El reciente comunicado emitido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) de Nicaragua ha generado diversas interpretaciones, pero una cosa es clara: no representa un retroceso en las políticas del régimen, sino una reafirmación de su postura frente a las sanciones internacionales. A pesar de la lectura superficial que algunos medios y analistas han dado a la situación, el mensaje oficial es inequívoco: los bancos deben continuar cumpliendo con las normativas internacionales, particularmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, sin dejar de observar la ley nicaragüense de reciente promulgación. No es una "marcha atrás".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La reciente aprobación de la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas por la Asamblea Legislativa de Nicaragua ha generado una nueva ola de tensiones políticas y económicas. Aunque inicialmente la medida parecía un desafío directo a las sanciones internacionales, el comunicado emitido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) esta semana revela un matiz más complejo: un llamado a los bancos nacionales a cumplir simultáneamente con las normas internas y los estándares internacionales contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Contrario a lo señalado por algunos titulares de medios independientes que interpretan esta acción como un retroceso del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, el comunicado de la SIBOIF refuerza la obligación de las instituciones financieras de operar bajo un esquema de "doble cumplimiento". Esto implica que los bancos deben prestar servicios financieros a sancionados en conformidad con la nueva ley -aprobada junto a una nueva Constitución y otro amplio grupo de reformas desde hace 16 meses-, pero también deben aplicar controles estrictos bajo estándares internacionales.
La circular destaca dos puntos clave:
Cumplimiento obligatorio con la ley nacional: Los bancos están obligados a mantener o reabrir cuentas de personas e instituciones sancionadas, garantizando la prestación de servicios financieros en Nicaragua.
Debida diligencia intensificada: Simultáneamente, las entidades bancarias deben denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda ser interpretada como delito según el marco legal interno, lo que amplía el control estatal sobre las operaciones financieras.
En ningún momento la SIBOIF indica que la ley sea inaplicable o inválida. Por el contrario, subraya la responsabilidad directa de los bancos de garantizar su cumplimiento, sin eximirlos de las posibles repercusiones internacionales.
La ambigüedad inherente al cumplimiento de ambas normativas plantea un dilema para las instituciones bancarias. Por un lado, las entidades que no cumplan con la ley nacional enfrentan sanciones severas, que podrían incluir el cierre de operaciones y acusaciones de "traición a la patria". Por otro lado, adherirse completamente a las disposiciones internas podría costarles la pérdida de relaciones corresponsales internacionales, vitales para mantener operaciones globales y transacciones locales. Esto último resulta particularmente preocupante en un sistema financiero nicaragüense altamente dependiente de bancos extranjeros para procesar transacciones internacionales, desde remesas hasta operaciones comerciales. Analistas alertan en ese sentido que esta situación podría aislar aún más a Nicaragua del mercado global, agravando la ya crítica situación económica del país centroamericano.
En un entorno mediático polarizado, algunas figuras como el periodista Miguel Mora han calificado la directriz de la SIBOIF como una derrota para el régimen, describiendo la ley como "papel mojado". Sin embargo, esta narrativa parece ignorar el trasfondo de control estatal reforzado sobre el sistema financiero desde hace ya varios años. Lejos de ser una marcha atrás, el comunicado de la SIBOIF es una muestra más de la estrategia para mantener una apariencia de cumplimiento internacional mientras se consolida la vigilancia y control sobre las entidades financieras locales.
La Ley de Protección a Sancionados forma parte de un conjunto de medidas del régimen Ortega-Murillo destinadas a contrarrestar el creciente aislamiento internacional. Desde 2018, la administración sandinista enfrenta sanciones de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), la Unión Europea, Suiza y Canadá por su implicación en violaciones a los derechos humanos y represión política e institucional. Esta legislación busca proteger a funcionarios y entidades estatales sancionadas, como la Policía Nacional y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), obligando a los bancos a mantener relaciones financieras con ellos. Sin embargo, su implementación podría desencadenar efectos adversos significativos, tanto en el sistema financiero interno como en la economía nacional.
La directriz de la SIBOIF refleja la creciente presión sobre las instituciones bancarias de Nicaragua, que ahora deben operar en un entorno altamente politizado y regulado. La tensión entre el cumplimiento de las normas internacionales y la obediencia a las leyes locales coloca a los bancos en una posición de alto riesgo, donde cualquier paso en falso podría tener consecuencias drásticas, tanto a nivel interno como externo, cuando el Poder Ejecutivo tiene más poder e intenciones. En este escenario, la incertidumbre domina el panorama económico, con implicaciones que podrían profundizar el aislamiento financiero de Nicaragua y, a la vez, fortalecer el control del régimen sobre los sectores clave del país. Mientras tanto, la narrativa pública sigue polarizada, alimentando una percepción distorsionada de las intenciones y efectos reales de estas medidas. Por ello, hay que leer todo lo que dicen, más de una vez.
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