Las becas universitarias en Nicaragua ahora están bajo control de la Procuraduría, y carta a Daniel Ortega se vuelve requisito clave
- Redacción Central
- 13 jun
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La nueva reconfiguración del sistema universitario también amplió la lista de instituciones que reciben recursos estatales. A las ocho universidades que tradicionalmente recibían el seis por ciento del presupuesto nacional se han sumado las que surgieron tras la confiscación de entidades educativas privadas entre 2022 y 2024. Además, se abrió la puerta para que instituciones no públicas "designadas por la Copresidencia" también puedan acceder a estos fondos, en un esquema que convierte la asignación presupuestaria en un mecanismo discrecional, con criterios políticos e ideológicos, y sin mecanismos claros de rendición de cuentas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En Nicaragua, el derecho a la educación superior gratuita y con condiciones dignas para las y los estudiantes de escasos recursos ha sido drásticamente trastocado. A partir del lunes 09 de junio de 2025, la gestión y otorgamiento de becas universitarias públicas dejó de estar en manos de las universidades y pasó a depender de la Procuraduría General de la República (PGR), una entidad subordinada al Órgano Ejecutivo y sin experiencia en asuntos académicos. El cambio es producto de una reforma a la Ley 89 o Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que además consolidó la intervención del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en la vida universitaria del país centroamericano.
El impacto ha sido inmediato. Cientos de estudiantes denunciaron la cancelación de sus becas vigentes, obligándolos a iniciar un nuevo proceso de solicitud. Pero esta vez, con un requisito inédito y profundamente simbólico: una carta dirigida a los "copresidentes" del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta exigencia —que carece de justificación académica— pone en evidencia el uso político de las ayudas estudiantiles como mecanismo de subordinación ideológica.
La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa y ya publicada en La Gaceta - Diario Oficial, legalizó el desmantelamiento de las instancias que históricamente garantizaban una relativa autonomía universitaria. El Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNEA) fueron eliminados y reemplazados por la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades, una nueva estructura directamente bajo la rectoría de la Copresidencia de la República.
Esta Secretaría se convierte en el nuevo ente coordinador, mientras la PGR y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) asumen la función de vigilar y dirigir los aspectos financieros, presupuestarios y de rendición de cuentas de las universidades públicas. El artículo 55 bis de la reformada Ley 89 es claro: "las universidades... estarán bajo la regencia de la Procuraduría General de la República".
Ernesto Medina, académico y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y la Universidad Americana (UAM), advierte que la inclusión del término "regente" significa, en la práctica, la supresión de la autonomía universitaria. "Si la regencia la va a ejercer la Procuraduría significa que van a gobernar las universidades", señala. Además, subraya las contradicciones internas de la reforma: "no lo pueden expresar claramente y están enredando todo. No han encontrado una forma idónea para controlar totalmente a las universidades, y eso evidencia improvisación y desorden".
El nuevo proceso de solicitud de becas, anunciado en las páginas oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Politécnica (UNP) desde el martes 10 de junio, exige a los estudiantes entregar una serie de documentos en las oficinas de la PGR. Entre ellos, destaca la carta de solicitud dirigida "personalmente" a Ortega y Murillo, transformando un trámite académico en una manifestación de obediencia política.
Este requisito no existía en los procesos anteriores ni en otro país centroamericano. Hasta enero de 2025, las solicitudes incluían una carta dirigida a la Comisión Central de Becas, junto a la hoja de matrícula, cédula de identidad, fotografía y formulario. Ahora, a la carta política se le suman una copia ampliada de la cédula, historial académico y un formulario provisto por la Procuraduría. El plazo para entregar esta documentación finaliza el 20 de junio.
Ya en enero, durante la octava Feria Nacional de Becas Universitarias organizada por el Ministerio de la Juventud (MINJUVE) y la sandinista Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), según fuentes consultadas por COYUNTURA en la UNAN-Managua y en la UNI, se había implementado esta práctica de pedir cartas a los mandatarios como prerrequisito. Sin embargo, con la reforma, la imposición dejó de ser una excepción y pasó a ser la norma.
Ernesto Medina considera este paso como "inconcebible". Para él, la carta representa "la anulación total de la autonomía universitaria" y convierte un derecho fundamental en una prerrogativa política otorgada por el Ejecutivo.
Filas y miedo: así se gestiona una beca en 2025
En redes sociales digitales, estudiantes universitarios compartieron imágenes y videos —protegidos para evitar represalias— que muestran extensas filas en delegaciones de la PGR. Jóvenes narraron cómo fueron trasladados por sus universidades para "iniciar el proceso de solicitud", en condiciones de espera agotadoras. "Nos llevaron a la PGR a las 03:00 p.m. y salimos a las 06:00 p.m., pero varios aún estaban esperando porque las filas eran súper largas", relató un estudiante. El procedimiento, además de ser engorroso, genera incertidumbre: ni siquiera se garantiza que quienes ya tenían beca la mantendrán.
Frente a las denuncias estudiantiles, voceros del oficialismo intentaron desacreditar las publicaciones, afirmando que "únicamente se está pidiendo otro requisito" para registrar los expedientes en la PGR. Pero la nueva centralización es clara: se ha eliminado la participación de instancias universitarias en el otorgamiento de becas, y ahora este derecho se supedita al control partidario e institucional del FSLN.
Por otro lado, la reforma amplió la lista de instituciones que recibirán fondos del 6 % constitucional destinados a la educación superior. Tradicionalmente, estos recursos eran repartidos entre 12 universidades, entre ellas:
UNAN-Managua
UNAN-León
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Universidad Nacional Agraria (UNA)
Universidad Nacional Politécnica (UNP)
Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV)
Bluefields Indian & Caribbean University (BICU)
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
Con la reforma, se incorporan nuevas instituciones surgidas de la confiscación de universidades privadas cerradas por el régimen en 2022 y 2023:
Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés
Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro
Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda
Universidad Nacional Comandante Padre Gaspar García Laviana
Además, se abre la posibilidad de que universidades privadas "designadas por la Copresidencia" accedan también a estos recursos públicos. Esta reconfiguración presupuestaria no solo busca ampliar el control financiero, sino también castigar y excluir a las universidades que alguna vez fueron espacios de pensamiento crítico y oposición estudiantil.
En 2023, el extinto CNU reportó la entrega de 55,764 becas universitarias: 30,525 otorgadas por universidades públicas y 25,239 por privadas. Sin embargo, medios oficialistas informaron que en 2024 solo se otorgaron 19,650 becas desde el CNU. De estas, apenas 4,340 incluyeron servicios integrales como alojamiento y atención médica. El resto fueron "externas", es decir, un subsidio mínimo para transporte o materiales.
En enero de 2025, la presidenta saliente del CNU, Ramona Rodríguez, afirmó que —junto a becas de universidades privadas— la cifra global de ayudas estudiantiles superaría las 50,000. Pero con el desmantelamiento del CNU y la creación de la Secretaría Técnica, no hay certeza sobre los criterios, montos o beneficiarios del nuevo sistema de becas gestionado desde la PGR.
Mientras tanto, decenas de miles de jóvenes, muchos provenientes de zonas rurales o de comunidades empobrecidas, enfrentan la incertidumbre de si podrán continuar sus estudios.
La educación superior en Nicaragua ha dejado de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en una herramienta de control social e institucional. El requisito de una carta al poder político como condición para una beca refleja una profunda degradación institucional y un retroceso histórico. El nuevo modelo no reconoce méritos académicos ni necesidades socioeconómicas, sino lealtad al régimen del FSLN.
La reforma a la Ley 89 confirma que la monarquía Ortega-Murillo ha decidido sofocar cualquier espacio autónomo dentro del sistema educativo. Lo que antes era motivo de orgullo nacional —una red de universidades públicas con autonomía constitucional y capacidad crítica— ha sido reducido a un sistema dependiente, vigilado y alineado a los intereses del poder.
Y mientras las autoridades celebran la "eficiencia" del nuevo modelo, estudiantes, docentes y académicos enfrentan una nueva realidad: en Nicaragua, para estudiar gratis, hay que escribirle a los dictadores.
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