismo- en mayo de 2023, el principal aliado del CICR.


La relación entre el CICR y la administración sandinista ya presentaba tensiones desde marzo de 2022, cuando el régimen expulsó al jefe de misión del Comité, Thomas Ess. En ese momento, la oficina de la CICR expresó a los medios independientes su sorpresa ante la decisión, desconociendo las razones de la expulsión. Ess había liderado la labor del CICR en Nicaragua, que se enfocaba en tres áreas cruciales: apoyar a la Cruz Roja nicaragüense en temas humanitarios, prevenir y atender las consecuencias de la privación de la libertad, y realizar actividades de formación sobre derecho internacional humanitario.


El CICR, que había establecido una misión permanente en Managua en enero de 2019, había obtenido autorización para operar en Nicaragua con objetivos exclusivamente humanitarios. Su labor se extendió a la conciliación entre el orteguismo y la oposición social para la excarcelación de 200 presos de conciencia en abril del año 2019 y la solicitud de una visita a la temida prisión de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en la capital, conocida como "El Chipote", en 2021, visita que nunca fue concedida por el régimen sandinista.


El CICR desempeñaba un papel crucial en la defensa de los derechos de las y los presos políticos en Nicaragua. La organización fue el único ente internacional que logró ingresar a las cárceles y documentar las condiciones en las que se encontraban las y los prisioneros. Lograron imágenes inéditas como aquellas en las que la periodista Lucia Pineda Ubau relató su encierro en el penal de mujeres. La expulsión del CICR deja a los presos políticos en una situación de total desprotección, dijo a este medio una abogada local, ya que no hay otro organismo que documente las posibles violaciones a los derechos humanos que puedan estar sufriendo.


Todas las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación de Nicaragua ahora lo hacen completamente desde afuera.


La expulsión del CICR se da en medio de denuncias de más represalias y maltrato a presas y presos políticos en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) de Tipitapa, conocido como "La Modelo". Familiares de al menos siete presos políticos reportaron que las autoridades penitenciarias trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre realizada hace algunas semanas. Los detenidos, todos hombres, exigían mejores condiciones de vida, respeto a sus derechos básicos y el cese de maltratos por parte de los custodios.


El régimen de Ortega y Murillo ya ha mostrado su hostilidad hacia otras organizaciones humanitarias en el pasado. En mayo de este año, la administración sandinista canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó sus bienes, otorgándolos al Ministerio de Salud (MINSA) y renombrándo al organismo como "Cruz Blanca de Nicaragua". Esta acción tuvo lugar después de que la Cruz Roja brindara atención a manifestantes opositores heridos durante las protestas antigubernamentales desde abril de 2018.


Ante la expulsión, defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de un ente institucional que abogue por los derechos de las y los presos políticos en Nicaragua. El CICR, por su parte, reiteró su disposición para reanudar el diálogo y la acción humanitaria en el país centroamericano, subrayando su compromiso con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.


La situación en Nicaragua continúa generando alarma a nivel internacional, con la comunidad observando de cerca la escalada de acciones represivas por parte del régimen de Ortega y Murillo. La expulsión del CICR deja en evidencia la vulnerabilidad de los presos políticos y la urgente necesidad de un mecanismo internacional para monitorear y denunciar las posibles violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. Este episodio se suma a una serie de medidas autoritarias adoptadas por el régimen sandinista de Daniel Ortega, que incluyen: la disolución de organizaciones privadas, no gubernamentales, educativas y del tercer sector; la aprobación de leyes coaccionarias; y la expulsión de disidentes, religiosos, académicos y periodistas, en respuesta a críticas locales e internacionales. La falta de transparencia y la represión política se consolidan como características distintivas de la administración nicaragüense.


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