Un reciente dictamen pericial presentado por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) a Human Rights Watch evidencia serias deficiencias en la investigación sobre la muerte de Jorge Muyshondt mientras estaba bajo custodia estatal, lo que ha extremado las sospechas sobre tortura y malos tratos, con dos actas de defunción entregadas por las autoridades salvadoreñas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El caso del exasesor presidencial Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez sigue sacudiendo a El Salvador y se convierte en un símbolo del abuso estatal y la falta de rendición de cuentas en los derechos humanos y la gestión pública de temas de seguridad e institucionalidad. Detenido a mediados del año 2023, permaneció en desaparición forzada durante meses hasta su eventual fallecimiento bajo custodia estatal en febrero de 2024. Las circunstancias alrededor de su muerte han levantado serias dudas sobre la responsabilidad de las autoridades y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Un informe presentado el miércoles 02 de octubre de 2024 por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) a Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, reveló graves deficiencias en la atención médica recibida por Muyshondt y la desorganización en los registros hospitalarios. Estas irregularidades dificultan una evaluación exhaustiva de las causas de su muerte y ponen en evidencia la opacidad con la que se ha manejado el caso. Además, el dictamen resalta la ausencia de una investigación adecuada por parte del Estado salvadoreño, lo cual es particularmente preocupante dado el contexto de su desaparición forzada y las denuncias de tortura durante su detención.
Jorge Alejandro Muyshondt -salvadoreño nacido el 12 de febrero de 1977, descendiente de un abuelo belga, especialista en informática, y nombrado asesor nacional de seguridad al inicio del primer mandato del presidente Nayib Bukele- fue detenido el 09 de agosto de 2023 por la policía salvadoreña y, desde entonces, fue mantenido en régimen de incomunicación. Esta situación constituye una desaparición forzada, un delito internacionalmente reconocido que viola el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Según las normas internacionales, cuando una persona es detenida, el Estado tiene la obligación de garantizar su integridad física y mental. Sin embargo, en el caso de Muyshondt, las autoridades no solo fallaron en esta responsabilidad, sino que además lo mantuvieron en secreto, negando su paradero y su condición a su familia, como suele pasar muy a menudo en Nicaragua, por ejemplo.
El Salvador, como signatario de tratados internacionales de derechos humanos, está obligado a prevenir y sancionar la desaparición forzada. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que cualquier persona privada de su libertad debe ser registrada inmediatamente y sus familiares deben ser informados sobre su detención y estado de salud. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado salvadoreño en el caso de Muyshondt es un indicio de negligencia, si no de complicidad, en su muerte.
Tras varios meses de desaparición forzada, Muyshondt fue trasladado al hospital el 28 de septiembre de 2023 con síntomas alarmantes: meningitis, hemorragia cerebral y fallo multiorgánico. Según el dictamen del IRCT, los registros médicos, que incluyen más de mil páginas de notas y resultados de exámenes, están plagados de errores, inconsistencias y omisiones. La falta de pruebas radiológicas y de laboratorio clave imposibilita confirmar diagnósticos como la hipertensión arterial, la neoplasia gástrica y el fallo multiorgánico. Esto no solo pone en duda la calidad de la atención que recibió, sino que además oculta potenciales evidencias de maltrato o negligencia durante su tiempo bajo custodia.
El informe resalta que uno de los mayores problemas fue la ausencia de estudios complementarios para determinar las causas de la hemorragia cerebral. Aunque el traumatismo craneoencefálico es una causa común de hemorragia cerebral, no hay registros que confirmen si Muyshondt sufrió algún golpe o lesión durante su detención. Este vacío es particularmente grave, ya que podría ser indicativo de tortura sistemática y malos tratos, una sospecha que ha estado presente desde su ingreso hospitalario.
El Estado salvadoreño, además de proporcionar una atención médica adecuada, tenía el deber de llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Muyshondt. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha entregado a la familia el informe post mortem ni se les ha brindado acceso a los resultados de la investigación. Esta falta de transparencia viola el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad, un principio fundamental establecido por el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
Obligaciones internacionales y la presunción de responsabilidad estatal
En casos como el de Muyshondt, donde una persona fallece bajo custodia estatal, existe una presunción de responsabilidad por parte del Estado. Esta presunción solo puede refutarse mediante una investigación adecuada que demuestre que las autoridades cumplieron con todas sus obligaciones para proteger la vida del detenido. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), al que El Salvador está suscrito, exige que se realicen investigaciones rápidas, imparciales e independientes en situaciones de muerte bajo custodia. Sin embargo, el silencio del Estado y la falta de avances en la investigación refuerzan las sospechas de una privación arbitraria de la vida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) fue clara al establecer que, cuando una persona muere bajo custodia del Estado, las autoridades deben actuar de oficio para investigar el caso y brindar a la familia de la víctima acceso total a la información. En el caso de Muyshondt, las autoridades no solo han fallado en cumplir con este deber, sino que han negado la participación de la familia en el proceso, lo que agrava aún más la situación.
El informe del IRCT concluye con una serie de recomendaciones clave para asegurar que se haga justicia en el caso de Muyshondt. Entre ellas, destaca la necesidad de entregar todos los historiales médicos a la familia, llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su muerte, y proceder a la exhumación del cuerpo, si es necesario, para esclarecer las causas de su fallecimiento. Estas medidas son fundamentales para garantizar que la verdad salga a la luz y que se tomen las acciones necesarias para castigar a los responsables.
El caso de Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez es un recordatorio de los peligros que enfrentan los ciudadanos cuando el Estado abusa de su poder y evade la rendición de cuentas. La desaparición forzada y la posterior muerte de Muyshondt bajo custodia estatal no solo representa una tragedia personal, sino un fallo sistémico en la protección de los derechos humanos en El Salvador. De él, el recuerdo público más fuerte que ahora queda son dos fotografías de su cuerpo, ya sin vida, con varios cortes sin sentido. Su última intervención médica -luego de al menos siete visitas al quirófano- fue un raspado de médula ósea.
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