Los opositores, que habían sido recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional en Managua, fueron trasladados a sus hogares en diferentes departamentos del país. Sin embargo, su liberación estuvo condicionada a la firma de documentos bajo amenazas. Además, se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades policiales en Managua, en una especie de medida cautelar de facto que evidencia el control continuo del régimen.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La noche del miércoles 11 y la madrugada de hoy, jueves 12 de diciembre de 2024, marcaron la excarcelación de al menos 38 opositores del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Nicaragua, quienes habían sido detenidos ilegalmente entre el 22 y el 28 de noviembre, según documentación de este medio. Las y los excarcelados, llevados a sus hogares en diversos departamentos del país centroamericano, fueron puestos en libertad bajo estrictas advertencias y medidas restrictivas que limitan su movilidad y expresión.
Los liberados, anteriormente recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional de Managua, fueron amenazados y obligados a firmar documentos bajo coerción antes de su excarcelación. Según informaron fuentes cercanas a los detenidos, la policía les impuso una especie de medida cautelar: deben reportarse periódicamente en Managua, algunos semanalmente y otros mensualmente. El temor prevalece entre los excarcelados, quienes evitan divulgar sus nombres por miedo a represalias.
La liberación se produjo tras audiencias judiciales virtuales en las que se les notificaron cargos relacionados con "ciberdelitos" y "traición a la patria". Sin embargo, los detenidos no tuvieron oportunidad de defenderse ni fueron sentenciados formalmente, revelando un proceso judicial arbitrario y carente de transparencia.
Estas acciones represivas coincidieron con la aprobación de reformas constitucionales impulsadas por el régimen, que consolidan un sistema de copresidencia y eliminan libertades fundamentales. Durante este período, el Monitoreo Azul y Blanco confirmó al menos 30 detenciones arbitrarias en varias regiones del país, incluyendo Masaya, León, Estelí y Jinotega. Las víctimas incluyeron abogados, médicos, periodistas y disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Entre los casos más destacados figura el del periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, quien permanece detenido desde el 22 de noviembre. A pesar de los llamados internacionales por su liberación, Cárcamo no fue incluido en el grupo excarcelado, generando incertidumbre y preocupación entre sus familiares. Su situación refleja la persistente represión contra la prensa y la oposición política en Nicaragua.
La liberación de estos opositores no significa el fin de la represión. Organizaciones como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas aseguran que al menos 30 individuos permanecen detenidos bajo condiciones inhumanas, mientras otras víctimas siguen en condición de desaparición forzada. Además, se teme que muchas familias no denuncien por miedo a represalias, lo que podría aumentar el subregistro de presos políticos.
En el ámbito internacional, figuras como la exguerrillera Dora María Téllez han llamado a intensificar la presión sobre el régimen para garantizar la liberación de todos los presos políticos y el cierre definitivo de cárceles utilizadas para reprimir la disidencia. Países como Costa Rica, Panamá y Colombia también han alzado su voz para exigir el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
La liberación de estos 38 ciudadanos podría interpretarse como una estrategia para aliviar la creciente presión internacional sobre el régimen. Sin embargo, las condiciones impuestas, las continuas detenciones arbitrarias y la ausencia de un cambio estructural en el sistema político nicaragüense subrayan que la crisis persiste. En un país donde las libertades individuales son sistemáticamente negadas, el camino hacia la justicia y la democracia sigue siendo incierto.
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