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Integración, la sexta fase del plan de seguridad del presidente Nayib Bukele para El Salvador

Para ejecutar esa sexta fase se creará la Dirección Nacional de Integración, la cual será dirigida por el argentino Alejandro Gutman, que encabeza la organización no gubernamental Fundación Forever. Dicho órgano, anunciado hace una semana por el mandatario salvadoreño, implica derogar la Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, aprobada por el propio Nayib Bukele en el año 2019, y que fue elaborada por Gutman.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

San Salvador, El Salvador
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

En un emotivo anuncio durante las celebraciones de los 202 años de independencia patria de Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer el inicio de la sexta fase de su plan de seguridad, denominada "Integración". Esta iniciativa, que busca abordar las necesidades a medio y largo plazo de la población desfavorecida, representa un compromiso importante del Gobierno salvadoreño con una inversión anual de 30 millones de dólares, según el oficialismo. La nueva fase del Plan Control Territorial será ejecutada por la recién anunciada Dirección Nacional de Integración, dirigida por el argentino Alejandro Gutman, líder de la organización no gubernamental Fundación Forever. Gutman, con más de 20 años de experiencia trabajando en comunidades desfavorecidas, ha ayudado a miles de jóvenes a encontrar oportunidades de crecimiento. Tiene todo el apoyo del presidente Bukele y de la Asamblea Legislativa en su plan.


El mandatario salvadoreño destacó el viernes 15 de septiembre la importancia de la colaboración entre el Estado, las empresas privadas, las universidades y otros sectores de la sociedad para combatir la pobreza, que se considera una de las principales causas de la inseguridad en el país centroamericano. Además, hizo un llamado a colaboradores locales e internacionales y a "gobiernos amigos" para que apoyen los objetivos de este ambicioso plan, luego de "limpiar" las calles y desarticular a las maras y pandillas gracias al indefinido Régimen de Excepción.


Uno de los objetivos principales de la sexta fase es eliminar las "barreras invisibles" que persisten en las comunidades salvadoreñas, buscando una integración más completa de la población en todo el país. El presidente Bukele enfatizó que, al asumir el cargo, la inseguridad era el problema más urgente de El Salvador, y a lo largo de su mandato, han logrado como administración reducir las "fronteras invisibles" que separaban a las comunidades.


Además de la integración social, el presidente aclaró que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) no desaparecerá, sino que será renovado y mejorado para ofrecer un servicio de mayor calidad y alcance. Se destinarán 12 millones de dólares del presupuesto del INSAFORP al "nuevo INSAFORP", 30 millones para el Plan Control Territorial y la Dirección Nacional de Integración, y 18 millones para la digitalización del sistema educativo.


El proyecto de ley del Sistema Nacional de Integración se enfoca en políticas que reduzcan la pobreza y promuevan el desarrollo social, centrándose en la formación vocacional, técnica y profesional, según jerarcas del oficialismo.


Logros en seguridad y migración irregular


El presidente Bukele resaltó los logros en seguridad durante su mandato, afirmando que El Salvador se ha convertido en un referente de superación y que es el país más seguro de América Latina. Destacó la reducción de la migración irregular y mencionó que han dejado de figurar en el "top 10" de países más violentos. Esta afirmación es respaldada por las estadísticas que muestran una disminución significativa en los homicidios.


En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con 5,656 homicidios, equivalente a 106 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, gracias a una política de mano dura contra las pandillas y al estado de excepción impuesto por el presidente Bukele, la Policía Nacional registró solo 142 homicidios entre enero y septiembre de este año, lo que representa un 72 % menos que en el mismo período de 2022. Incluso se han registrado días sin homicidios en el mes actual.


El estado de excepción, que suspende ciertos derechos fundamentales, ha permitido el arresto de más de 72,000 supuestos pandilleros o colaboradores, aunque más de 7,000 de ellos quedaron en libertad por falta de pruebas.


Polémica por la "megacárcel" sigue


El anuncio de la "megacárcel" en El Salvador, llamada el Centro de Confinamiento del Terrorismo, generó un debate intenso tanto a nivel nacional como internacional. Y la polémica hasta la fecha sigue. Esta prisión, presentada como una de las más grandes del mundo, ha suscitado más preocupaciones y críticas.


Según el World Prison Brief, El Salvador ya tenía una alta tasa de prisioneros en relación con su población, con un promedio de 605 prisioneros por cada 100,000 habitantes. No obstante, la construcción de la megacárcel, a pesar de su tamaño, no resolverá el problema del hacinamiento carcelario en el país centroamericano.


Expertos y analistas han expresado a COYUNTURA y a otros medios de comunicación independiente su preocupación por las implicaciones sociales y políticas de este proyecto. Algunos lo comparan con un campo de concentración y lo ven como parte de una narrativa que busca justificar el poder absoluto del Gobierno con Bukele al mando, quien busca desde ya su reelección presidencial, a pesar de que la Constitución la prohibe en varias ocasiones.


El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza, mostró con orgullo las instalaciones de la prisión cuando fue inaugurada, incluyendo un "área de aislamiento extremo" donde los reclusos están en completa oscuridad, una práctica rechazada por la comunidad internacional y defensores de los derechos humanos en Centroamérica. Es importante destacar que Luna Meza y otros funcionarios del Gobierno salvadoreño han sido sancionados por los Estados Unidos de América (EE.UU.) por corrupción y conducta antidemocrática.


Las críticas también han llegado desde otros países, como Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la megacárcel y destacó la importancia de abordar el problema de la criminalidad a través de la educación y la creación de oportunidades.

El presidente Bukele, por su parte, defendió su enfoque en los resultados y desafió a Colombia a reducir las tasas de homicidio como lo ha logrado El Salvador.


Por otro lado, el anuncio de la sexta fase del Plan Control Territorial "Integración" en El Salvador marca un paso importante en los esfuerzos del mandatario salvadoreño por abordar la inseguridad y la pobreza en el país. La inversión anual de 30 millones de dólares y la creación de la Dirección Nacional de Integración reflejan un compromiso significativo para mejorar las condiciones de vida de la población desfavorecida, pero el plan aún no está claro.


Mientras que las estadísticas muestran una reducción en la violencia, el enfoque en el encarcelamiento masivo sigue aumentando las preocupaciones sobre los derechos humanos y el hacinamiento carcelario.


El debate sobre la eficacia de las políticas de mano dura y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la criminalidad sigue siendo un tema importante en El Salvador y en otros países de la región. La educación, la creación de oportunidades y la integración social son elementos clave que deben considerarse en cualquier estrategia a largo plazo para mejorar la seguridad y el bienestar de la población. El camino hacia un El Salvador más seguro y próspero sigue siendo un desafío complejo que requerirá un enfoque integral y la colaboración de múltiples actores, tanto nacionales como internacionales.


En ese sentido, ya es momento de que Bukele pare con sus insultos y descalificaciones a los derechos humanos y a quienes los protegen. La integración también deriva y depende de la diversidad de voces y oportunidades.


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