La Comisión de Postulación enfrenta un reto considerable en los próximos días, ya que deberá seleccionar las ternas de candidatos que serán presentadas al Congreso de la República para la elección final de las y los magistrados. Este proceso, que culminará en octubre, es crucial para determinar el rumbo que tomará la administración de justicia en Guatemala en los próximos años. A medida que avanza la revisión de expedientes, la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional mantienen una vigilancia constante sobre el proceso. La transparencia y el rigor con que se maneje esta fase determinarán no solo la legitimidad de los nuevos magistrados, sino también la credibilidad del sistema judicial en su conjunto.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Universidad Rafael Landívar se ha convertido en el epicentro de uno de los procesos más importantes y controvertidos en la política y el sistema judicial de Guatemala: la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones. Desde el 20 de agosto de 2024, esta sede universitaria ha sido testigo de una intensa actividad, marcada por la recepción de expedientes de aspirantes, el escrutinio de la comunidad internacional, y una creciente preocupación por la transparencia del proceso. El sábado 24 de agosto, fecha límite para la entrega de expedientes, más de 200 abogados se acercaron -desde las primeras horas del día hasta la tarde- a la Universidad Rafael Landívar para formalizar sus candidaturas a la CSJ y la Corte de Apelaciones. Entre los aspirantes, se encontraban jueces, fiscales, exfuncionarios de gobierno y figuras políticas señaladas por corrupción, lo que ha generado una gran expectación y preocupación entre la ciudadanía, las y los periodistas y la comunidad internacional.
Este proceso no ha pasado desapercibido para organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó una misión de observación para monitorear de cerca cada etapa, con el objetivo de garantizar la transparencia y legitimidad de la selección. La presencia de la OEA, solicitada por la administración del presidente Bernardo Arévalo, subrayó la importancia de este proceso, especialmente en un contexto donde la lucha contra la corrupción es uno de los temas más apremiantes en la agenda nacional, y cuando el Poder Ejecutivo enfrenta una grave fricción con el Ministerio Público.
El número de expedientes recibidos para la CSJ en 2024 es notablemente menor en comparación con el proceso de 2020. Según datos de ProJusticia y fuentes consultadas por este medio, en 2020 se inscribieron 259 aspirantes, mientras que este año la cifra apenas supera los 200. Esta disminución podría interpretarse como un reflejo del clima político y judicial en Guatemala, marcado por la incertidumbre, la desconfianza en las instituciones y la persecución o ataques contra funcionarios o posturas. Por otro lado, la Corte de Apelaciones ha registrado un aumento en el número de aspirantes, con más de 1,200 expedientes recibidos. Esta cifra supera los 1,032 inscritos en 2020, lo que podría indicar un interés renovado en formar parte de este cuerpo judicial, pese a las críticas y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en el país centroamericano.
Perfiles controversiales
La presencia de figuras controvertidas entre los aspirantes ha encendido las alarmas en las redes sociales digitales. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), es uno de los nombres que ha generado más controversia. Curruchiche, sancionado por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y la Unión Europea por sus presuntos intentos de socavar la justicia en Guatemala, presentó su expediente para una magistratura en la Corte de Apelaciones. Su postulación, junto con la de otros funcionarios señalados por corrupción, como Cinthia Monterroso y Gendri Reyes, exministro de Gobernación, ha generado un debate intenso sobre la integridad del proceso. Varios exfuncionarios del expresidente Alejandro Giammattei intentan ascender.
Estas postulaciones no solo han suscitado críticas dentro del país, sino que también han atraído la atención de observadores internacionales. La comunidad regional ha expresado su preocupación por la posibilidad de que estos candidatos, vinculados a actos de corrupción, puedan influir en el sistema judicial guatemalteco desde posiciones clave. El presidente Arévalo no ha permanecido ajeno a la relevancia de este proceso. En un mensaje publicado en sus redes sociales, calificó la jornada como un "momento histórico" para Guatemala, instando a las comisiones de postulación a evaluar cuidadosamente a las y los aspirantes y a la ciudadanía a mantenerse vigilante. "Evaluemos los postulados, vigilemos el proceso, e informemos a nuestros cercanos sobre lo que sucede", escribió Arévalo, subrayando la importancia de una participación activa y crítica de la sociedad civil en este proceso.
Hoy, domingo 25 de agosto, comenzó la revisión de los expedientes por parte de las comisiones de postulación. Este proceso, que se llevará a cabo en la Universidad Rafael Landívar en Ciudad de Guatemala, es crucial para determinar quiénes serán los candidatos que finalmente se presentarán ante el Congreso de la República para su elección. Las ternas, conformadas por un magistrado de apelaciones, un decano universitario y un miembro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), tendrán la tarea de revisar los expedientes y seleccionar a los aspirantes más idóneos.
No obstante, este proceso de selección no está exento de desafíos. Según Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, la participación de fiscales cercanos a la fiscal general Consuelo Porras podría ser parte de una estrategia para "tomar el control de las salas de lo penal". Ibarra advirtió que algunos aspirantes, aunque cumplen con los requisitos formales, podrían tener trayectorias políticas cuestionables, lo que es un riesgo para la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Por su parte, Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, destacó que la alta participación de aspirantes es un signo positivo, pero advirtió que es fundamental que los seleccionados no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que también tengan un genuino compromiso con la justicia y el fortalecimiento institucional del país.
A medida que avanza el proceso de selección, las expectativas son altas. La comunidad internacional y la sociedad guatemalteca esperan que las comisiones de postulación actúen con responsabilidad y transparencia, asegurando que los nuevos magistrados sean profesionales íntegros y comprometidos con el Estado de Derecho.
El camino hacia la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones es largo y complejo, pero su resultado será decisivo para el futuro de la justicia y la democracia en Guatemala. En un país donde la corrupción ha socavado la confianza en las instituciones, la elección de magistrados en 2024 representa una oportunidad crucial para reconstruir la legitimidad y la credibilidad del sistema judicial. Sin embargo, solo el tiempo y las acciones de los postulantes y el Poder Legislativo dirán si este proceso cumplirá con las expectativas o si, por el contrario, se convertirá en un nuevo capítulo de decepción para Guatemala.
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