Antes del 18 de abril de 2018 en Nicaragua ya se realizaban esfuerzos por evitar la instauración de un Gobierno autoritario. Decenas de organizaciones políticas y de sociedad civil habían construido los primeros puentes de unidad para enfrentar el desmantelamiento de las instituciones del Estado, la recuperación de la democracia, el retorno de la confianza en los procesos electorales y las mejoras a la calidad de vida de los nicaragüenses.
En ese trayecto una decena de organizaciones se dieron a la tarea de construir un programa de nación mínimo que abordara las futuras crisis políticas y económicas que ya se proyectaban en un horizonte cercano. Si bien no había claridad de que habría un estallido social de la magnitud del que se vivió desde abril de 2018 y sus consecuencias, se vislumbraba ante las demandas ciudadanas, exigencias que forzaban la apertura al sistema político, y soluciones a una crisis económica que se veía venir producto de la corrupción promovida por los agentes del Estado, en contubernio con las nuevas élites económicas y las establecidas entre 1990 y 2006, así como la centralización del poder de las fuerzas armadas y de seguridad bajo el mando absoluto del Ejecutivo.
La anterior "reseña" es para introducir la presentación de un plan de nación que fue elaborado en junio de 2013 por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), el Grupo Patriótico de Militares Retirados (GPMR), el Grupo de Reflexión de la Izquierda (GRI), el Grupo de Reflexión, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (RESCATE), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Movimiento Patriótico por la República (MPR) y el Partido Socialista de Nicaragua (PSN). Hoy día algunos de estos actores forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En este artículo presento cuáles fueron las propuestas concretas para encontrar la salida a la crisis económica y que para mí son tan válidas de abordar en este momento como la necesidad de adelantar elecciones.
Cambios que necesitamos en las diferentes esferas de la vida nacional
Algunas características del modelo económico e institucional propuesto:
El modelo económico debe tener como centro y principal sujeto a la persona humana, el fortalecimiento de su dignidad, sus valores, sus derechos y sus libertades. La inversión más importante del Estado debe centrarse en el desarrollo del capital humano, condición vital para el incremento de la productividad y la competitividad, sin descuidar la inversión productiva y de infraestructura.
El Estado debe centrar esfuerzos para potenciar las capacidades de formación asignando como mínimo el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y garantizando la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad educativa, por medio del fortalecimiento en coherencia a los sub-sistemas educativos, diversificando ofertas en los diferentes niveles educativos y brindando opciones técnicas para aprovechamiento del bono demográfico.
Las políticas económicas deben propiciar la inversión y la generación de empleo, consensuadas entre el sector privado, los representantes de la clase trabajadora, la sociedad civil y las universidades, a fin de generar consensos sobre el rumbo económico y social del país y la necesidad de construir un Estado con la participación de toda la ciudadanía.
La institucionalidad democrática debe hacer énfasis en la construcción de un sistema político que permita la libre elección de las autoridades nacionales y locales, respetando la voluntad de la ciudadanía, garantizando la igualdad de participación de todas las organizaciones políticas y la incidencia efectiva de las organizaciones de la sociedad civil en la selección de personal idóneo para los poderes del Estado y para la definición de políticas públicas.
Institucionalidad y Estado de Derecho:
La construcción y establecimiento de un pacto social para el establecimiento de un nuevo Estado de Derecho, y por tanto de la institucionalidad democrática, es indispensable para garantizar el desarrollo de una sociedad moderna y para construir una nueva cultura política basada en el pleno funcionamiento de la gobernabilidad. Instituir un Gobierno de instituciones, racionales, inclusivas y con independencia entre los poderes del Estado, fomentando la cultura de legalidad y diálogo. Para estas acciones se propone:
Despartidización e independencia de los distintos Poderes del Estado e instituciones de control de la gestión pública.
Reducción del número de magistrados y altos funcionarios en las instituciones del Estado y reducción de privilegios de acuerdo a la crítica situación del país.
Restablecimiento de los contrapesos entre las instituciones en base a los preceptos constitucionales y el respeto pleno al marco Constitucional para el funcionamiento de las instituciones.
Reformas a la Constitución y a la Ley Electoral orientadas a la construcción de un sistema electoral que garantice la independencia del poder electoral, la transparencia, imparcialidad y profesionalismo en la administración de los procesos de elección de las autoridades nacionales y locales, así como la inclusividad mediante la eliminación de todas las formas de discriminación o de desventaja a partidos minoritarios, para que se respete la voluntad de los votantes.
Despartidizar el Poder Judicial haciendo prevalecer el sumo imperio de la Constitución y las leyes en la administración de la justicia.
Garantizar la independencia jurisdiccional de los y las jueces en relación a las instancias superiores del Poder Judicial.
Separar el órgano de administración y carrera judicial de los órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Despartidizar y restablecer las funciones de la Contraloría de la República, la Procuraduría y la Fiscalía.
Restablecer la autonomía y la descentralización municipal, y garantizar el respeto a la Ley de Municipios y Ley de Participación Ciudadana.
Estado y sociedad civil:
Promover y garantizar la participación ciudadana en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal.
Cumplir con la Ley de Participación Ciudadana y sus instancias de participación tales como el Consejo de Planificación Económica y Social (CONPES), el Consejo de Desarrollo Departamental (CDD), el Comité de Desarrollo Municipal (CDM) y el Consejo Regional de Planificación Económica y Social (CORPES).
Reconocer y respetar la libertad de organización, reunión y movilización de los diferentes sectores de la sociedad.
Garantizar el respeto y la no discriminación hacia la sociedad civil, independientemente de su sexo, edad, identidad, raza, religión, posición política e ideológica.
Respetar los mecanismos establecidos para la participación ciudadana, especialmente de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, adolescencia y juventud, tercera edad, personas con discapacidad y otros sectores vulnerados.
Economía y finanzas:
- Modelo económico:
El modelo económico actual basado en la exclusión y la concentración de los ingresos en manos de unos pocos, será transformado por un modelo más justo y equitativo que permita superar la enorme brecha entre la riqueza y la pobreza, fortaleciendo el papel del Estado en las áreas estratégicas que beneficien a los sectores sociales más desprotegidos; para eso se elaborará un plan de concertación con todos los actores nacionales, para con ello:
Promover un proceso de cambio estructural de la economía, en el sentido de un proceso de incesante diversificación de la estructura productiva mediante el cual, como resultado de la innovación tecnológica, se irán implantando nuevos sectores, incluyendo de forma creciente los intensivos en tecnología.
Aprovechar plenamente el bono demográfico mediante un proceso de permanente cambio estructural, que signifique que la población en edad de trabajar, que está creciendo con fuerza debido al cambio en la estructura de edades y a la creciente incorporación de las mujeres a la actividad económica, encuentre ocupación en actividades económicas, cada vez con mayor productividad, y cada vez más intensivas en conocimiento.
Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, pero el estado debe asumir los costos de la economía del cuidado, la cual recae fundamentalmente en las mujeres, trabajo hasta ahora invisibilizado, no remunerado y con serias implicaciones para la salud y calidad de vida de las mujeres.
Desarrollar una base amplia de recursos humanos con los conocimientos y destrezas requeridas para hacer posible este proceso de cambio estructural, y para que los jóvenes que se incorporen a la edad de trabajar, encuentren empleos, cada vez con mayor calidad, para los cuales deberán estar adecuadamente preparados. Ello exige materializar el derecho a una educación de calidad para todos y todas.
Desarrollo de un sistema nacional de entrenamiento y capacitación laboral que combine y complemente esfuerzos del sector público y privado. El papel de las empresas es central: el desarrollo del capital humano no solamente requiere educación formal, sino el adecuado entrenamiento y capacitación de la fuerza económicamente activa o trabajadora por parte de las empresas.
Desarrollar mecanismos de fomento del desarrollo, convirtiendo al Banco Produzcamos en un verdadero Banco de Fomento o Desarrollo, para asegurar el financiamiento a bajo intereses de las inversiones de medio y largo plazo a la pequeña y mediana producción.
Establecer políticas especiales para fomentar el empleo y formación de jóvenes y mujeres.
Desarrollar la capacidad del país para asimilar, adaptar, mejorar y desarrollar el conocimiento y la tecnología, que lo capacite para llevar a cabo su propio esfuerzo de emulación tecnológica orientado a reducir la brecha tecnológica. Esto es lo que hará posible la constante diversificación de la economía hacia actividades con mayor valor agregado y contenido tecnológico, indispensable para generar empleos de cada vez mayor calidad.
Coordinar acciones e inversiones Públicas y Privadas, para desarrollar ventajas comparativas dinámicas, basadas en la creciente diversificación del aparato productivo.
- Crear mecanismos de fomento del desarrollo:
Instituciones financieras de fomento al desarrollo (Verdadero Banco de Fomento o Desarrollo, cuyos nombramientos dependan de la Asamblea Nacional) para asegurar el financiamiento de las inversiones de medio y largo plazo, indispensables para modernizar y diversificar el aparato productivo, hacia actividades de mayor valor agregado, rendimientos crecientes y elevada densidad de encadenamientos.
Otras Instituciones de fomento: investigación y apoyo a la innovación tecnológica, difusión de la tecnología, inteligencia de mercados y apoyo a la comercialización, desarrollo de la infraestructura adecuada y otros servicios de apoyo.
Estimular la inversión, en especial aquella que se oriente a desarrollar actividades de alto valor agregado, generación de externalidades tecnológicas, y una mayor densidad de encadenamientos intersectoriales.
Establecer políticas crediticias, fiscales, comerciales más eficaces y de fomento de la producción y la comercialización a la pequeña y la mediana producción agropecuaria, artesanal, y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.
Invertir en infraestructura vial agrícola durable.
Asignar conforme plan nacional, recursos financieros para la pequeña y mediana producción.
Elevar producción y productividad, así como darle valor agregado a nuestra producción agrícola en todos los órdenes. Fomento del riego.
Desarrollar la agroindustria.
Alcanzar la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria.
Establecer de un banco de tierras estatal para impulsar la reforma agraria que beneficie al campesinado pobre.
- Presupuesto y fiscalidad:
El sistema tributario permite al Estado contar con los recursos indispensables, que luego se incorporan al presupuesto nacional, para financiar las inversiones en capital humano e infraestructura básica requeridos por el proceso de cambio estructural y para lograr un desarrollo con equidad, para lo cual proponemos lo siguiente:
Impulso de ley de Justicia tributaria con equidad, con el fin de disminuir la brecha entre los más enriquecido y los mas empobrecidos, asegurando que todos aquellos con capacidad contributiva aporten al financiamiento de los bienes públicos que provee el Estado, y que quienes tengan mayor capacidad contributiva aporten relativamente más.
Reducción al mínimo necesario de las exenciones y exoneraciones.
Aplicación del principio de progresividad, de manera que quienes ganen más aporten más y los que tengan menos aporten menos.
Racionalización del Gasto Público, y pasar a un presupuesto que se convierta en la expresión financiera de programas nacionales orientados a cumplir objetivos y metas de desarrollo en diferentes campos, especialmente en educación, salud, infraestructura básica, protección ambiental y desarrollo de la capacidad nacional para asimilar conocimiento y tecnología.
Reducción de los gastos superfluos de las instituciones estatales y combate a la corrupción.
- Derechos de propiedad:
Deberá garantizarse el respeto a la propiedad y a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, siempre y cuando se correspondan y cumplan estrictamente con el marco jurídico legal y de soberanía nacional de Nicaragua.
La corrupción en las instituciones del Estado será asumida como un delito de lesa humanidad.
Política de premio castigo: Premiar la denuncia de la corrupción y castigar a los corruptos.
Todos los bienes adquiridos mediante la cooperación internacional que hayan sido privatizados en manos particulares, deben ser restituidos al Estado nicaragüense. Asimismo, toda deuda pública generada por negocios privados no será reconocida como deuda del Estado nicaragüense.
Los bienes obtenidos ilícitamente, por tráfico de influencia y por actos de corrupción u otros, serán reinvertidos socialmente en base a las políticas de Estado de desarrollo rural y urbano.
Protección y respeto a la legislación existente relacionadas con los derechos ancestrales sobre las propiedades de las comunidades indígenas del Caribe, del pacífico, centro norte y, afro- descendientes .
- Protección del medio ambiente:
Aprovechamiento racional y sostenible de nuestros recursos naturales, aplicando las medidas necesarias que la ley establece para su protección.
Toda inversión ya sea local o extranjera, debe estar en función de los intereses nacionales, asegurando por la vía institucional y legal, que al país le correspondan márgenes justos de ganancia para la inversión social y se preserve la soberanía nacional y la sostenibilidad ambiental.
Realizar con inmediatez, rigurosidad y apego a la ley, los Estudios de impacto ambiental a los mega proyectos en función de su viabilidad y pertinencia y la construcción de un consenso nacional en torno a los mismos.
Asegurar la sostenibilidad de la reserva hídrica de Nicaragua.
Definir una política de Estado referida a los recursos mineros (incluida la minería metálica) en correspondencia con el aprovechamiento sostenible y respeto a la dignidad humana y sus derechos laborales.
En lo social:
- Educación:
La educación es un derecho de todos y todas. Debe ser un factor fundamental para el desarrollo integral de la persona humana y para la superación de la pobreza. La educación debe caracterizarse por ser una educación liberadora del ser humano y de la sociedad, constructora de ciudadanía. Por se propone:
Garantizar la cobertura y el acceso de la población a la educación:
Diversificando la oferta educativa existente, y ampliando la educación básica y superior.
Erradicar el analfabetismo y ampliando la educación básica y habilitación laboral para adultos y adultas.
Garantizar a los y las más pobres la gratuidad de la educación y las condiciones necesarias para brindarles una educación de calidad.
Ampliar la infraestructura educativa en los sectores rurales y la Costa Caribe.
Asegurar las condiciones básicas para el funcionamiento de los centros.
Asegurar una educación pertinente y de calidad.
Universalizando la educación preescolar de tres niveles para niños y niñas de 3 a 6 años garantizando la continuidad del sistema hasta la educación media con salidas intermedias de educación técnica/tecnológica.
Asegurar que el personal más calificado y mejor remunerado del MINED, esté en los territorios, especialmente en aquellos donde existe mayor pobreza, adecuando los currículos a las necesidades, potencialidades y planes de desarrollo local.
Establecer un sistema de contratación por concurso para el personal técnico del MINED.
Garantizando la oferta educativa para personas con Capacidades Diferentes.
Fortaleciendo el Sistema educativo autonómico regional (SEAR) de la Costa Caribe.
Priorizando la educación rural y el multigrado.
Incrementando el salario básico de los y las docentes.
Diseñando, consensuando e implementando la carrera profesional de los y las docentes y una política diferencial de remuneración por desempeño.
Mejorando la calidad de la formación inicial de los y las docentes y el correspondiente aumento de plazas para asegurar contratación y cobertura.
Invirtiendo en una adecuada formación continua y acompañamiento pedagógico para los y las docentes.
Dar continuidad y completar las políticas de educación para la primera infancia (0 – 3 años), consensuando con diferentes sectores de la sociedad un currículo para esta etapa del desarrollo.
Garantizar la laicidad de la educación pública y la educación no sexista.
Articular y generar sinergia entre los tres subsistemas educativos del país y los diversos sectores de la sociedad civil que trabajan y apoyan la educación, promoviendo una cultura de rendición de cuentas basado en un compromiso cuantificado en indicadores y metas a las que la sociedad civil, los medios,
Aumentará la inversión pública en educación preescolar, básica y media, incrementando el presupuesto asignado a la educación, pasando paulatinamente del presupuesto actual al 7% del PIB, tal y como lo exigen las necesidades educativas del país y los compromisos internacionales que ha asumido Nicaragua.
Asegurar el financiamiento estatal a la educación superior y promover la discusión en torno a la Educación Superior necesaria para el país y el establecimiento de compromisos de las universidades con relación a sus resultados, que la sociedad debe monitorear
- Salud:
La salud es un derecho humano esencial que debe ser compartido por todos y todas. Debe ser un factor fundamental para el desarrollo integral de la persona humana y para la superación de la pobreza, por ello proponemos:
Establecer un sistema de salud que garantice la salud de todas las personas.
La violencia contra las mujeres debe ser considerada como un problema de estado y de salud pública, la seguridad humana de las mujeres requiere de la aplicación y destinar recursos económicos para la implementación de la ley 779 en su perspectiva integral.
El modelo de salud deberá estar acorde a las necesidades de la ciudadanía, en el que la prevención, la atención y la recuperación de la salud sean un bien social que el Estado debe garantizar
El Presupuesto General de la República debe disponer de los recursos suficientes para atender las necesidades de salud de la población, con énfasis en la población mas empobrecida.
Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios en todo el territorio nacional, dando prioridad a las zonas desprotegidas, carentes de infraestructura y/o de más difícil acceso.
Garantizar la atención diferenciada y la calidad de los servicios, en todo el ciclo de la vida de las personas.
Los programas deben tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, según sus ciclos vitales.
Se deben incluir programas específicos para la niñez, la adolescencia y juventud, las personas adultas y las adultas mayores, con discapacidades, tomando en cuenta las necesidades propias del envejecimiento.
Contar con programas nacionales que incorporen la salud sexual y la salud reproductiva de la población, la atención integral y los insumos necesarios para el control de la fertilidad, prevención de las ITS, el VIH y el Sida.
Reconocer la feminización de la epidemia del VIH Sida, y el acelerado incremento de la infección en la juventud, desarrollar programas de prevención y atención especializada dirigidos a las mujeres, adolescentes y jóvenes de áreas rurales y urbanas.
Contar con programas respetuosos de los derechos reproductivos, procurando que la maternidad y la paternidad sean asumidas responsablemente, contando con información actualizada, respetando su capacidad de tomar decisiones informadas.
Los servicios de salud deben garantizar una atención respetuosa de los derechos sexuales, sin discriminaciones de ninguna índole.
Nicaragua debe enfrentar el problema de los embarazos en las niñas y adolescentes mediante la educación sexual científica y universal, la lucha contra la violencia y la atención especializada, cuidando del interés superior de las niñas y adolescentes.
Promover la más amplia participación comunitaria en las tareas del cuidado y saneamiento del medio ambiente, la prevención de las epidemias y de las enfermedades inmuno-prevenibles.
Estimular una mejor nutrición para la niñez y garantizar programas comunitarios específicos para atender las enfermedades crónico degenerativas, la desnutrición, el envejecimiento y asistir a la niñez huérfana y/o a las personas en fase avanzada del Sida.
Mejorar la formación universitaria de profesionales de la salud, promover becas de capacitación por méritos y fortalecer los programas docentes para el personal médico y paramédico en ejercicio de su profesión, de modo de lograr su acceso al manejo de las nuevas tecnologías.
Garantizar la capacitación continua al personal de sistema de salud, garantizando una salario digno y condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo.
Garantizar el derecho de la población asegurada y en retiro a gozar de buena atención en las Clínicas Previsionales. Controlar los egresos y transferencias del INSS por cada persona que se atiende en este sistema, garantizando el uso racional de los recursos de la seguridad social.
- Seguridad social:
La sostenibilidad del Seguro Social está íntimamente ligada a la transformación del modelo de crecimiento económico, de manera que este se sustente en una cada vez mayor productividad, y que produzca más empleo de calidad y con mayor remuneración. El aumento sistemático en la productividad del trabajo a lo largo del tiempo es la única manera en que un número más reducido de personas en edades productivas, como el que cabe esperar en la fase de envejecimiento, será capaz de generar los crecientes recursos necesarios para sostenerse a sí mismas, incrementando su nivel de vida, y a la vez sostener niveles de vida también crecientes para los menores de edad y el número en rápido aumento de adultos mayores. Para ello proponemos:
Recuperación de la capacidad financiera del Seguro Social, y conciliación previa de la deuda del Estado con el INSS, tanto de las instancias nacionales y locales.
La ampliación de asegurados está en estrecha vinculación al aprovechamiento del bono demográfico, incremento del presupuesto educativo 7 % del PIB, y a la alineación y armonización de los sistemas educativos para elevar el nivel educativo y logar mejor generación de empleo y una mejor asimilación tecnológica.
Crear una pensión mínima, financiada por el Presupuesto, para todos aquellos adultos mayores para quienes su pensión este por debajo del salario mínimo y para aquellas personas que arriben a la vejez sin ningún tipo de respaldo.
Reformas administrativas a través de la ley, dirigidas a:
Independizar el INSS del Ejecutivo, y sus autoridades nombradas por la Asamblea Nacional, quienes no deben tener inmunidad.
- Establecer requisitos para los nombramientos, tales como:
No ser dirigente de ningún nivel de partidos políticos
Ser profesional de reconocida honorabilidad.
Establecer requisitos para los principales cargos del INSS
- Reforma estructural al INSS:
Organizar la contabilidad del INSS y corregir todos sus defectos y vicios.
Establecer objetiva y claramente la deuda del Estado.
Establecer por ley el arreglo de pago, y que ésta se registre como deuda pública.
Los pagos futuros del Estado en su conjunto, instancias nacionales y locales, deben hacerse directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deduciendo las cotizaciones del Presupuesto y transfiriendo directamente al INSS.
Deberá emitirse un protocolo de las inversiones que garantice que los recursos sean invertidos eficaz y eficientemente.
Vigilancia y control serán ejercidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Asunción de mayor responsabilidad social y fiscal del sector empresarial.
Ejercer control riguroso del sistema médico previsional, que dé mayores garantías a las personas usuarias.
Una nación que mira a sus migrantes:
Diseñar y ejecutar una política para atender y apoyar a la población migrante.
Promover un acuerdo migratorio con Costa Rica, Estados Unidos y los países de destino de la migración nicaragüense que contribuya a la legalización de estas personas en dichos países.
Promover acuerdos con el resto de países centroamericanos para legalizar y facilitar el trabajo temporal de los nicaragüenses, con respeto a sus derechos.
Desarrollar programas y políticas para facilitar las inversiones de la población migrante y la reincorporación de los que deseen regresar al país.
Impulsar el voto de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses en el exterior.
Plena incorporación de la Costa Caribe, derechos de los pueblos indígenas y fortalecimiento de su autonomía:
Promover y preservar los derechos históricos de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y distritos multiétnico de la Costa del Caribe Nicaragüense y del pacífico norte centro.
Gozo y respeto de los deberes y derechos que les corresponden como nicaragüenses, de a acuerdo con nuestra Constitución política.
Desarrollo de infraestructura vial que conecte de manera efectiva a la Costa Caribe con el resto del país.
Respeto a la diversidad cultural y fomento de la educación multicultural y multilingüe
Desarrollo de políticas sociales y económicas que articulen la Costa Caribe y demás pueblos indígenas con el desarrollo global del país.
Demarcación y respeto de los territorios indígenas y étnicos, Distritos Multiétnicos y comunidades indígenas y afro descendientes, que se establecen y se regirán conforme a sus tradiciones y la ley de la materia en lo que corresponde.
Defensa y seguridad:
- Ejército Nacional y Policía Nacional
Restitución institucional de las facultades de los ministerios de Gobernación y Defensa.
Restablecer y despartidizar la Policía Nacional.
Formación en Derechos humanos, Estado de Derecho y no violencia a la Policía Nacional y el Ejército nacional.
El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia.
Tanto la Policía como el Ejército, como instancias no deliberantes están obligados a rechazar cualquier intento de partidización.
- Seguridad ciudadana:
Las amenazas del crimen organizado que se cierne sobre los países centroamericanos que cada año tienen mayor presencia en nuestro país, requiere de una política estatal de carácter integral de Seguridad Ciudadana con status de Ley, la que debe ser asumida con urgencia ante los avances de ese flagelo, priorizando la inversión social para el desarrollo e inclusión.
Relaciones exteriores:
- Una nación soberana:
Defender la soberanía nacional y desarrollar relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo.
De respeto al marco jurídico internacional suscrito por el Estado.
Impulsar esfuerzos binacionales para convertir los conflictos fronterizos en oportunidades de desarrollo en esas zonas.
Promover el avance de la integración centroamericana en todos los campos, estrechando las relaciones económicas, ambientales, comerciales, de ciudadanía y culturales entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos.
Participar en todos los foros internacionales promoviendo la defensa de los derechos humanos y la plena vigencia del derecho internacional.
Integración de la región centroamericana:
Fortalecer el proceso de integración desde las personas, y los valores que fomenten una conciencia integradora.
Construcción de una estrategia de desarrollo Centroamericana que contribuya a lograr el bienestar de la población en donde lo regional agregue valor.
Fortalecer la integración de la Región Mesoamericana y el fortalecimiento de la cooperación y solidaridad Sur-Sur.
Así pues este programa básico para iniciar el camino a la transformación de las fuerzas productivas, económicas, sociales y políticas del país debe ser consensuado como parte de esfuerzos nacionales y debe dar un norte, un sentido estratégico a una propuesta de salida electoral.
תגובות