Las redadas, realizadas por la Policía Nacional, han generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Alertas Libertad de Prensa Nicaragua, de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), denunció que al menos nueve ciudadanos críticos del régimen fueron detenidos en León. Monitoreo Azul y Blanco, por su parte, confirmó doce detenciones, señalando que podrían existir casos adicionales aún no corroborados.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La noche del viernes 22 y el sábado 23 de noviembre de 2024, Nicaragua vivió una nueva arremetida represiva bajo la dirección del régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo. Según diversas organizaciones de derechos humanos y medios independientes, al menos 12 ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente en los departamentos de León y Masaya. Las acciones represivas coinciden con la reciente aprobación, en primera legislatura, de una reforma constitucional brutal y total que consolida el poder absoluto de la pareja sandinista y oficializa las bases para una sucesión dinástica sin precedentes en América.
Entre los detenidos se encuentran el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, un profesional retirado con un largo historial en los medios de comunicación locales, y el médico jubilado Arnoldo Toruño, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). Ambos adultos mayores padecen condiciones de salud delicadas, según activistas y familiares. Cárcamo, conocido por su compromiso periodístico en el departamento de León, ya había enfrentado persecución en el año 2019, cuando fue detenido y liberado horas después. Toruño, por su parte, ha sido blanco de hostigamientos desde el mismo año, incluyendo el allanamiento de su vivienda.
Las aprehensiones forman parte de un operativo coordinado de la Policía Nacional, denunciado por el Monitoreo Azul y Blanco, que confirmó al menos 12 detenciones en León y Masaya, con reportes adicionales aún sin verificar. Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, parecen ser seleccionadas por su supuesto vínculo con las protestas cívicas desde abril de 2018. Según Ivania Álvarez, de la organización Urnas Abiertas, esta narrativa oficialista califica a los participantes de dichas movilizaciones como "traidores a la patria".
Ana Margarita Vijil, integrante de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), relacionó estas acciones represivas con el rechazo popular a las reformas constitucionales aprobadas la misma semana de las detenciones. La reforma, aprobada ya por el Poder Legislativo, que modificó más de 100 artículos de la Constitución, no solo otorga a Rosario Murillo un rol de copresidenta, sino que elimina garantías fundamentales como la prohibición de la tortura y la protección de la nacionalidad. En ese sentido, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y Alertas Libertad de Prensa Nicaragua han condenado estas detenciones, destacando que representan otro ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la disidencia. La persecución sistemática contra periodistas y defensores de derechos humanos ha dejado a Nicaragua "sin voces informativas", según FLED.
Las recientes detenciones se suman al patrón de siempre, de represión social e institucional, que incluye encarcelamientos arbitrarios y el destierro masivo de opositores. El jueves 05 de septiembre de este año, 135 presos políticos fueron exiliados a Guatemala, mientras que en febrero de 2023, 222 fueron enviados a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) desde Managua. Estas acciones evidencian una estrategia de silenciar a las voces críticas y desmantelar cualquier forma de oposición organizada.
El régimen Ortega-Murillo, consolidado ahora bajo una Constitución diseñada a su medida, intensifica su control absoluto sobre el país centroamericano. Ante este panorama, organizaciones locales e internacionales reiteran su llamado a detener la represión y exigir el respeto de los derechos humanos. La comunidad internacional enfrenta el desafío de intervenir de manera efectiva para evitar que la situación en Nicaragua continúe deteriorándose, más y más.
Mientras tanto, las familias de los detenidos y la sociedad nicaragüense viven en un clima de miedo e incertidumbre, conscientes de que la lucha por la justicia y la libertad es cada vez más arriesgada bajo un régimen que no tolera la oposición o las críticas.
46 presos políticos, o más
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su política de represión contra los opositores y disidentes, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Al jueves 07 de noviembre de 2024, el número de personas detenidas por razones políticas se elevó a 46, un incremento respecto a los 45 reportados en septiembre, que incluye tanto a hombres como mujeres, y entre ellos, 10 adultos mayores, algunos de los cuales enfrentan condiciones de salud muy vulnerables.
El informe, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela que estos presos son víctimas de un sistema judicial que actúa bajo directrices políticas, donde las acusaciones varían, adaptándose a las circunstancias y al contexto de cada detención. Esto refleja un perfeccionamiento de las tácticas represivas, que no solo buscan estigmatizar a las víctimas, sino también ampliar el alcance de las acusaciones para neutralizar cualquier forma de disidencia política o civil.
La situación de las personas detenidas es alarmante, y el contexto de persecución se agrava con un creciente número de desapariciones forzadas. Según el Mecanismo, el número de desaparecidos asciende a 12, entre ellos el coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, quien lleva más de seis meses desaparecido. La desaparición forzada es una práctica denunciada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que la define como la detención ilegal seguida de la negativa por parte del Estado de revelar el paradero de la persona detenida, lo que genera una profunda angustia en los familiares.
El caso de Boitano es particularmente revelador. Eugenia Valle, su esposa, relató que su esposo fue secuestrado el 23 de abril de 2024 por civiles armados y policías, y desde entonces ha sido imposible obtener información oficial sobre su paradero. Según Valle, Boitano había regresado a Nicaragua en septiembre de 2023, tras haber vivido en Italia durante varios años, para asistir a la graduación de su hija y reencontrarse con su familia. Además, sus libros críticos sobre Ortega y la sospechosa muerte del boxeador Alexis Argüello podrían haber sido un factor en su persecución.
Además de los 46 presos políticos, el informe del Mecanismo señala que las detenciones arbitrarias han aumentado, incluso entre funcionarios públicos y simpatizantes del régimen, quienes son detenidos sin pruebas y sin derecho a un juicio justo. La represión, sin embargo, no se limita a los opositores conocidos: también ha alcanzado a empleados del gobierno que han caído en desgracia ante la pareja presidencial, como es el caso de 28 trabajadores del Estado recluidos en la cárcel de máxima seguridad de "La Modelo". Estos presos, en su mayoría exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia, enfrentan condiciones inhumanas, sin acceso a visitas familiares ni a condiciones mínimas de dignidad.
Las condiciones de encarcelamiento en Nicaragua son cada vez más severas. En "La Modelo", la cárcel de máxima seguridad, los prisioneros políticos se encuentran en un entorno de total aislamiento. En algunos casos, la falta de acceso a visitas y paquetería durante meses ha sido la norma. Solo en las últimas semanas se ha permitido la llegada de paquetes restringidos, con productos básicos como pan y jabón, pero sin alimentos elaborados o artículos personales más allá de lo estrictamente esencial.
El informe también revela la triste situación de las personas adultas mayores en prisión, cuya vulnerabilidad se incrementa por la falta de atención médica adecuada. En este sentido, el Mecanismo hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que mantenga su presión sobre el gobierno de Ortega y Murillo, a fin de que cese la persecución política y la violación de los derechos humanos en Nicaragua.
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