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La falsa paridad de género en Nicaragua bajo el cuarto mandato del sandinista Daniel Ortega

El mandatario revolucionario está rodeado de muchas mujeres y muchos hombres, pero no por igual. Mientras en las 153 municipalidades de toda Nicaragua hay 77 alcaldesas y 76 alcaldes, y en la Asamblea Nacional hay 49 diputadas propietarias y 42 diputados propietarios, según el oficialismo, la mayor parte de las instituciones gubernamentales (33 de un total de 65) están dirigidas por hombres, ilustrando con cargos estatales la falsa paridad de género en el país centroamericano bajo la administración sandinista.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

El régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua ha sido elogiado durante los últimos años por su supuesto compromiso con la paridad de género en la política y la institucionalidad. Sin embargo, una mirada más cercana a las cifras de la actual administración, con Ortega en su cuarto mandato consecutivo y su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta por segunda ocasión, revela una paridad falsa y plantea preguntas sobre el verdadero empoderamiento de las mujeres en puestos de alto poder.


En los municipios de Nicaragua, las cifras aparentan la paridad de género impulsada por la administración Ortega-Murillo, ya que de los 153 alcaldes y alcaldesas, 77 son mujeres y 76 son hombres, mientras de un total de 6,088 concejales, 3,044 son mujeres y 3,044 son varones. Esto indica que las mujeres ocupan la mitad de los puestos de liderazgo a nivel local, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como autoridad en el 100 % de las municipalidades.


Por otro lado, en la Asamblea Nacional, según su registro digital, hay un total de 49 diputadas y 42 diputados propietarios, mientras 10 de las 16 comisiones legislativas especiales son encabezadas por mujeres.


Sin embargo, es importante examinar con mayor detenimiento la influencia y el poder que estas alcaldesas y diputadas tienen en la toma de decisiones en sus municipios y curules. En muchos casos, se ha argumentado que aunque las mujeres ocupan estos cargos, su capacidad para influir en políticas y decisiones clave puede estar confinado, tal es el ejemplo de la alcaldesa de la municipalidad de Managua, Reyna Rueda, quien vive a la sombra del todopoderoso y siempre fiel operador del FSLN, Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía capitalina. O el caso mismo de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en donde, aunque hay cuatro mujeres y tres hombres, las decisiones recaen siempre sobre el diputado sandinista Gustavo Porras, presidente del órgano Legislativo.


Analistas consultados por esta Redacción alegan que las mujeres son "utilizadas" para dar la impresión de igualdad de género, pero su influencia real en la política local y nacional es realmente limitada.


Nicaragua se enorgullece de tener una Asamblea Nacional con una representación notablemente equitativa en términos de género. Según datos de la Unión Interparlamentaria para el año 2021, Nicaragua tenía ya la mayor proporción de mujeres en su parlamento, con un 50.6 % de los escaños ocupados por mujeres. En 2023, la cifra aumentó al 53.85 %.


En el Día Internacional de la Mujer en el año 2012, la administración sandinista aprobó la Ley 50-50, una normativa que mandata que el 50 % de los "cargos electivos" deben ser ocupados por mujeres. Desde entonces, la mitad de todas las candidaturas son ocupadas por féminas. "Este mandato de paridad de género ha tenido el efecto previsto en todos los ámbitos. Hoy, las mujeres representan más del 50 % del Poder Judicial, el Ejecutivo de Gobierno, la Asamblea Nacional, alcaldes, vicealcaldes y Consejos Municipales", dijo en el año 2022 la diputada sandinista Flor de María Avellán Martínez.


"Ocupan muchos de los más importantes cargos, incluyendo el de vicepresidenta del país, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), fiscal general, ministra de Defensa y ministra de Gobernación. Más de la mitad de los integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y del Banco Central son mujeres", señaló la legisladora, quien pertenece a dos comisiones especiales en la Asamblea, con una de ellas liderada por otra mujer. "También se destaca la participación de mujeres indígenas y afrodescendientes en todos los niveles de Gobierno; nacional, regional y local, incluido el hecho que actualmente los dos Gobiernos Regionales Autónomos están dirigidos por mujeres indígenas: una mujer miskita en la Costa Caribe Norte y una mujer ulwa en la Costa Caribe Sur", agregó en una rueda de prensa a la que solo tuvo acceso la prensa oficialista.


"Estas estadísticas subrayan el hecho de que las mujeres están firmemente en el liderazgo", afirmó la diputada oficialista Shaira Natasha Downs Morgan, miembro afrodescendiente de la Asamblea Nacional, electa para representar a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. "Estamos invirtiendo nuestros talentos, creatividad, conocimiento y capacidad en la construcción de un futuro mejor y más brillante para todo nuestro pueblo nicaragüense", añadió Downs.


Esto bien podría interpretarse como un avance significativo hacia la igualdad de género en la política y en la institucionalidad del país centroamericano. No obstante, la realidad legislativa y municipal no es la misma que se vive en los diversos sectores institucionales de primer nivel gubernamental.


Según una documentación realizada para el presente reportaje, de al menos 65 ministerios, secretarías y entidades descentralizadas que existen en Nicaragua, entre infraestructura, sector social y productivo, y los servicios nacionales, 27 de estas instituciones estatales están dirigidas por mujeres. Esto representa el 41.54 % de las direcciones, que no son de elección popular sino por mandato del Ejecutivo u otros Poderes del Estado. Por otro lado, el "Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional" del comandante Ortega y la compañera Rosario tiene a 33 hombres como directivos gubernamentales (50.77 %), mientras cinco instituciones estatales tienen una dirección desconocida hasta la fecha (7.69 %).


Las mujeres que deciden, pero solo en el sector social


"Sabemos que, en el caso de las alcaldías de todo el país y los curules legislativos en la Asamblea Nacional, las mujeres en puestos de poder están relegadas a solo ser figuras que ejecutan y divulgan las decisiones de la pareja dictatorial. Poco improvisan o deciden de forma libre. Pero, con este nuevo dato ilustrado por ustedes, es evidente que va más allá de los puestos de elección popular. Daniel Ortega, al parecer, solo confía en las mujeres para instituciones del sector social", señala una especialista en transparencia y gobernanza de origen hondureño, consultada bajo anonimato para este texto.


La también periodista se refiere a que, según la presente investigación, el sector comunitario es el que cuenta con el mayor número de ministras, directoras o presidentas ejecutivas, con nueve en un total de 15 entidades gubernamentales.


Por otro lado, en el sector infraestructura, la administración sandinista actualmente solo tiene una jerarca en un total de 10 instancias que conforman dicha fracción estatal. Es el caso de Nahima Janett Díaz Flores, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).


Asimismo, en el sector productivo de Nicaragua, de 15 entidades solamente cinco son dirigidas por mujeres, mientras tres de estas instituciones gubernamentales, el Fondo de Desarrollo Pesquero (FDP), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), pasaron a ser órganos dependientes del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), bajo la dirección de la ministra Justa del Rosario Pérez Acuña, aunque se desconoce hasta la fecha quienes coordinan las operaciones directas de los entes subrayados anteriormente.


Mientras tanto, en el sector de los servicios nacionales -donde se incluye a órganos como la Asamblea Nacional, el Ministerio de Defensa (MIDEF), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), la Policía Nacional (PN), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), la Radio Nacional (Radio Nicaragua), el principal canal de televisión estatal (Canal 6 de Nicaragua), entre otras instituciones-, de los 25 órganos contabilizados en dicho bloque gubernamental, solamente 12 son dirigidos por una mujer, incluyendo la Vicepresidencia, el Ministerio Público (MP), el CSE y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. "Entonces, si te fijas bien, entre líneas, son puestos casi que relacionados con un rol materno-social. En temas de justicia y represión institucional, las escogidas son mujeres. Incluso en el Ministerio de Defensa (con la ministra Rosa Adelina Barahona Castro al frente). Pero, en cuanto a dinero, diplomacia, inversión pública, Hacienda y las fuerzas armadas, la confianza para el error mínimo recae solo en hombres", señala la especialista consultada.


Analizando esta representación numérica, sencillamente la paridad de género no se cumple en los puestos de poder gubernamental de Nicaragua. Al menos no en el sentido gerencial, que al final se traduce en un papel poco efectivo en la toma de decisiones para las mujeres.


La paradoja de la paridad de género en Nicaragua radica en la aparente igualdad numérica de mujeres y hombres en cargos políticos (municipales y legislativos) frente a la posibilidad de que las mujeres no tengan una influencia significativa en la formulación de políticas o en la toma de decisiones importantes, también desde órganos estatales de suma relevancia para la vida diaria de las y los ciudadanos, y en el desarrollo general del país. O que solo tengan esa incidencia en el sector social, siendo este en el que más mujeres hay dirigiendo órganos gubernamentales.



Pero la limitación más importante para la participación política efectiva de las mujeres en Nicaragua está relacionada con la concentración del poder en el mandatario Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y su círculo cercano (familia y aliados gubernamentales). La toma de decisiones fundamentales sigue siendo prerrogativa del Gobierno central, en manos del FSLN desde hace cuatro períodos presidenciales, lo que reduce la capacidad de influencia. "Todo debe pasar por ellos (Ortega y Murillo), y si no es así, las y los funcionarios se enfrentan a consecuencias como la cárcel", señala un periodista independiente nicaragüense consultado para este trabajo. Pone de ejemplo el caso de Adolfo Marenco, quien fue el jefe de la Dirección de Investigación e Inteligencia de la Policía Nacional hasta noviembre del año 2022.


Una realidad contrastante


Mientras Ortega se exalta por sus propios "avances" en cuanto a los derechos y libertades de las mujeres de Nicaragua, organizaciones de derechos humanos han informado sobre un aumento significativo de la violencia de género, de los femicidios y de los femicidios frustrados durante los últimos años. Las mujeres se enfrentan a un entorno cada vez más peligroso en el país, y el régimen sandinista no ha implementado medidas efectivas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres.


En medio de la clausura de más de 3,500 organizaciones no gubernamentales y el fin de al menos 20 programas locales en pro de la igualdad de género, el cierre masivo de albergues de víctimas de violencia ha dejado a las mujeres sin lugares seguros a los que acudir cuando sus vidas están en peligro, principalmente en zonas rurales. Muchas organizaciones que brindaban apoyo a mujeres han sido canceladas o perseguidas por las instituciones gubernamentales -entre ellas el Ministerio de Gobernación (MIGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), dirigidas por María Amelia Coronel Kinloch y Wendy Carolina Morales Urbina, respectivamente-, lo que ha debilitado aún más la red de seguridad para las víctimas de violencia de género y para las mujeres y niñas de todo el territorio.


Defender los derechos humanos en Nicaragua, especialmente para las mujeres, conlleva un alto riesgo. Aquellas mujeres que critican públicamente a la administración de Ortega enfrentan represalias y persecución sistemática. En ese sentido, la Ley de Agentes Extranjeros, que fue aprobada en 2020, ha sido utilizada para obstaculizar la labor de organizaciones de derechos humanos y activistas, incluyendo a muchas mujeres valientes.


El asedio a la sociedad civil y la falta de libertades básicas afectan gravemente el empoderamiento de las mujeres en Nicaragua. A pesar de ocupar cargos en la administración central, muchas se encuentran en situaciones delicadas y están lejos de poder ejercer su poder de manera efectiva, bajo la manipulación y vigilancia constante del Gobierno central.


A pesar de la presencia de mujeres en posiciones de poder en el Gobierno de Nicaragua, el país aún enfrenta desafíos en lo que respecta a la igualdad de género. El Índice Global de Brecha de Género es una herramienta que evalúa la división de los recursos y oportunidades entre hombres y mujeres en 155 países. Mide el tamaño de la brecha en áreas como la participación en la economía, el mundo laboral cualificado, la política, el acceso a la educación y la esperanza de vida. En ese sentido, Nicaragua ha logrado un progreso significativo en la reducción de la brecha de género, según cifras oficiales, ubicándose en la séptima posición a nivel mundial en dicho informe, con una brecha de género del 81 %, y un 97,8 % de paridad en la salud y supervivencia -según el Foro Económico Mundial-, a pesar de que servicios de salud esenciales para la vida de las mujeres, como la interrupción del embarazo ante un peligro o violación, están totalmente penalizados en el país, desde que Ortega retornó al Poder Ejecutivo en el año 2007.


En cualquier caso, durante el año 2022 un total de 60 mujeres y niñas nicaragüenses fueron asesinadas dentro y fuera del territorio nacional. Otras 74 víctimas de femicidio se registraron en 2023, según el Observatorio "Voces" de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Sobre esa violencia y la paridad de género en las instituciones gubernamentales de Nicaragua intentamos hablar con tres mujeres jerarcas del sector social. Ninguna respondió. Ni siquiera la sandinista Jessica Yaoska Padilla Leiva, ministra del Ministerio de la Mujer.


 

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