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Informe revela deficiencias en la declaración de patrimonio de funcionarios públicos en El Salvador

El país centroamericano enfrenta desafíos significativos en el cumplimiento de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos, revela estudio de Acción Ciudadana. La limitada capacidad de supervisión, la falta de directrices claras y la ausencia de un portal digital dificultan la transparencia y la rendición de cuentas.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

San Salvador, El Salvador
Portada impresa del informe elaborado por Acción Ciudadana en El Salvador | Fotografía de Coyuntura
Portada impresa del informe elaborado por Acción Ciudadana en El Salvador | Fotografía de Coyuntura

La falta de cumplimiento en la presentación de declaraciones de patrimonio de las y los funcionarios públicos en El Salvador es objeto de preocupación. En este sentido, Acción Ciudadana, una organización dedicada a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, publicó este viernes 14 de julio en la capital del país centroamericano un estudio que revela varios hallazgos alarmantes en relación con el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los servidores públicos.


Uno de los principales problemas identificados en el informe es la limitada capacidad de la Sección de Probidad para llevar a cabo la verificación del patrimonio de las y los funcionarios públicos. Esta sección, encargada de garantizar la transparencia en la gestión pública, se enfrenta a importantes desafíos en su labor de supervisión debido a la falta de recursos y herramientas adecuadas.


En particular, el estudio señala que las directrices para la declaración de criptoactivos y los mecanismos de verificación no son claros ni precisos. Dada la creciente popularidad de las criptomonedas y su potencial para ocultar activos, es fundamental contar con pautas claras y procedimientos efectivos para garantizar la transparencia en este ámbito. La falta de claridad en este aspecto representa un riesgo significativo para El Salvador, ya que podría facilitar la comisión de actos de corrupción utilizando activos digitales.


Otro aspecto preocupante es la falta de un portal digital para presentar la declaración patrimonial. A diferencia de otros países que han implementado plataformas en línea para agilizar y facilitar este proceso, en El Salvador aún no se cuenta con esta herramienta. Además, no existe la obligación de presentar la declaración de manera anual, lo que limita la fiscalización y el seguimiento continuo de los cambios en el patrimonio de los funcionarios públicos.


El informe también revela datos relevantes sobre los niveles de cumplimiento en la presentación de las declaraciones de patrimonio en diferentes instituciones y momentos clave, como el inicio y el cese de funciones. En el Órgano Ejecutivo, se observa que la mayoría de los servidores públicos cumplen con la obligación de presentar su declaración al cesar funciones, mientras que en la toma de posesión hay mayores niveles de incumplimiento.


En cuanto a las instituciones autónomas y otras dependencias, el comportamiento es diferente, ya que se registran mayores niveles de cumplimiento en la toma de posesión, aunque de forma extemporánea, mientras que al cese de funciones se observa un mayor incumplimiento.


Es importante destacar que ciertos ministerios, como el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, concentran un mayor número de servidores públicos obligados a presentar su declaración de patrimonio.


En el caso del Órgano Legislativo, el informe muestra que, en las legislaturas anteriores, se registraron mayores niveles de cumplimiento al momento de la toma de posesión, tanto dentro del plazo establecido como de manera extemporánea. Sin embargo, al cese de funciones, se observa un mayor incumplimiento.


Además, se destaca que las y los diputados propietarios tienen un mayor cumplimiento en comparación con los diputados suplentes. En la legislatura actual, aún quedan pendientes de presentar su declaración nueve diputados propietarios y 11 diputados suplentes, sin que se haya iniciado un procedimiento sancionatorio en su contra.



La carga laboral de la Sección de Probidad también es un aspecto relevante que se desprende del informe. Se señala que, debido a la falta de recursos y personal, esta sección aún está revisando las declaraciones presentadas por las y los obligados en el año 2019, lo que implica un retraso significativo en la revisión de las declaraciones y en la detección temprana de posibles actos de enriquecimiento ilícito.


Actualmente, existen 15,161 declaraciones pendientes de revisar, desde el año 2020, según la documentación verificada por Acción Ciudadana. Esta situación refleja la dificultad que enfrenta el personal de la Sección de Probidad para cumplir con sus responsabilidades.


El informe también destaca la inoperancia del procedimiento de imposición de multas como un factor que contribuye al incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de patrimonio. La falta de sanciones efectivas y el bajo incentivo para el cumplimiento de esta obligación debilitan el sistema de control y promueven la impunidad en casos de posibles actos de corrupción.


En comparación con otros países de la región, El Salvador se encuentra rezagado en términos de presentación de declaraciones de patrimonio por parte de los servidores públicos. Mientras que en algunos países se exige la presentación anual de la declaración, en El Salvador solo se realiza en momentos específicos, lo que limita la capacidad de fiscalización y control. Además, la falta de herramientas virtuales para facilitar el cumplimiento de esta obligación contribuye a la baja tasa de presentación de declaraciones.


El estudio realizado por Acción Ciudadana pone de relieve una serie de deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de presentación de declaraciones de patrimonio por parte de los funcionarios públicos en El Salvador. La limitada capacidad de la Sección de Probidad, la falta de directrices claras para la declaración de criptoactivos, la ausencia de un portal digital y la inoperancia del sistema de multas son solo algunos de los problemas identificados.


Estas deficiencias representan un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas en el país y requieren acciones concretas por parte de las autoridades para fortalecer los mecanismos de control y prevenir la corrupción. El uso de tecnologías de la información, como la implementación de un portal digital, podría ser una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y la efectividad de la Sección de Probidad en su labor de supervisión y control del patrimonio de los funcionarios públicos.


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