Organizaciones, universidades, oficinas, negocios, centros de atención a víctimas, viviendas particulares, edificios diplomáticos y hasta redacciones independientes. La administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desde noviembre del año 2018 hasta la fecha ha confiscado más de 100 propiedades privadas que ahora pertenecen a instituciones del Estado de Nicaragua, la mayor parte de ellas relacionadas a la cancelación jurídica de casi 3,500 organizaciones no gubernamentales hasta inicios de noviembre de 2023. La Redacción de COYUNTURA ilustra un mapa de la versión 2.0 de "La Piñata" en el país centroamericano, en donde el derecho a la propiedad privada ahora está por completo en manos del sandinismo, impulsando así más control social al acaparar los servicios y ayudas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La propiedad ha sido desde hace muchos años uno de los temas más polémicos e importantes en la coyuntura de Nicaragua. Por los múltiples y conflictivos intereses que están en juego -y también por la cantidad de información que gira en torno al tema-, además de los procesos administrativos y jurídicos poco claros que durante años lo acompañan, es una de las situaciones más difíciles de entender. Y ya son muchas las ocasiones en las que esa confusión y el arrebato mismo de la propiedad privada son utilizados por el poder y el Estado para sancionar y enriquecerse. Pero el Artículo 44 de la Constitución de la República es claro en ese asunto. "Se prohíbe la confiscación de bienes", cita. "Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos", añade la Carta Magna.
Desde la década de 1890, Nicaragua ha experimentado una serie de conflictos políticos y militares que a menudo han resultado en la confiscación de tierras, propiedades y otros recursos, los cuales, a ciencia cierta, tienen un número exacto desconocido, y una pertenencia aún más imprecisa. Una de las pugnas más significativas del país centroamericano fue la Guerra Constitucionalista entre 1926 y 1933, durante la cual el Estado confiscó tierras y propiedades pertenecientes a aquellos que se oponían al régimen. También hubo confiscaciones masivas durante la Revolución Ciudadana de la década de 1980, cuando la administración sandinista confiscó tierras y empresas que eran propiedad de la oligarquía nicaragüense y de empresas o personas extranjeras o disidentes. Según algunas estimaciones, durante la Revolución se confiscaron alrededor de 1,5 millones de acres de tierra, así como muchas empresas y propiedades pertenecientes a la élite del país. Sin embargo, las cifras exactas son difíciles de determinar debido a la falta de registros precisos y a la naturaleza política de muchas de las confiscaciones.
Según cita el registro de la Revista Envío, Jaime Wheelock Román, exministro de Desarrollo y Reforma Agraria (MIDINRA), aseguró que la reforma agraria sandinista distribuyó alrededor de seis mil propiedades agrícolas, que sumaban en total unas tres millones de manzanas. La mayoría de esas tierras -dos millones 300 mil manzanas- fueron distribuidas aproximadamente a 80 mil familias. Con las 700 mil manzanas restantes se conformaron las corporaciones agrícolas del Área de Propiedad del Pueblo (APP), una instancia con datos exactos también desconocidos. No obstante, de esas zonas restantes, según Wheelock, unas 300 mil manzanas quedaron abandonadas por encontrarse en zonas de guerra. Pero esa cifra del área total del APP contrasta hasta el día de hoy significativamente con el mismo dato, dado por el entonces ministerio de la administración sandinista: en 1988 cifró el área en 948 mil 200 manzanas.
Durante la época de la dictadura de Anastasio Somoza García (1937-1956), el Estado aprobó la Ley de Reforma Agraria de 1944, que establecía el derecho del Estado a expropiar tierras y propiedades de aquellos que no las estuvieran utilizando adecuadamente, según los argumentos de quien juzgaba entonces. Esta ley permitió la confiscación de grandes extensiones de tierras pertenecientes a las élites empresariales y terratenientes, y su redistribución a campesinos y trabajadores agrícolas, en su gran mayoría.
En el caso de la Revolución, la burocracia sandinista aprobó una serie de leyes que respaldaban las confiscaciones de tierras y propiedades de lo que llamaron la "oligarquía" nicaragüense, de empresas extranjeras y disidentes. La Ley de Emergencia Nacional de 1982, por ejemplo, establecía la confiscación de propiedades pertenecientes a aquellos que estaban "conspirando" contra la administración o "apoyando" a la Contra -un grupo armado "anticomunista" que luchaba contra la administración sandinista-.
Pero el fantasma de las confiscaciones en Nicaragua ya no es más un espectro. Hoy es igual de real que hace 40 años. Y sus repercusiones siguen en aumento.
Al mejor estilo de los años ochenta, desde el año 2018, cuando estallaron en las calles del país movimientos contra el Poder Ejecutivo y su respuesta a diversas crisis que terminaron desatando la represión estatal, la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ahora en su cuarto mandato consecutivo, han requisado, incautado y usurpado al menos 100 propiedades que eran privadas, según una contabilización realizada por el equipo de COYUNTURA para esta investigación. La medida está dirigida a personas jurídicas y civiles que obstaculicen, critiquen o amenacen la permanencia en el poder de la pareja copresidencial, en algunos casos sin un "soporte" legal, pero siempre con la complicidad de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Gobernación (MIGOB), la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) y otras entidades del Estado, en una operación judicial "sin precedentes" en el país centroamericano y la región.
No obstante, la Constitución Política de Nicaragua prohibe la confiscación. El Artículo 44 señala que los bienes inmuebles sólo "por causa de utilidad pública o de interés social pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización".
El "modus operandi" es más "inteligente" esta ocasión
La mayor parte de las propiedades documentadas por este medio fueron confiscadas de manera arbitraria por la PGR luego de que el MIGOB -controlado por la ministra María Amelia Coronel Kinloch desde el año 2017- o el Poder Legislativo ordenaran por decreto la eliminación de la personalidad jurídica de casi 3,500 organizaciones sin fines de lucro en todo el territorio. Según los datos recopilados por COYUNTURA, también desde abril de 2018 se registra el despojo de al menos 15 recintos universitarios, junto a la cancelación de las operaciones y el traspaso de la gerencia (como una nueva entidad) de 27 casas de estudios superiores, ahora en manos del oficialismo.
El régimen Ortega-Murillo ha ordenado que gran parte de estas instalaciones, edificios, viviendas u oficinas particulares pasen a ser propiedad del Estado a través de varias de sus instituciones gracias a la complicidad de funcionarios sumisos. El Consejo Nacional de Universidades (CNU); el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA); el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC); el Ministerio de Salud (MINSA); el Ministerio de Educación (MINED); el Ministerio de la Familia; la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua); la Alcaldía de Managua; y el Ejército de Nicaragua. Los inmuebles y muebles pasaron a pertenecer en su gran mayoría a estas entidades sandinistas.
Un puñado de esas propiedades confiscadas (al menos 25 de ellas) fueron entregadas por la administración orteguista al CNU; le sigue el MARENA y el MINSA en número de complicidades, siendo este último el que más actos públicos ha realizado para "estrenar" nuevas instalaciones, dos de ellas en las antiguas redacciones de los medios de comunicación Confidencial y 100 % Noticias. Mientras tanto, de más de 20 propiedades se desconoce a que instancias o personas les fue cedida. La Alcaldía de Managua se hizo de al menos cuatro inmuebles, según una documentación realizada a partir de resoluciones de la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Gobernación, e informes de oenegés e investigaciones periodísticas.
La administración sandinista ha declarado ilegítimas dichas instituciones embargadas en base a la Ley No. 147, Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua; la Ley No. 977, Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y la Ley No. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
El "modus operandi", según opositores y analistas, siempre es el mismo. Luego de la anulación parlamentaria o ministerial, la Policía Nacional se toma las instalaciones confiscadas. Según fuentes confidenciales consultadas para este reporte, al inicio fueron operaciones "a ciegas" y sin "enemigos" claros. En noviembre de 2021, relata bajo anonimato una exfuncionaria del MIGOB, se "consolidó" el sistema operativo para desmontar a las instituciones no estatales, en una maniobra judicial que no tiene precedentes, más allá de la famosa "Piñata", cuando el régimen sandinista, durante su primer mandato antes de la década de los 2000, confiscó incalculables propiedades, entre ellas la actual vivienda del mandatario sandinista y su familia en "El Carmen", una zona altamente protegida en la ciudad de Managua.
"Ahora es más ordenado y tiene un sentido destructor", señala la fuente. "Lo vimos con la ola de universidades y organizaciones que no realizan labores partidarias o politizadas. El punto clave fue la labor humanista y la conciencia social", explica.
Hasta mayo de 2022, el marco regulatorio de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua estaba definido por la Ley No. 147. Esta normativa establecía que la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones solo podía ser realizada por la Asamblea Nacional, previa consulta al MIGOB. Antes de la cancelación, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones podía imponer sanciones administrativas como multas o intervenciones temporales para corregir irregularidades. Sin embargo, la Ley No. 1115, que reemplazó a la Ley No. 147 en dicho año, eliminó la posibilidad de corregir errores y amplió las causales de cancelación, estableciendo que los bienes de las organizaciones canceladas pasarían al Estado, salvo en casos de liquidación y disolución voluntarias.
La Ley No. 1115 otorgó a la Asamblea Nacional la facultad de cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones sin fines de lucro, tanto a solicitud de la organización misma como a solicitud del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, una reforma en agosto de 2022, mediante la Ley No. 1127, transfirió de forma directa esa facultad al MIGOB, que puede aprobar la cancelación a través de un Acuerdo Ministerial. La nueva ley también aumentó los requisitos para obtener la personalidad jurídica e impuso una serie de obligaciones onerosas a las organizaciones, lo que afecta su capacidad para llevar a cabo sus actividades. Además, la Ley No. 1115 prohibió una serie de acciones sin definirlas claramente, lo que deja espacio para la discreción en su aplicación, resultando en el hostigamiento de organizaciones críticas.
A raíz de la entrada en vigor de la Ley No. 1115 en 2022, se observó un drástico aumento en el número de cancelaciones de organizaciones sin fines de lucro, tanto por la Asamblea Nacional como por el Ministerio de Gobernación, lo que generó preocupación por la restricción de la libertad de asociación y expresión, así como por la confiscación de facto de los bienes de estas organizaciones, sin importar que, tras su abolición jurídica, varias de ellas donaron sus bienes a otras causas y entidades aún "legítimas" -por reconstrucción en base a la Ley No. 1040, Ley de Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes Extranjeros-.
En marzo de 2023, la Fundación del Río reveló datos preliminares que arrojaron luz sobre las devastadoras consecuencias de la cancelación en masa de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Estas cifras estiman pérdidas económicas millonarias, pero el impacto más grave recae en la población, principalmente rural. Durante el período comprendido entre noviembre de 2018 y marzo de 2023, un total de 3,321 oenegés fueron canceladas, generando una pérdida económica de aproximadamente 250 millones de dólares. Más preocupante aún, esta medida afectó a 3.5 millones de ciudadanos que eran beneficiarios de estas organizaciones, resultando incluso en la pérdida directa de empleo para unas 23,483 personas.
Uno de los casos más emblemáticos de este tipo de represión es el de Ana Quirós Víquez, quien sufrió una brutal agresión durante la primera protesta en contra de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en 2018. Quirós, una defensora de derechos humanos y feminista, sufrió lesiones graves que la dejaron con secuelas en su mano derecha. Fue despojada de su nacionalidad nicaragüense y desterrada a Costa Rica por las autoridades. Ella era la directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), cuya personería jurídica fue cancelada. A CISAS le confiscaron propiedades y equipos valuados en alrededor de un millón de dólares. También el sandinismo ha expulsado, en medio de las operaciones de confiscación, a directivos de la Cruz Roja, miembros del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y trabajadores de misiones religiosas que funcionaban en diversas zonas rurales de todo el territorio.
Amaru Ruiz Alemán, presidente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (conocida como Fundación del Río), es otro de los afectados. Esta organización ha perdido al menos 22 propiedades, incluyendo radios comunitarias, un hotel y áreas de conservación forestal que abarcan 750 hectáreas. Ruiz estima que las expropiaciones a su organización -que ahora funciona desde el exilio- superan los 1.5 millones de dólares.
Además de las pérdidas económicas, la Ley No. 1040, impuesta por el régimen orteguista en La Gaceta - Diario Oficial el lunes 19 de octubre del año 2020, ha tenido un impacto significativo en la pérdida simbólica y política de gestión y cobertura de las instituciones del tercer sector. La organización feminista La Corriente es un ejemplo de esto, habiendo perdido su personería jurídica en el año 2022. La directora de La Corriente, María Teresa Blandón Gadea, subrayó en su momento que esta medida atenta contra derechos fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de organización y la libertad de expresión, valores democráticos esenciales para que el desarrollo sostenible se imponga y perdure en Nicaragua.
La confiscación de bienes y el asedio previo a la cancelación de la personalidad jurídica muestran entonces la intensidad de la represión ejercida por el régimen contra estas organizaciones.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó con carácter de urgencia la Ley No. 1115, el jueves 15 de octubre del año 2020, legalizando así la confiscación de bienes de organizaciones que pueden ser canceladas discrecionalmente, prohibiendo la realización de forma directa o indirecta de "proselitismo político" y que las entidades utilicen su estructura para "violentar el orden público o promover campañas de desestabilización en Nicaragua".
Por otro lado, ese mismo año, pero en diciembre, el Poder Legislativo aprobó otra ley, la No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que permite la confiscación de bienes y propiedades de aquellos que son acusados de participar en actos de "terrorismo" o "traición a la Patria" por la vía de "extinción de dominio". Esta ley ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil por considerar que es utilizada como una herramienta para perseguir y reprimir a la oposición política. Al menos 322 personas han sido desnacionalizadas por el sandinismo y, a través de dicha herramienta legislativa, se les ha embargado sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias.
Las leyes que han respaldado las confiscaciones en Nicaragua han variado a lo largo de su historia y han sido aprobadas por diferentes gobiernos y regímenes políticos. Algunas de estas leyes han sido diseñadas para redistribuir la riqueza y la tierra de las élites empresariales y terratenientes a los campesinos y trabajadores agrícolas, mientras que otras han sido acusadas de ser utilizadas para perseguir y reprimir a la oposición política y a los medios de comunicación independientes. Lo cierto es que, en la actual situación, bajo el cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega, el enriquecimiento por medio de la incautación ha sido a favor del Estado de Nicaragua.
Las grandes propiedades que han sido saqueadas y confiscadas
Además de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) -ahora Universidad Nacional Politécnica (UNP)-, La Corriente, el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, Confidencial, 100 % Noticias, Radio Darío y Fundación del Río, el régimen sandinista se ha apropiado de enormes propiedades en varias partes del país, principalmente en la capital, Managua, y en el centro-norte del territorio nacional. La Redacción de COYUNTURA ilustra un mapa de la versión 2.0 de "La Piñata" en el país centroamericano, en donde el derecho a la propiedad privada ahora está por completo en manos del sandinismo. Ubicamos varias instalaciones confiscadas y resumimos los casos más emblemáticos en esta nueva edición del gran asalto a la Nicaragua disidente, con bienes valorados en millones de dólares.
Estás son las últimas adquisiciones del régimen sandinista por medio de las confiscaciones. El equipo de este medio se movilizó hacia algunas de esas propiedades, algunas de ellas ya modificadas por la administración sandinista, y otras ya en funcionamiento como nuevas instituciones o sedes. Pero las víctimas detallan que lo "robado" va más allá de dinero e infraestructura. Es patrimonio, historia, ciencia, cultura, arte, avances médicos, comunicación social, feminismo, legados familiares, desarrollo local y hasta zonas verdes:
Intermezzo del Bosque
El caso de Intermezzo del Bosque se centra en la disputa y el conflicto legal en torno a la propiedad de un restaurante ubicado en una urbanización residencial en las estribaciones de las Sierritas de Managua. El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro publicó un video el pasado 06 de octubre de 2023 en el que mostraba el estado de abandono y saqueo del restaurante Intermezzo del Bosque, que es propiedad de su suegra, Victoria Lacayo Cabrera. En el video, Chamorro denunció que la confiscación arbitraria e ilegal de la propiedad había llevado al robo de prácticamente todos los bienes, incluyendo reliquias que pertenecieron a monseñor José Antonio Lezcano y Ortega, quien fue el primer arzobispo en la historia de Managua.
Chamorro afirmó que este saqueo y confiscación fueron perpetrados por la dictadura, operados por el abogado Bosco Noguera Mayorga, a quien calificó de corrupto. También mencionó un juicio en el que un sobrino de su suegra reclamaba parte de la propiedad, lo que resultó en el embargo de la casa de su suegra, el restaurante y otros bienes, a pesar de que el caso seguía siendo una causa abierta sin un fallo judicial definitivo.
La familia de Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, emitió un comunicado en el que afirmaba que el caso no tenía connotaciones políticas, sino que se trataba de la distribución de una herencia. Según el comunicado, la herencia patrimonial de Adilia Cabrera de Lacayo se dividió en tres partes, dos de las cuales pertenecen a las hijas de Adilia y la tercera a los sucesores de otra hija fallecida. El comunicado de la familia de Cárdenas enfatizó que esta disputa se basaba en el respeto a la voluntad de su abuela y madre, y no tenía implicaciones políticas. Sin embargo, no abordaron el saqueo del restaurante Intermezzo del Bosque denunciado por Chamorro.
El conflicto se complica aún más debido a litigios previos relacionados con un reparo fiscal por parte de la Alcaldía de Managua, que resultó en la expropiación de varios lotes de terreno y la residencia de Victoria Lacayo. Se desconoce hasta el momento quien controla la propiedad.
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró y confiscó a finales de septiembre de este año el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una prestigiosa escuela de negocios con sede también en Costa Rica. El MIGOB canceló la personería jurídica del INCAE argumentando que: incumplió sus obligaciones como organismo sin fines de lucro al no presentar sus estados financieros entre 2020 y 2022, tuvo inconsistencias en los estados financieros de 2015 a 2019, no cumplió con requisitos legales para recibir donaciones y no se registró como agente extranjero, entre otras acusaciones.
La Escuela de Negocios del INCAE es una reconocida institución internacional fundada en 1964, y es conocida por ofrecer programas de maestrías en administración de empresas dirigidos a empresarios de impacto. Su confiscación se percibe como un golpe fatal al sector educativo y un mensaje al sector privado, indicando que nadie es intocable en relación con el régimen sandinista. Este cierre representó la pérdida de un nivel de educación que podría ser difícil de recuperar en Nicaragua, incluso si el régimen cayera. Además, se considera una estrategia de la administración sandinista para ejercer un mayor control sobre la educación, la economía y otros servicios sociales en el país, limitando aún más el acceso a servicios educativos y de formación de calidad.
El INCAE, con una extensión territorial de al menos 95 manzanas, con un valor mayor a los 30 millones de dólares estadounidenses, lamentó la cancelación y confiscación de sus bienes, pero expresó su compromiso de continuar su misión de contribuir al desarrollo sostenible de América Latina desde su campus en Costa Rica. Las instalaciones del INCAE se utilizaron como sede para un intento de diálogo entre el régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en el año 2019, lo que sugiere que su confiscación podría ser un acto más de venganza por parte del sandinismo.
Este cierre ha generado condena a nivel internacional, con un grupo de 25 expresidentes, Gobiernos, académicos y organizaciones internacionales denunciando la confiscación ilegal del INCAE y señalando el daño que el régimen está causando a la educación en Nicaragua y Centroamérica. Se considera un ataque a la libertad de educación y pensamiento, así como la pérdida de una valiosa infraestructura educativa.
El rector del INCAE afirmó que el propósito de la institución sigue vigente a pesar del cierre del campus en las afueras de Managua, una lujosa instalación que puede albergar a casi 200 estudiantes y equipo administrativo.
Universidad Centroamericana (UCA)
En agosto de 2023, el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua tomó medidas drásticas que marcaron el final de la Universidad Centroamericana (UCA) y señalaron un cambio significativo en el panorama educativo del país. A través del CNU, Ortega creó -no legalmente, hasta la fecha- la "Universidad Nacional Casimiro Sotelo" en menos de 24 horas y desmanteló la fachada y las plataformas virtuales de la UCA, una institución jesuita de renombre que tenía más de 60 años de existencia legal, con una matricula activa de más de 5,000 estudiantes y un centenar de trabajadores.
Estos acontecimientos fueron acompañados por la aparición de banderas del FSLN en el campus de la antigua UCA, lo que demostró una clara intención política detrás de la toma de control. La presencia de la Policía Nacional y de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y el CNU en las instalaciones también indicó la disposición del régimen a utilizar la fuerza para consolidar su control, luego de cinco años de asedio policial e intentos de ingreso al edificio por parte de las fuerzas antimotines.
La cancelación de la personalidad jurídica de la UCA se basó en una supuesta "sentencia" emitida por un juzgado penal, que carecía de los procedimientos legales necesarios para constituir un juicio justo. La universidad fue acusada de no presentar estados financieros y de obstaculizar el control gubernamental, lo que generó más críticas sobre la confiscación de la propiedad privada y la violación de la autonomía universitaria.
El régimen de Ortega anunció el inicio de las matrículas en la "Universidad Nacional Casimiro Sotelo" con clases programadas para comenzar el 28 de agosto, pero hasta la fecha ha sido imposible su apertura debido a que, según fuentes consultadas por COYUNTURA, el oficialismo no tiene la capacidad necesaria para su gestión. La cancelación de la UCA en sí no solo representó una pérdida en el panorama educativo, sino también una erosión de los valores democráticos y de derechos humanos en el país centroamericano. La comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos y las instituciones educativas enfrentan en ese sentido un desafío urgente para responder a esta escalada autoritaria y la represión de la libre expresión y el pensamiento crítico en el país.
En paralelo a la toma de control de la UCA, el Centro Nacional de Universidades realizó la primera Asamblea General de las Instituciones de Educación Superior Nicaragüenses (IES) con el objetivo de establecer un marco normativo para todas las instituciones de educación superior, bajo el control total del FSLN. Esto, según analistas, es parte del plan de Ortega para controlar el sistema universitario y centralizar el registro de estudiantes matriculados. A pesar de la retórica oficial sobre la calidad de la educación, estas acciones profundizaron las preocupaciones sobre la pérdida de autonomía y control político en el sistema educativo nicaragüense.
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)
En abril del año 2018, durante las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega, la UPOLI fue tomada por estudiantes que se manifestaron contra el sandinista y sus funcionarios. La universidad fue escenario de intensos enfrentamientos entre estudiantes, la Policía Nacional y fuerzas paramilitares, resultando en al menos 10 muertos, principalmente estudiantes, según el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, solo en esa zona.
En febrero de 2022, el FSLN, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó y obtuvo la cancelación de la licencia de operación de la UPOLI, alegando incumplimiento en la entrega de informes financieros. Además, se cancelaron las licencias de otras 4 universidades y 11 oenegés en aquella fecha, por razones similares.
En octubre de 2023, se informó sobre abusos y despidos arbitrarios de profesores en la Universidad Nacional Politécnica, que sustituyó a la UPOLI tras su confiscación. Las y los docentes relataron amenazas y maltratos por parte de las nuevas autoridades, así como presiones para participar en actividades partidarias del FSLN. El 06 de febrero de 2023, se confirmó la intervención oficial de la UPOLI por el CNU. La incertidumbre sigue hasta el momento entre el personal sobre la estabilidad laboral, y se critica la falta de legalidad en la actuación del Estado, que ha llevado a la entrega de accesos y control institucional a la junta interventora del CNU. Se denuncia la presencia intimidatoria de policías vestidos de civil en los pasillos de la universidad, y la politización de la educación en la nueva UNP.
Operación Sonrisa
En marzo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de Operación Sonrisa, una organización sin fines de lucro que brindaba cirugías reconstructivas y tratamiento integral a niños, jóvenes y adultos con fisura labial y paladar hendido. Esto ocurrió un día antes de una colecta nacional para recaudar fondos destinados al programa de cirugías y tratamientos.
Operación Sonrisa contaba con más de 27 años de presencia en Nicaragua y había realizado al menos 50 misiones quirúrgicas, beneficiando a más de cinco mil personas. Solo durante el año 2021, brindaron 31,577 consultas de seguimiento a más de 2,000 pacientes, realizando diez misiones quirúrgicas.
El programa operaba con personal médico voluntario que donaba su tiempo y conocimientos, realizando cirugías en hospitales públicos del país. Sin embargo, la cancelación de la personería jurídica dejó en el aire el programa quirúrgico de 2022, y puso fin a la labor de dicha entidad humanitaria.
La situación afecta hasta ahora a miles de niños que iniciaron hace pocos años un largo proceso de reconstrucción y cuidados médicos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) calificó la ilegalización de Operación Sonrisa como un "crimen" y denunció la cancelación de otras 25 organizaciones nicaragüenses entonces. La oenegé condenó la estrategia de la administración sandinista de desarticular organizaciones sociales y pidió que se revierta la situación.
El comunicado de Operación Sonrisa Nicaragua, fechado el 17 de marzo de 2022, expresó la misión de la organización y destacó sus logros en más de dos décadas de trabajo en el país, subrayando la importancia de las cirugías para cambiar la vida de las y los pacientes. La cancelación de la personería jurídica de Operación Sonrisa y otras oenegés forma parte de un patrón más amplio, ya que entre 2018 y febrero de 2022, el Ministerio de Gobernación ordenó la cancelación de la personería jurídica y registro de operaciones de 143 asociaciones, oenegés y fundaciones. Esta situación afecta especialmente a las personas más vulnerables y pobres del país, aunque el oficialismo no quiere percibirlo.
La Prensa
En agosto de 2021, las autoridades nicaragüenses confiscaron las instalaciones del diario La Prensa, que contaba con una rotativa y una imprenta comercial de alta calidad. La rotativa, capaz de imprimir 56,000 periódicos al día, fue adquirida en 1954 y mejorada a lo largo de los años. La imprenta comercial, valuada en 3,800,000 dólares, imprimía revistas, libros escolares y otros materiales. La confiscación se justificó bajo una supuesta investigación de Aduanas, la PGR y el Ministerio Público. A pesar de que el gerente del periódico, Juan Lorenzo Holmann, fue condenado a nueve años de cárcel por lavado de dinero, la empresa La Prensa no fue directamente implicada. Sin embargo, la jueza incluyó los bienes de La Prensa en la sentencia contra el ahora expreso político, desterrado junto a otras 221 personas hacia los Estados Unidos de América (EE.UU.) en febrero de 2023.
La Constitución de Nicaragua prohíbe la confiscación de bienes sin indemnización, pero las autoridades inauguraron el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho en el lugar confiscado, sin notificación oficial a La Prensa. El diario estima pérdidas de más de 20 millones de dólares, incluyendo propiedades, destacando el lucro cesante desde 2018 debido a embargos y agresiones. Mientras tanto, la rotativa Goss Urbanite, valuada en 2,000,000 de dólares y la imprenta plana, valuada en 3,800,000 dólares, son máquinas que necesitan pericia y mantenimiento constante. El régimen intentó activarlas tras la confiscación, contactando a antiguos operadores y apuntando a monopolizar el negocio de impresión en el país.
La Prensa, con 97 años de existencia, ha enfrentado ataques y confiscaciones a lo largo de su historia. El régimen de Ortega-Murillo justifica la confiscación con la inversión de 7,000,000 de dólares en el Centro Cultural y Politécnico, que ofrece cursos de arte, cultura y carreras técnicas. La Prensa ahora se convierte en un lugar histórico que refleja los acontecimientos atroces en Nicaragua.
Viejo Santo Domingo
En junio de 2023, el empresario Piero Coen Ubilla, gerente del grupo Coen en Nicaragua, fue víctima de la primera confiscación a un gran empresario por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Policía nicaragüense, bajo las órdenes del sandinismo, irrumpió en el complejo residencial Viejo Santo Domingo y en la vivienda de Coen, confiscando propiedades y activos. Coen, crítico del régimen, fue sometido a un juicio exprés en marzo de 2023, acusado de "traición a la Patria" y despojado de su nacionalidad nicaragüense.
La confiscación se llevó a cabo de manera expedita a partir de abril de 2023, afectando más de 50 propiedades y participaciones accionarias de Coen en diversas sociedades. Aunque el empresario niega cualquier delito y afirma no haber sido notificado del proceso legal en su contra, el régimen lo acusa de financiar la compra de armas, sostenimiento de barricadas y campañas de desinformación.
La confiscación de Coen es parte de una serie de ataques contra grandes empresarios iniciados después de las protestas de 2018. La jerarquía de Ortega ha adoptado las confiscaciones como política de Estado, afectando a más de 300 nicaragüenses hasta ahora. El vocero del régimen, William Grigsby, amenazó directamente a otros empresarios, acusándolos de traición y complicidad en acciones contra el Estado.
La comunidad empresarial y políticos exiliados alertaron a mediados de este año que esta confiscación marcó una nueva etapa represiva, generando preocupaciones sobre la seguridad jurídica para los negocios en Nicaragua. Afirman que estas acciones afectarán la confianza de las y los inversionistas nacionales y extranjeros, disminuyendo el capital y aumentando la pobreza en el país, aunque el Banco Central de Nicaragua (BCN) insiste en considerar como grandes avances económicos los altos indices que generan las remesas y la inversión extranjera en bruto, cuyas cifras han aumentado en el último año, según datos del oficialismo.
El ataque contra Coen ilustra el revanchismo del orteguismo, vinculado a su participación en las protestas de 2018 y su negativa a ceder ante chantajes legales y actos de corrupción. La confiscación busca intimidar a otros grandes empresarios, según analistas.
Fundación del Río y Fundación Popol Na
En diciembre de 2018, la Fundación del Río, junto con otras ocho organizaciones, fue despojada de su personería jurídica en Nicaragua. Acusada de "promover campañas" y financiar grupos que cometieron "actos para desestabilizar el país" durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. En agosto de 2020, el régimen confiscó seis propiedades de dicha entidad de manera "arbitraria y al margen de la ley", sumando un total de 454 manzanas de bosques.
Las propiedades confiscadas incluían áreas de reforestación y regeneración natural, la Radio Voz Juvenil y áreas de conservación como El Quebracho, Aguas Frescas, Lapa Verde y la Estación Biológica de Mancarroncito. El proceso judicial de confiscación comenzó en julio de 2020, con funcionarios de MARENA respaldados por la Policía y la PGR instalando rótulos y banderas del FSLN en dichas tierras.
La organización intentó obtener explicaciones sin éxito, y la confiscación fue calificada como "violatoria de las leyes del país". A pesar de la cancelación de la personería jurídica, la Fundación afirma que el patrimonio sigue estando bajo la legalidad de la organización.
Fundación del Río y la Fundación Popol Na -también confiscada por la administración sandinista- denunciaron al régimen de Ortega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la confiscación de bienes y la cancelación de sus personerías jurídicas. La denuncia ante la CIDH se considera un paso trascendental en la defensa de sus derechos.
La CIDH analizará la denuncia y podría convocar a las partes a una audiencia. Las organizaciones interpusieron un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, aún sin respuesta hasta la fecha. Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, estima que la confiscación a dicha entidad no gubernamental asciende a más de 1.5 millones de dólares, señalando a su vez que fueron despojados de al menos 22 propiedades en total.
Condominio Amazonia
El 17 de febrero de 2023 marcó el inicio de un capítulo ominoso en los apartamentos Amazonia en Managua. Un silencio denso reemplazó los sonidos cotidianos, resultado de la confiscación perpetrada por la Procuraduría General de la República. En un acto cuestionable, se despojó a 16 propiedades de sus dueños, invalidando documentos de compraventa que databan de la década de 1990. Entre los afectados se encontraban figuras destacadas como la periodista Sofía Montenegro y la abogada Azahálea Solís, miembros del Movimiento Autónomo de Mujeres. La confiscación, en violación de la Constitución, dejó tras de sí un aire de tensión y descontento, incluso más allá de la capital.
La huella de la confiscación en el país centroamericano se hizo más evidente el 14 de marzo de este año. En Amazonia, el ambiente se volvió lúgubre con la mayoría de las viviendas deshabitadas, sus ocupantes forzados a elegir entre partir o aceptar un contrato draconiano. La presión gubernamental se tradujo en reglas restrictivas, desde un control de acceso riguroso (en manos de la Policía Nacional y paramilitares) hasta la amenaza constante de desalojo arbitrario. Testigos relataron a esta Redacción la impotencia de abandonar hogares donde reinaba la paz. La resistencia, encabezada por algunos propietarios, se alzó contra la confiscación, convirtiendo la lucha por el hogar en un acto de desafío.
El 25 de abril, en otro episodio tenso, la dictadura de Ortega y Murillo intensificó su presión con un operativo policial. Sin desalojos formales, la Policía buscó un éxodo voluntario entre las y los propietarios. Aunque el operativo se llevó a cabo sin violencia aparente, la dictadura dejó claro su deseo de un complejo sin residentes en semanas. La resistencia persistió entre aquellos que se aferraban a sus hogares, desafiando una confiscación que desdibujaba límites legales y constitucionales.
Este conflicto, entrelazado con las vidas de quienes habitaban Amazonia, se erigió como un sombrío testimonio de la erosión de derechos y la fragilidad de la propiedad en un contexto político cada vez más tumultuoso y violento. Montenegro y Solís, por ejemplo, ahora se encuentran exiliadas en Costa Rica, pero resaltan que el movimiento feminista no ha muerto. Está más vivo que nunca.
Embajada de Taiwán
Durante casi quince años, la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo mantuvo relaciones amistosas con Taiwán, llamándolo "hermano pueblo" y hasta "Gobierno taiwanés". Sin embargo, en diciembre de 2021, el régimen rompió abruptamente con Taiwán y juró lealtad a la República Popular China. A pesar de la ruptura, el Estado nicaragüense continuó recibiendo fondos de Taiwán, incluso mientras despreciaba y atacaba a la isla. En mayo de 2023, se reveló que Nicaragua aún ejecutaba unos 68.3 millones de córdobas remanentes de fondos otorgados por Taiwán.
Entre los ataques notables, se destacan el robo de la sede diplomática taiwanesa en Managua por parte de la Procuraduría General de la República, que entregó ilegalmente el edificio a la República Popular China. El régimen también condenó públicamente la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, calificándola de "provocación".
Además, Ortega exigió la expulsión de Taiwán del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), acusándolo de ser una "base militar de EE.UU.". A pesar de la oposición de algunos países, Nicaragua logró expulsar a Taiwán del Parlamento Centroamericano e incorporar a China como observador. Pero el punto culminante fue cuando Ortega declaró que "Taiwán es una provincia de China" durante un evento en octubre de 2023, desencadenando una respuesta fuerte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, que calificó a Ortega de "dictador oportunista". Taiwán consideró que los ataques demostraban que la familia presidencial nicaragüense eran "oportunistas que buscan el poder propio".
No obstante, la relación con el país asiático le dejó mucho al país centroamericano, y a la administración orteguista en particular. Una Casa de la Presidencia, un moderno estadio nacional de béisbol, un barrio establecido en tiempo récord, cientos de "casas solidarias", decenas de casas maternas y centros de salud en todo el territorio.
Organización de los Estados Americanos (OEA)
En abril del año 2022, en menos de 24 horas desde que la Policía Nacional tomó la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Managua, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la confiscación del inmueble, declarándolo de "utilidad pública". Esta medida representó un quiebre, ya que era la primera vez que el régimen Ortega-Murillo confiscaba un bien gestionado por una misión diplomática con la protección de convenios internacionales. Expertos en relaciones internacionales, como Pedro Fonseca, consideraron que esta acción era una manifestación simbólica del poder del régimen, que buscaba reforzar la imagen de Nicaragua como un país soberano capaz de confiscar propiedades extranjeras.
Murillo, en una comunicación televisiva, anunció la creación de un "museo de la infamia" en el edificio y denigró a la OEA como un "ministerio infame de la Colonia (EE.UU.)".
Horas antes del anuncio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó su preocupación ante la toma en una carta a la presidenta del Consejo Permanente. Almagro señaló que esta acción era una flagrante violación al derecho internacional y un precedente peligroso en la región. La confiscación también violó acuerdos internacionales, como la Convención de Viena, que protege la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. El régimen Ortega-Murillo buscaba forzar la salida de la OEA cortando cualquier lazo con la misión, a pesar de que el proceso de salida estaba en curso y se completaría este mes de noviembre de 2023.
El régimen sandinista obligó a la OEA a desalojar las oficinas después de que la PGR enviara un ultimátum. A pesar de la advertencia de la OEA sobre la inviolabilidad de sus archivos, el régimen intentó limpiar su imagen asegurando que entregó intactas las pertenencias. La comunidad internacional condenó la acción, y el Consejo Permanente de la OEA rechazó la toma de la sede. Luis Almagro afirmó que esta situación representaba un atropello sin precedentes contra cualquier organización internacional.
En mayo de 2022, en una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA condenó de manera enérgica la entrada ilegal y la incautación de bienes por parte de la dictadura de Ortega. La resolución, aprobada con 29 votos a favor, ninguno en contra, tres abstenciones y dos ausencias, exigía la restitución inmediata de los locales y responsabilizaba al régimen sandinista de todos los incumplimientos legales internacionales. Luis Almagro calificó la acción de Nicaragua como una violación clara y sin justificación del derecho internacional. La comunidad internacional expresó su rechazo a través de la resolución y se instó a considerar otras acciones que pudieran ser necesarias.
Meses después, la administración sandinista inauguró dos nuevas entidades oficialistas en los edificios expropiados a la OEA. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) recibió una de las instalaciones para crear el Centro de Estudios Miguel D'Escoto, denominado "Casa de la Soberanía".
Más y más propiedades confiscadas
La lista sigue y sigue. La Corriente, una organización feminista. Las redacciones de Confidencial, 100 % Noticias y Radio Darío. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y los terrenos donde se realizaba la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (EXPICA). La Corporación Tomza. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH). La farmacéutica TSK Melfosur. El hospedaje Casa Blanca de Monimbó. La Asociación Familia Fundación Fabretto y sus escuelas. El Centro Humboldt. El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE). El Centro de Mujeres Oyanka. La Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac. Y al menos seis casas particulares confiscadas por el oficialismo, entre ellas las de la escritora Gioconda Belli.
La Redacción de COYUNTURA inicia documentación masiva y detallada
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Buscamos publicar en 2024 un informe inédito en varios formatos que recopile dicha información y sirva como documentación en bruto de la crisis múltiple que vive el país.
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