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Renuncias, denuncias y desorden administrativo en la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras

El equipo laboral de esta secretaría estatal emitió un comunicado reconociendo la existencia de situaciones de vulneración de derechos humanos en la institución. Entre las denuncias, se destacan prácticas de nepotismo, discriminación, abuso de poder y maltratos, señalando una mala gestión del recurso humano por parte de las autoridades. Exigen la contratación de nuevo personal conforme a los requisitos y procesos establecidos en el ámbito de los derechos humanos.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Tegucigalpa, Honduras
Natalie Roque en una imagen de archivo | Fotografía de Criterio.hn

En medio de un turbulento escenario en la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la renuncia del subsecretario Guido Eguigure y las contundentes denuncias de malos tratos por parte de empleados han llevado al Poder Ejecutivo a considerar una exhaustiva investigación sobre la titular de la institución, Natalie Roque. La situación, que ha generado fuertes repercusiones a nivel institucional, se torna crítica con acusaciones que van desde el maltrato laboral hasta la corrupción y el nepotismo. En ese sentido, la presidenta Xiomara Castro, a través de una fuente oficial de Casa Presidencial, dejó entrever la posibilidad de emprender una investigación detallada, destacando que el respeto, independientemente de los rangos, es fundamental y que cualquier acción tomada será guiada por los principios de la Presidencia.


Las denuncias de los empleados, expresadas en un comunicado oficial, revelan una serie de irregularidades en la SEDH. Se habla de vulneración de derechos humanos, nepotismo, discriminación, abuso de poder y malos tratos que, según los empleados, están afectando el correcto funcionamiento de la administración pública. Demandan la contratación de nuevo personal que cumpla con los requisitos y procesos necesarios en el ámbito de los derechos humanos.


Ante estas acusaciones, Natalie Roque ha salido al paso, refutando las denuncias como "noticias falsas" destinadas a generar presión y tensión de manera constante. La ministra argumenta que las diferencias deben manejarse internamente y se muestra abierta a cualquier investigación, asegurando que no tienen nada que ocultar.


En respuesta a la carta de renuncia de Guido Eguigure, Roque admitió su veracidad pero rechazó algunas de las afirmaciones hechas por el exfuncionario. Según ella, existen discrepancias con la realidad en las aseveraciones de Eguigure. Este, por su parte, denunció la filtración de un oficio de una dependencia de Estado como una falta grave a la confidencialidad, subrayando que abusar del poder y dar malos tratos a los subalternos va en contra del Código de Conducta Ética del Servidor Público.


La crisis en la SEDH se profundiza con las acusaciones de corrupción y mal manejo administrativo. Empleados señalan que Roque ha contratado a familiares en puestos estratégicos, desviando fondos y malversando recursos para beneficio propio. La denuncia incluye la contratación del padrino de Roque como médico personal, así como a su esposa en el cargo de directora de Cooperación, ambos percibiendo salarios mensuales de 60,000 lempiras. También se menciona a una persona llamada Delia Merlo, supuestamente empleada para hostigar y maltratar a otros empleados.


El comunicado de los empleados exige una auditoría para investigar el manejo de fondos en la Secretaría de Derechos Humanos, señalando que Roque utiliza los recursos para satisfacer las necesidades de sus escoltas personales. Aseguran que proyectos importantes se han perdido debido a los conflictos de Roque con otros ministros del Gobierno de Castro, iniciando su etapa final de gestión.


Frente a estas acusaciones, Natalie Roque ha reafirmado su posición como una profesional que exige el cumplimiento riguroso de sus funciones y niega ser una violadora de derechos humanos. Sin embargo, la gravedad de las denuncias y la renuncia de importantes funcionarios de la SEDH ponen en entredicho la estabilidad y credibilidad de la institución y de Roque.


La viceministra Mirta Gutiérrez, a pesar de la renuncia de Eguigure, ha comunicado que permanecerá en su cargo, destacando el compromiso para superar las dificultades en la Secretaría de Derechos Humanos. La situación, sin embargo, plantea interrogantes sobre el futuro de la institución y la capacidad de Roque para liderarla eficazmente.


La crisis en la SEDH no solo amenaza con socavar la confianza en la gestión de derechos humanos en Honduras, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una investigación imparcial para esclarecer los hechos y restablecer la integridad de la institución. La presidenta Xiomara Castro enfrenta un desafío crucial al tener que abordar esta situación y tomar decisiones que no solo reparen el daño causado, sino que también fortalezcan la credibilidad del Gobierno en la defensa de los derechos fundamentales.


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