Según el acuerdo gubernativo 164-2021, todos los ciudadanos y entidades deberán separar cuidadosamente su basura en dos categorías fundamentales: desechos orgánicos y no orgánicos, antes de que los camiones recolectores realicen sus rondas habituales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
A partir del 11 de agosto del presente año, las y los guatemaltecos se embarcarán en un cambio trascendental en la gestión de sus desechos y residuos sólidos. Según lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 164-2021, todos los ciudadanos, entidades y empresas del país deberán clasificar minuciosamente su basura en dos categorías fundamentales: desechos orgánicos y no orgánicos, antes de que el camión recolector pase a recogerla. El objetivo detrás de esta nueva medida es fomentar una gestión más responsable y sostenible de los residuos, así como promover la conservación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.
El artículo 12 del Reglamento vinculado al acuerdo gubernativo mencionado, publicado el 10 de agosto de 2021, establece que tanto personas individuales como jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que produzcan residuos sólidos, están obligadas a separarlos en el momento de su generación. Esta separación implica distinguir entre residuos orgánicos y productos inorgánicos.
Los desechos orgánicos comprenden restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hortalizas, residuos de jardín, pastos, ramas, tierra de polvo y ceniza. Por otro lado, los productos inorgánicos incluyen papel, cartón, plásticos, vidrio y otros elementos que no contengan metales.
Las indicaciones para realizar esta clasificación son claras: los desechos orgánicos deben colocarse en contenedores o bolsas de color verde, mientras que los residuos no orgánicos deben ser dispuestos en recipientes de color negro. Este simple acto de separación se convierte en un paso fundamental para el cambio hacia una cultura de consumo más sostenible en Guatemala.
Ahora bien, surge la inevitable pregunta de qué sucederá si alguien o alguna entidad incumple con esta disposición. Para ello, el artículo 49 del Reglamento del Acuerdo 164-2021 deja claro que cualquier acción u omisión que implique el incumplimiento de estas normas puede considerarse una infracción, sujeta a sanciones.
El procedimiento para imponer sanciones es riguroso y se establece en el Reglamento de forma detallada:
Cualquier denuncia por incumplimiento de la clasificación de desechos será sometida a una verificación por parte de los departamentos técnicos especializados en la materia de cada institución para confirmar la existencia de la infracción.
Si la verificación confirma el incumplimiento, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) será el encargado de imponer las sanciones previstas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, siguiendo el procedimiento establecido en la misma.
En el caso de infracciones relacionadas con la salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aplicará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el Libro III del Código de Salud.
Las sanciones impuestas estarán directamente vinculadas con la gravedad de la infracción cometida. Entre las medidas punitivas se incluye la imposición de multas, cuyo monto se determinará con base en los salarios mínimos no agrícolas vigentes en la fecha de imposición y la magnitud del incumplimiento.
Asimismo, se establecerá un periodo para implementar medidas correctivas que permitan alcanzar el nivel de cumplimiento requerido. No obstante, si la acción u omisión constituye un posible delito, el funcionario público tiene la obligación de denunciarlo.
Es importante mencionar que las sanciones no solo se limitan a la esfera individual, sino que también aplican a las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, y a las entidades extranjeras.
La imparcialidad en la aplicación de las sanciones garantizará que todos los actores involucrados cumplan con la normativa establecida. Además, se prevé la creación de fondos privativos para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con los recursos provenientes de las sanciones impuestas. Estos fondos serán destinados a programas que busquen la conservación y mejora del medio ambiente, así como el bienestar de la población guatemalteca.
Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta normativa, el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes establece seis categorías de clasificación para los desechos: papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa y otros. No obstante, se abre la posibilidad de que las municipalidades determinen una clasificación secundaria, en base a un estudio específico de los desechos generados en cada jurisdicción.
El viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, Héctor Espinoza, afirma que la clasificación secundaria es una evolución de la primera clasificación implementada durante los dos años anteriores. Ahora, el enfoque se centra en adaptarse a la nueva clasificación y lograr una recolección más estratégica de los desechos.
El estudio de caracterización permitirá a las municipalidades conocer los tipos de residuos que generan los ciudadanos y determinar cómo organizar de manera óptima la recolección. De esta forma, se optimizará la gestión y el manejo de los desechos, lo que contribuirá significativamente a la conservación del medio ambiente.
El viceministro Espinoza destaca que la clave está en la conciencia ciudadana y en el entendimiento de que la separación adecuada de los desechos es esencial para que el proceso sea efectivo. Además, aclara que no es necesario colocar los seis contenedores o bolsas todos los días, ya que los materiales inorgánicos pueden acumularse hasta alcanzar una cantidad considerable antes de ser dispuestos para la recolección.
Guatemala se encuentra en el umbral de un importante cambio en la gestión de sus residuos y desechos sólidos. La implementación de la clasificación primaria y secundaria representa un paso significativo hacia una cultura de consumo más responsable y sostenible, que protegerá el medio ambiente y mejorará la calidad de vida de todos los guatemaltecos.
Con un enfoque en la educación ciudadana y el cumplimiento riguroso de la normativa, el país está encaminado hacia un futuro más limpio y saludable, desde casa.
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