En febrero de 2022, el Estado español me notificó oficialmente el reconocimiento del asilo político y la condición de refugiado. Fue una pequeña batalla ganada contra un sistema migratorio diseñado para cansar al solicitante hasta el punto de hacerle pensar que sería mejor regresarse a su país.
Por Israel González | @IsraelDeJ9
El punto en la i
Madrid, España
Evidentemente, aquel reconocimiento del asilo no fue una cuestión meramente personal. Lo sentí como un triunfo colectivo para todos los que me han acompañado a lo largo de estos tres años que he vivido en el exilio y también como un reconocimiento del agravamiento de la crisis sociopolítica que vive mi país, que en estos días da cuenta de la terrible persecución que ha emprendido el régimen orteguista en contra de la Iglesia de Nicaragua. (Dos veces tropezar con la misma piedra. Usted no aprende, señor presidente Ortega).
Pero bien, volvamos a España. A finales de febrero estalló la guerra ruso-ucraniana. Según los últimos datos de organismos especializados en migraciones, al menos cinco millones de personas han dejado este país de la Europa oriental huyendo del estúpido y estéril ruido de las armas, desplazándose sobre todo a países de la misma zona (Polonia, Hungría, Rumania, Moldavia y la antigua Checoslovaquia).
Según datos de la Televisión Española (TVE), unos 134 mil ucranianos han llegado a España, de los que 64 mil se han acogido a una protección temporal.
En tiempo récord, la administración pública española no sólo les ha reconocido el estatus de refugiados, sino que ha procedido a darles facilidades como alojamiento, facilidades de estudio, comida y sanidad pública. La directora general del sistema de acogida de protección internacional y temporal de España, Amapola Blasco, le dijo al semanario católico Alfa y Omega que "España tiene capacidad para recibir más refugiados ucranianos".
Las declaraciones de la señora Blasco para mí fueron una especie de puñetazo en la cara, porque he vivido en mis carnes los palos de rueda de la administración a mi proceso migratorio. Según datos de Por Causa, entre 390 mil y 470 mil personas migrantes carecen actualmente de un proceso que regularice su situación migratoria. Esta misma institución revela que una gran parte de la migración irregular que hoy existe en España proviene de Latinoamérica; principalmente de Honduras, Venezuela y Colombia.
La migración es un tema de derechos humanos. Me alegra muchísimo que los ucranianos que huyen del horror de una guerra estéril (como todas) puedan venir a España y ser recibidos con entusiasmo por parte de las autoridades del Estado y la sociedad. Sin embargo, España no puede ser miope y dejar de ver que existen migrantes que ya estaban aquí desde antes del conflicto armado en medio de Europa oriental, quienes merecen ser tratados en pie de igualdad, ya sea que vengan de la América Latina, de Medio Oriente o del Magreb. Y da igual si hablan español, árabe o ucraniano; o si profesan el cristianismo, el islam o son ateos.
Una grandísima parte de los migrantes en situación irregular sufren los abusos por parte de capitalistas explotadores. Viene a mi mente rápidamente el caso de nuestro compatriota Eleazar Blandón, quién huyó del régimen de Ortega y al no tener papeles tuvo que buscar un empleo precario como temporero de frutas y verduras en Murcia; y murió tras recibir un golpe de calor provocado por las condiciones laborales de explotación a las que fue sometido.
Por estos motivos -sobre todo-, de reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, pero también por el aporte que la población migrante puede dar a la sociedad española, una serie de organizaciones no gubernamentales aglutinadas en la plataforma ESENCIALES.info ha iniciado una campaña para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de todas personas que se encuentran en situación migratoria irregular, para lo cual se están recogiendo 500 mil firmas a lo largo y ancho de España desde el pasado mes de diciembre.
La iniciativa puede ser firmada por ciudadanos españoles o por extranjeros nacionalizados y al ser promovida desde la sociedad civil -tras su validación por la Junta Electoral Central- los organizadores de la campaña creen que no tendrá ningún impedimento al llegar al Congreso de los Diputados, donde tendrán que debatirla sí o sí los diputados, tras lograr la meta de las 500 mil personas que respalden con su firma la ILP.
Si el pleno del Congreso de los Diputados rechaza la ILP, se verá claramente que es una cuestión de voluntad política, y que muchos partidos políticos del arco parlamentario solo utilizan a los migrantes de acuerdo a sus intereses, sin tener en cuenta los estándares de derechos humanos en la materia.
A la fecha, países como Portugal e Italia ya han emprendido procesos similares con muy buenos resultados en la plena integración de las personas migrantes a la sociedad.
Evidentemente, en ESENCIALES.info saben que la regularización extraordinaria de personas migrantes no resuelve el tema de fondo, que pasa por una reforma integral de la ley de migración y de políticas migratorias, tanto en el Estado español como en la Unión Europea. Sin embargo, es un punto de partida relevante para tratar este tema acuciante desde la óptica de los derechos humanos.
Para que cada persona en situación irregular pueda firmar un contrato laboral con todas las prestaciones de ley; por la posibilidad de poder aportar económicamente al desarrollo de esta sociedad; por el acceso a los servicios públicos y por una sociedad más plural y abierta; por nuestros compañeros migrantes, para que puedan gozar de los mismos derechos que yo tengo hoy.
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