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Gobierno de Honduras y bases de Libre se movilizan en respuesta a convocatoria contra la corrupción

La convocatoria de marchas simultáneas en Honduras, una encabezada por el Gobierno y el partido Libertad y Refundación (Libre), y otra por una coalición de organizaciones de sociedad civil, profundiza en el país la polarización y la tensión. Ambas manifestaciones, que tienen como objetivo exigir el fin de la corrupción y la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), serían realizadas en el mismo lugar, día y hora, generando un ambiente propicio para el conflicto y la confusión.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Tegucigalpa, Honduras
Fotografía de Coyuntura
Fotografía de Coyuntura

Honduras se encuentra sumida en una situación de agitación y polarización debido a la convocatoria de marchas simultáneas por parte del Gobierno y las bases del partido Libertad y Refundación (Libre), así como por una coalición de aproximadamente 20 organizaciones de sociedad civil. Ambas manifestaciones tenían como objetivo principal protestar contra la corrupción y presionar por la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).


La convocatoria de las marchas se realizó a través de distintos canales, como redes sociales y afiches, generando confusión y divisiones en la población. Por un lado, las organizaciones de sociedad civil, encabezadas por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), convocaron a una movilización bajo el lema "Retomamos las antorchas contra la corrupción" en el Puente Guadalupe, a las 05:00 p.m. de este martes 18 de julio. Buscaban retomar las simbólicas manifestaciones nocturnas que iluminaban las arterias de Tegucigalpa exigiendo el fin de la impunidad. Su objetivo era exigir la derogación de decretos que promueven y protegen prácticas corruptas, así como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la instalación de la CICIH. Exigencias directas al Ejecutivo y al Congreso Nacional.


Por otro lado, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro y Libre, liderado por el expresidente, asesor presidencial y "primer caballero" Manuel Zelaya, convocaron a una marcha para el mismo día, hora y lugar que la manifestación de la sociedad civil, horas después del primer llamamiento. La convocatoria del oficialismo busca respaldar y exigirle a la administración bajo su mismo cargo la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y la llegada de la CICIH, bajo el lema "Gran movilización popular". La mandataria de Honduras incluso llamó a la movilización a través de su cuenta de Twitter. Una actividad que también busca exigir el ingreso del país centroamericano en la Corporación Andina de Fomento (CAF), conocido como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Sobre este último, a pesar de que Libre no logró la mayoría simple requerida, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, anunció que enviará el decreto de adhesión al Poder Ejecutivo para su sanción o veto.


Esta convocatoria paralela, considerada por analistas y pobladores como una contra-marcha, genera preocupación en la oposición política, en la ciudadanía y en varios sectores de la sociedad civil. Acusan al Gobierno y a Libre de buscar generar conflicto y confusión entre la población. Algunos incluso sostienen que el Gobierno pretende utilizar a los colectivos de Libre, conocidos por su participación en protestas violentas en el pasado y durante lo que va del mandato de Castro, para confrontar a las y los manifestantes convocados por la sociedad civil. Estas acusaciones aumentan la polarización -reflejada en las redes sociales digitales en inmensas cadenas en las que incluso participan funcionarios hondureños- y el temor a posibles enfrentamientos y violencia durante las marchas.


La respuesta del Gobierno y las bases de Libre a estas acusaciones ha sido negar cualquier intención de generar violencia, destacando su supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción. Varios ministros y funcionarios de alto nivel han confirmado su participación y han expresado su apoyo a la convocatoria de movilización, enfatizando la importancia de aprobar la Ley de Justicia Tributaria y la instalación de una CICIH independiente y autónoma. No obstante, según información obtenida por la Redacción de COYUNTURA, el llamado de participación también es para trabajadores estatales, al menos de la capital hondureña.


Ante esta situación, varias organizaciones, entre ellas la Coalición Anticorrupción de Honduras (CAC) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), han emitido un comunicado expresando su preocupación por la estigmatización de las protestas y el temor a la restricción de los espacios cívico-democráticos. Además, denuncian amenazas a la integridad personal de miembros del equipo del CESPAD, organización que también apoya la lucha contra la corrupción en el país centroamericano. Tuvieron que cancelar su llamado a protestar "por seguridad", al considerar que la situación puede llevar a mayores conflictos y dificultar la construcción de consensos. No obstante, tanto la marcha convocada por el Gobierno y Libre como la que fue cancelada por la sociedad civil generan un fuerte impacto en la opinión pública y en el debate político en Honduras.


Honduras se encuentra inmersa en una situación de agitación y polarización debido a estas marchas convocadas de forma simultánea. Las acusaciones de generar conflicto y confusión entre la población han aumentado la tensión en el país. Ante este escenario, es fundamental garantizar la seguridad de las y los manifestantes y fomentar el diálogo constructivo para encontrar soluciones a los problemas de corrupción en Honduras.


Es vital señalar en este punto que hace dos meses, una protesta pacífica contra la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, en la zona sur de Honduras, bastó para que el Gobierno de la presidenta Castro tomará medidas drásticas y antidemocráticas en contra de la ciudadanía que disienta a sus propuestas, amenazando "con todo el peso de la ley" a quienes se manifestaron o pretendan hacerlo.


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