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Nueva detención y persecución de Melissa Martínez profundiza la criminalización contra defensoras garífunas en Honduras

La situación es alarmante: se han documentado múltiples casos de violencia y hostigamiento hacia líderes comunitarios garífunas solo este año, como los atentados ocurridos en mayo en Wageira y a inicios de octubre en Nueva Armenia, donde se utilizaron armas de fuego para intimidar a las y los defensores de tierras ancestrales.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Atlántida, Honduras
La defensora hondureña Melissa Martínez en una imagen de archivo | Fotografía de Criterio.hn
La defensora hondureña Melissa Martínez en una imagen de archivo | Fotografía de Criterio.hn

Este miércoles 30 de octubre de 2024, la defensora de derechos humanos y miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Melissa Martínez, fue detenida arbitrariamente en un retén policial en La Ceiba, Atlántida. Según informó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Martínez había participado en el Encuentro Nacional de Defensoras en Trujillo y se dirigía de regreso a su comunidad cuando el transporte en que viajaba fue detenido para un registro. Sin autorización para estar presente durante la inspección de sus pertenencias, Martínez exigió que le permitieran observar el proceso, lo cual desencadenó su detención. Además, le confiscaron su teléfono y amenazaron con arrestar a otro miembro de la OFRANEH si intentaba intervenir.


Este incidente no es aislado. Martínez y la reconocida líder Miriam Miranda han sido objeto de una campaña de desprestigio y acoso constante el último año, exacerbada desde que en agosto pasado fueron difamadas en la estación de radio HRN. Durante una emisión, Ritzy Norman Jones, ciudadana estadounidense, acusó a la OFRANEH de "propiciar invasiones de tierras" en Punta Gorda, territorio ancestral garífuna en las Islas de la Bahía. Jones, quien reclama la propiedad de un predio de 28 acres en esa zona, señaló públicamente a Miranda y Martínez, refiriéndose a ellas y a la organización como "delincuentes", en una clara estrategia para deslegitimar los esfuerzos de recuperación de tierras ancestrales liderados por el pueblo garífuna, de forma política e institucional.


Punta Gorda, fundada en 1797 y reconocida oficialmente como el primer asentamiento garífuna en Honduras, es parte del proyecto emancipatorio del pueblo garífuna, que ha luchado durante más de dos siglos para recuperar y preservar sus territorios. Sin embargo, estos esfuerzos de recuperación se han topado repetidamente con hostigamientos, criminalización y difamación, especialmente de parte de sectores con intereses económicos en la zona.


A través del Decreto No. 68-96, el Congreso Legislativo de Honduras reconoció a Punta Gorda como patrimonio nacional, reconociendo la significancia histórica y cultural de los territorios garífunas en la identidad hondureña. A pesar de esto, los miembros de la familia Norman han emprendido una campaña pública contra los derechos de estas comunidades, atacando no solo a las defensoras de derechos humanos, sino también a sus familias y a la seguridad de la comunidad garífuna en su conjunto.


El contexto de acoso y criminalización contra el pueblo garífuna en Honduras es alarmante. Los intentos de desalojo y la violencia dirigida hacia líderes de la OFRANEH y sus comunidades reflejan un patrón sistemático de abuso. En mayo de 2024, la comunidad Wageira fue blanco de ataques incendiarios presuntamente perpetrados por personas vinculadas a los Norman, que, según testigos, actuaron con impunidad y un claro propósito de intimidación. Este tipo de agresiones buscan desalentar la lucha por los derechos territoriales del pueblo garífuna y exponer el creciente riesgo al que se enfrentan quienes defienden el territorio ancestral.


Por otro lado, en un episodio alarmante que resalta la continua lucha de los pueblos indígenas en Honduras, dos ambientalistas de la comunidad garífuna de Nueva Armenia fueron heridos por disparos de la Policía Nacional el domingo 06 de octubre de 2024 por la noche. Ese ataque ocurrió durante una acción para recuperar tierras que históricamente pertenecen a su pueblo, el cual ha habitado la región desde antes de que Honduras se constituyera como nación. La zona en disputa está siendo ocupada hasta la fecha ilegalmente por la empresa Palmas de Atlántida, conocida por su cultivo de palma africana.


Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, organizaciones y defensores han denunciado estos abusos, instando a las autoridades nacionales e internacionales a tomar medidas urgentes para proteger a Martínez y Miranda, y a garantizar que la Policía Nacional de Honduras respete los derechos fundamentales de quienes defienden el territorio garífuna. Asimismo, subrayan la necesidad de que el Estado hondureño cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que amparan los derechos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.


La situación de persecución y criminalización no solo impacta la lucha territorial, sino que también repercute en la vida y seguridad de las comunidades garífunas, quienes enfrentan desplazamientos forzados y la pérdida de sus recursos naturales. En un contexto de crecientes tensiones y amenazas, el pueblo garífuna y sus defensores exigen que se respete su derecho a vivir en sus tierras ancestrales y a ser reconocidos como parte fundamental de la diversidad cultural hondureña. Con un llamado a la comunidad internacional, las organizaciones reiteran su compromiso de mantener la defensa de los derechos garífunas, sin importar los desafíos que enfrenten.


La OFRANEH, junto a otros movimientos de derechos humanos, exhorta al cese de la persecución y hostigamiento contra el pueblo garífuna, quienes demandan que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice la seguridad, integridad y libertad de sus líderes y defensores.


 

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