ONU impulsa demanda contra Ortega y Murillo en la Corte Internacional de Justicia por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
- Jairo Videa
- 2 may
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La crisis se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el sandinista Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato —el cuarto consecutivo— sin competencia real: todos sus principales contendientes fueron encarcelados, posteriormente excarcelados y forzados al exilio, con la pérdida de su nacionalidad y derechos civiles.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha dado un paso decisivo al anunciar que busca llevar al Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por crímenes de lesa humanidad, incluyendo la tortura, la persecución política y la apatridia. El abogado Reed Bródy (Nueva York, 1953), miembro del bloque e internacionalmente conocido como el "cazador de dictadores", hizo pública la intención durante un foro en San José, Costa Rica, esta semana, señalando la necesidad de establecer responsabilidad estatal por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país centroamericano.
Bródy denunció que el régimen encabezado por el sandinista Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha hecho de Nicaragua un laboratorio de represión institucionalizada. Según explicó, la nación se ha convertido en el mayor ejecutor mundial de la privación arbitraria de nacionalidad con fines políticos, violando flagrantemente tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.
Desde la rebelión cívica de abril del año 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a protestar contra una reforma al sistema de pensiones y contra un incendio forestal en la principal reserva del territorio, la administración Ortega-Murillo respondió con una represión letal que dejó más de 350 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organizaciones locales elevan la cifra a más de 2,000 víctimas, entre heridos, judicializados y fallecidos. A partir de ese momento, el país entró en una espiral de control autoritario cada vez más severo.
Bródy señaló que la naturaleza de la represión ha evolucionado: de una respuesta violenta masiva en las calles, a una represión selectiva y quirúrgica, dirigida a sofocar cualquier indicio de disidencia. Hoy, dijo, se busca el "control total" de la sociedad. En esa lógica, la dictadura ha expulsado a decenas de opositores, despojado de su nacionalidad a más de 300 personas y ha cerrado medios de comunicación, universidades, oenegés y templos religiosos, consolidando lo que el experto llamó una "maquinaria de represión" en la que el Estado y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se han fusionado.
"El régimen ha concentrado el poder como ningún otro en el continente. La reforma constitucional de este año es grotesca: eliminó la división de poderes y convirtió a la Copresidencia en un ente omnipotente", denunció Bródy. La nueva Carta Magna formaliza las figuras copresidenciales, colocada en manos de Ortega y Murillo, reforzando una estructura que supervisa y controla todos los aspectos de la vida nacional, sin el voto popular.
El grupo de expertos ha identificado a 54 altos funcionarios responsables de crímenes, entre ellos miembros del Ejército, la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Poder Legislativo, también bajo el control del FSLN. Las acusaciones incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, juicios sin representación o garantías, y políticas de silenciamiento sistemático de la sociedad civil.
En paralelo a estas denuncias, el discurso oficial mantiene su tono intransigente. Este miércoles 30 de abril de 2025, Rosario Murillo, vocera del régimen y designada copresidenta, reafirmó que quienes han sido expulsados de Nicaragua o se les ha prohibido el ingreso "jamás podrán retornar". Los calificó de "imperdonables" y "condenables", y afirmó que sus acciones representan una "aventura desastrosa" que, según ella, ha sido rechazada por el "pueblo noble y cristiano" de Nicaragua.
"No habrá perdón, ni olvido", sentenció Murillo en un mensaje transmitido por los medios oficialistas, insistiendo en que quienes critican al régimen actúan por "amargura y frustración", mientras el país supuestamente vive en "victoria".
El endurecimiento del discurso y la retirada del país de instancias internacionales —como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)— refuerzan el aislamiento del régimen, cuando las únicas relaciones de "amistad" son con Cuba, Venezuela, Rusia, China, Palestina y Honduras. Estas decisiones fueron tomadas tras la divulgación de informes que documentan graves violaciones a los derechos humanos y su indiscutible calificación como crímenes de lesa humanidad.
Pese al aparato de censura y represión, Bródy llamó a las víctimas a seguir documentando las violaciones, pues considera que esa memoria es fundamental para la búsqueda de justicia. "Ningún régimen autoritario es eterno", afirmó. Para el experto, llevar el caso ante la CIJ representa no solo un acto de denuncia jurídica, sino un mensaje claro a las dictaduras del mundo: la impunidad no es infinita.
Entonces, la demanda internacional que impulsa el GHREN marca un nuevo capítulo en la lucha por la justicia y la reparación en Nicaragua, donde la represión ha dejado cicatrices profundas en cientos de miles de personas, tanto dentro como fuera del país. Solo falta un Estado democrático que encabece la petición.
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