• Israel Vallejos

Gobierno de Costa Rica se acerca al Fondo Monetario Internacional ante crisis económica

Tres semanas después de que el Gobierno de Costa Rica entregará una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitando acceso al Servicio Ampliado del Fondo, jerarcas de la administración del Presidente Alvarado anunciaron al país las propuestas que se llevarán a la negociación con dicha entidad internacional.


El Presidente del BCCR y el Ministro de Hacienda enviaron una carta al FMI para solicitar un instrumento de asistencia financiera por unos $1.750 millones - Fotografía de Presidencia de Costa Rica

El anuncio se hizo a través de una conferencia de prensa, en la cual participaron la Ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo, el Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, y el Presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey.


El Presidente del Banco Central realizó una introducción de la situación económica del país, en la que destacó que la proyección del déficit fiscal para este año pasó de 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 9.3%, mientras que la estimación de la deuda pública se elevó de un 63% a una nueva proyección de 70%; en ambos casos a consecuencia de la crisis económica que vive el país por la pandemia de Covid-19.


Por su parte, Villegas fue el encargado de dar a conocer las medidas que el Poder Ejecutivo ha decidido como punto de partida para las negociaciones tanto con el FMI, como con los distintos actores políticos de la Asamblea Legislativa.


Villegas declaró que "la pandemia nos sacó más de un billón de colones de la caja del Estado", y aseguró que los ajustes presentados son necesarios para volver a controlar el crecimiento de la deuda y del gasto público.


Además, se anunciaron 3 medidas temporales:


• Abrir una oportunidad de movilidad laboral voluntaria. Para esto el Gobierno presentará ofertas para que los funcionarios públicos dejen sus plazas por una compensación.


• Reducir la deuda política, pasando de 0.19% del PIB a un 0.10%, lo que representa una reducción de 300 millones.


• La no acumulación de anualidades en el sector público por los próximos cuatro años.


Así también, Villegas anunció otras medidas, y aseguró que estas buscan fomentar el empleo formal. Concretamente, se trata de dos propuestas:


• Eliminar el 5% que deben pagar los patronos privados sobre cada salario y cuyo destino es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por los próximos cuatro años.


• Disminuir la tarifa del Gas LP en un 50% (pasando de ₡50.75 por litro a ₡25.37) y una reducción para las tarifas de electricidad.


Otras medidas a las que apostará el Ejecutivo para fomentar el empleo son la aprobación de la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (un instituto de alto nivel académico en preparación de mano de obra técnica calificada), así como la aprobación del proyecto de jornadas laborales excepcionales; ambas medidas se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa.


Del lado de las medidas de contención y reducción del gasto de carácter permanente, Villegas señaló que el Gobierno apostará por:


• Conseguir la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, que ya se encuentra en discusión en el Congreso.


• Realizar el cierre y/o fusión de Órganos Desconcentrados, incluyendo eliminar las personerías jurídicas instrumentales.


• Reestructurar los servicios de apoyo de los Órganos Desconcentrados, eliminando las duplicaciones de servicios administrativos como recursos humanos, auditorías internas, proveeduría, etc.


• Congelar los salarios del sector público mientras la deuda siga siendo superior al 60% del PIB, medida que ya se puede ejecutar por lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.


• La renegociación y recorte de gasto en alquileres, equipos y programas informáticos.


Del lado del aumento de ingresos, Villegas anunció una serie de medidas, temporales y permanentes que buscarán generar recursos frescos al Estado. Entre estas medidas está el aumento del impuesto a la propiedad, que actualmente es de 0.25% a favor de las municipalidades donde se encuentren las propiedades; el Gobierno propone incluir un 0.50% adicional que sería a favor del Gobierno central, y mantendría la estructura actual que exonera los primeros ₡20 millones, así como las excepciones para terrenos agrícolas.


Adicionalmente, el Gobierno oficializó su propuesto de establecer un nuevo impuesto que tasaría, temporalmente, todas las transacciones bancarias y cheques con un impuesto de 0.3% por los primeros dos años de vigencia (2021 - 2022) y bajaría a 0.2% para los siguientes dos años (2023 - 2024), así como un nuevo 5% que se cobrará a las remesas al exterior que sean de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.


La propuesta del Gobierno incluye, también, la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y Sutel, así como los premios de lotería que serían gravados con un 25% en aquellos casos en los que excedan la mitad de un salario base. En el caso de las cooperativas, la propuesta del Ejecutivo es que paguen el impuesto de renta aquellas que califiquen como grandes contribuyentes o grandes contribuyentes territoriales. Según Villegas, esta medida afectaría solo a las 20 cooperativas más grandes del país.


Antes de la pandemia, Costa Rica ya vivía una crisis económica incomoda, pues en 2018, y sin esperar mucho tiempo, a la administración de Alvarado le correspondió el buscar apoyos para una reforma fiscal que logró pasar en la Asamblea Legislativa tras amplias negociaciones, ya que su partido solo había logrado 10 curules de los 57 curules en el Congreso.


Es esa misma coyuntura que ha exaltado en los últimos días el discurso desde la oposición de "no más impuestos", aunque el Gobierno mantiene que, aunque se recorte el gasto, necesita la entrada de recursos frescos para apostar a una recuperación económica. De no llegar a un buen puerto en la negociación, Costa Rica estaría ante un posible "default" o "impago" de sus obligaciones de deuda.

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