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Nicaragua busca nuevo jerarca para el Ministerio Público. Ciudadanía debe exigir un proceso integro

La decisión de sustituir a Ana Julia Guido Ochoa, cuyo período ha vencido, reviven las acusaciones por su complicidad en la represión contra la oposición y voces disidentes durante los últimos años. Mientras el oficialismo defiende el legado de Guido, la comunidad internacional debe observar con atención el desarrollo de este proceso que podría tener un impacto significativo en el futuro del país centroamericano, y la ciudadanía puede y debe exigir, hasta más no poder, un proceso que quizás genere un cambio.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

En el convulso escenario político de Nicaragua, marcado por la imparable represión y una prolongada crisis de derechos humanos, la Asamblea Nacional abre una convocatoria para la elección del nuevo Fiscal General de la República y un Fiscal General Adjunto. Esta decisión de sustituir a la actual titular del Ministerio Público (MP), Ana Julia Guido Ochoa, cuyo período está vencido, revive las acusaciones en su contra por su vinculación con la represión de la oposición y diversas voces disidentes desde el inicio de la crisis humanitaria y constitucional en el país centroamericano en abril de 2018. No obstante, por muy quimérico que parezca, este puede ser el momento perfecto para exigir cambios drásticos en la justicia nicaragüense y en los órganos estatales.


La resolución número 1-2023, aprobada este martes 25 de julio de 2023 en Managua, establece la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional, encargada de evaluar a los candidatos y candidatas a los mencionados cargos. Se prevé que las propuestas sean presentadas únicamente por la Presidencia de la República y el bloque de diputados del órgano Legislativo, controlado por el oficialismo, sin objeciones o debates parlamentarios.


Guido, fiscal general de la República de Nicaragua en funciones, es una figura sumamente controvertida y fue sancionada por la administración de los Estados Unidos en octubre de 2020. Según el Gobierno norteamericano, la funcionaria lideró una unidad de fiscales que colaboró con la Policía Nacional en la fabricación de casos contra presas y presos políticos y sus familias, incluyendo aquellos detenidos por manifestarse pacíficamente, periodistas y hasta sacerdotes católicos.


La relación de Ana Julia Guido Ochoa con el régimen nicaragüense data de varias décadas. Originaria de Matagalpa, fue militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y guerrillera durante el conflicto armado en la década de 1970. Su lealtad al mandatario Daniel Ortega le permitió ascender en la jerarquía del poder. Guido incluso fue condecorada -junto a otros cuatro funcionarios de primer nivel- por la pareja dictatorial en febrero de 2023 por ser una "militante leal y fiel".


En 2006, sonó como candidata para liderar la Policía Nacional, pero finalmente fue designada como "Adjunta" en la Fiscalía, hasta que, en 2014, la Asamblea Nacional la nombró jerarca del MP nicaragüense. Ortega ordenó prolongar su mandato como fiscal general, al igual que coordinó el alargamiento de los mandatos de las y los integrantes del Consejo Supremo Electoral (CSE), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría de Derechos Humanos, cuando los mencionados altos cargos solo pueden ser nombrados por la Asamblea Nacional.


La figura de Guido es cuestionada tanto dentro como fuera de Nicaragua. Además de que Estados Unidos la acusa de ser cómplice en la fabricación de casos contra disidentes, diversos organismos de derechos humanos señalan su papel en la represión y criminalización de la oposición desde hace varios años, tal es el caso del primer informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), elaborado por mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


La Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, ha aprobado por unanimidad la convocatoria para la elección de los nuevos fiscales. Esta decisión genera sospechas desde ya sobre la legitimidad del proceso, especialmente en un contexto donde la oposición y la sociedad civil han denunciado la erosión absoluta de las instituciones democráticas y un aumento de la represión, teniendo en el país al MP como principal brazo del régimen sandinista para judicializar e investigar a opositores, en procesos carentes de legitimidad, sin pruebas reales y con acusaciones infundadas.


Mientras tanto, los requisitos para postularse al cargo de Fiscal General y Fiscal General Adjunto son estrictos y buscan asegurar la idoneidad de las y los candidatos. Entre ellos, se exige ser nacional y haber renunciado a otras nacionalidades al menos cuatro años antes de la elección, ser abogado con una trayectoria de al menos diez años o haber sido magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años; tener entre 35 y 75 años de edad, no haber sido suspendido del ejercicio de la abogacía o del notariado por resolución judicial firme, y no ser militar en servicio activo.


La creación de la Comisión Especial de Carácter Constitucional es bienvenida por el oficialismo y el opositor Partido Liberal Constitucionalistas (PLC), pero genera preocupaciones agudas sobre su imparcialidad. La presencia de miembros del oficialismo en esta instancia, como la legisladora sandinista María Auxiliadora Martínez Corrales, quien la presidirá, atizan la posibilidad de que la elección se incline a favor de los intereses del régimen.


En medio del inicio de la pugna por la Fiscalía, el oficialismo ha defendido el legado de Ana Julia Guido, presentándola como una figura destacada de la lucha guerrillera del Frente Sandinista. Guido concedió en marzo de este año una entrevista en la que rememora su participación en el conflicto armado y el sacrificio de su familia, que perdió dos miembros a manos de la Guardia Somocista.


El sandinista Daniel Ortega condecora a la actual fiscal general Ana Julia Guido, el martes 21 de febrero en Managua | Fotografía cortesía
El sandinista Daniel Ortega condecora a la actual fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, el martes 21 de febrero en Managua, por considerarla "leal y fiel" | Fotografía cortesía

El proceso de selección de los nuevos fiscales es crucial para el futuro de Nicaragua, ya que la Fiscalía ha sido señalada como uno de los principales instrumentos de represión contra la oposición política, la sociedad civil y la ciudadanía en general. La comunidad internacional debe observar atentamente esta situación ya que los resultados de la elección podrían tener un impacto significativo en el país centroamericano. Al igual que en el caso actual de Honduras, que también se encuentra en el proceso de selección del Fiscal General, las organizaciones bilaterales, regionales y del tercer sector deben encabezar acciones que exijan transparencia y resultados favorables para la justicia en Nicaragua.


El 15 de diciembre de 2023 es la fecha límite establecida para la vigencia de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, y durante estos meses se espera que se lleve a cabo un proceso de evaluación de los candidatos y candidatas. Sin embargo, en un contexto de creciente autoritarismo y represión en Nicaragua, la confianza en el proceso se encuentra en entredicho y la incertidumbre sobre el futuro de la Fiscalía y del país persiste.


Es momento de exigir un proceso transparente


No obstante, la Redacción de COYUNTURA, como un acto propio de nuestra rebeldía periodística y ciudadana, considera que este es el momento propicio para exigir un proceso adecuado, transparente y justo, con el fin de cambiar alguna circunstancia en Nicaragua, aunque ésta sea mínima. Sin duda es un desafío considerablemente mayúsculo debido a la compleja situación política, social y el exilio de la sociedad civil que enfrenta el país, e incluso por la muy probable insignificante participación de candidatas y candidatos idóneos, sin vínculos o acciones corruptas y autoritarias. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, es esencial perseverar y fomentar la búsqueda de una transformación democrática en Nicaragua. Ahora.


La crisis política y social que ha afectado al país ha llevado a la represión de la oposición y ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. En este contexto, la transparencia y la imparcialidad en la elección del nuevo Fiscal General son fundamentales para restaurar la confianza de la población en las instituciones y el proceso democrático.


La exigencia de un proceso adecuado y transparente es una lucha legítima de la sociedad civil y de la comunidad internacional que defiende los valores democráticos y los derechos humanos. A través de la presión y la visibilización de los cuestionamientos sobre la actual Fiscalía, se puede fomentar una reforma institucional que garantice el respeto a los derechos civiles y políticos, y promueva la rendición de cuentas y la justicia independiente.


Es cierto que la situación en Nicaragua puede dificultar el logro inmediato de cambios significativos, pero es en estos momentos de crisis cuando el llamado a una transformación democrática cobra mayor relevancia. La presión interna y externa puede influir en la toma de decisiones y, a largo plazo, contribuir a la apertura de espacios para el diálogo y la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática. Para con ello recibir verdadera justicia.


Además, es importante recordar que la búsqueda de un proceso adecuado y transparente en la elección de las autoridades es un derecho y una responsabilidad ciudadana. La sociedad civil, los medios de comunicación y los movimientos ciudadanos tienen el deber de alzar sus voces y exigir cambios para mejorar las condiciones de vida, y el respeto mismo de los derechos de todos los ciudadanos nicaragüenses.


A pesar de las difíciles circunstancias en cuanto a seguridad, derechos humanos, persecución política e impunidad ante casos de corrupción, en países como Honduras y Guatemala -solo por referirse a la región centroamericana-, los movimientos sociales, medios de comunicación, la empresa privada, el tercer sector y las organizaciones internacionales "invitan", "promueven" e "instan" a los órganos y Poderes del Estado a desarrollar procesos transparentes y democráticos. En el caso de Nicaragua no debe ser la excepción.


La ciudadanía es garante de sus propios derechos y deberes. Ahora es cuando se debe presionar, hasta más no poder, de la forma que sea posible, para que la búsqueda de la nueva cabeza de la Fiscalía de Nicaragua llegue a un buen puerto. Al menos intentarlo. Con campañas, pronunciamientos, investigaciones, peticiones, cartas, manifestaciones pacíficas y observación independiente.


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