Para muchos migrantes, el sueño de llegar a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) se ve frustrado por las estrictas políticas migratorias de ese país y de México. Solo en lo que va de 2024, EE.UU. ha deportado a 82,110 personas, mientras que México ha devuelto a 20,238 migrantes a sus países de origen. Además, otros 341 fueron deportados desde diferentes naciones hacía Centroamérica. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la falta de soluciones efectivas por parte de las administraciones centroamericanos para frenar la migración irregular.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
La migración centroamericana sigue en aumento en 2024, impulsada por una serie de factores estructurales que obligan a miles de personas a abandonar sus países en la búsqueda de mejores condiciones de vida y seguridad en todas sus dimensiones. Según un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 102,000 migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala han sido deportados desde Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y México entre enero y agosto de este año, lo que representa un incremento del 4 % respecto al mismo periodo en 2023. Este aumento en las deportaciones refleja una tendencia persistente en la región, donde la inestabilidad económica, la violencia, la persecución política y la falta de oportunidades continúan empujando a miles de centroamericanos a buscar refugio en el norte del continente.
Sin embargo, las políticas migratorias de los gobiernos de EE.UU. y México han endurecido el control en sus fronteras, provocando un aumento en las deportaciones y las detenciones, y dificultando el sueño de miles de migrantes que arriesgan sus vidas en la travesía.
Dentro de este panorama, Honduras destaca con un total de 34,419 compatriotas deportados, lo que representa el 33.5 % del total de centroamericanos devueltos a sus países. Las cifras de la OIM muestran que, aunque el número de deportaciones ha disminuido en un 13.2 % en comparación con el año anterior, el país sigue enfrentando una profunda crisis migratoria. El elevado número de hondureños deportados evidencia las fallas estructurales del Estado y sus instituciones para ofrecer soluciones a las causas subyacentes de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de empleo. A pesar de esta disminución en las deportaciones hacia Honduras, la cifra sigue siendo alarmante, ya que implica que decenas de miles de personas siguen viéndose obligadas a abandonar el país cada año.
Además, las autoridades hondureñas no han logrado implementar programas efectivos para reintegrar a estos deportados en la sociedad, lo que a menudo resulta en un ciclo repetido de migración irregular. Durante la administración de Xiomara Castro "lo más que se ha hecho es aperturar oficinas para atender a las personas retornadas a la fuerza o voluntariamente, con el fin de proporcionar documentación personal y guía general", comentó a la Redacción de COYUNTURA un abogado hondureño bajo la condición de anonimato.
En ese sentido, uno de los aspectos más preocupantes del informe de la OIM es el alto número de niños y adolescentes deportados. De los 102,689 migrantes devueltos hasta la fecha, 13,144 son menores de edad, con 8,339 provenientes de Estados Unidos y 4,612 de México. Aunque estas cifras representan una disminución del 8.9 % en comparación con el año anterior, sigue siendo un problema grave que afecta directamente a los más vulnerables.
Por otro lado, la niñez migrante enfrenta peligros extremos durante su travesía hacia el norte, exponiéndose a situaciones de abuso, tráfico de personas y violencia. Una vez deportados, estos menores regresan a las mismas condiciones que les empujaron a migrar en primer lugar, lo que a menudo resulta en traumas psicológicos y la repetición del ciclo migratorio.
Cada año, más de 500,000 personas de Honduras, El Salvador y Guatemala intentan emigrar hacia Estados Unidos, motivadas por una combinación de factores. Entre las principales razones se encuentran la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, la falta de oportunidades laborales y la violencia relacionada con pandillas y el narcotráfico. En Honduras, por ejemplo, el 48 % de la población vive en condiciones de pobreza extrema, según datos del Banco Mundial. La violencia es otro factor determinante, con altas tasas de homicidios que hacen que muchas familias busquen seguridad fuera del país o de su residencia local (desplazamiento interno). Además, el impacto de fenómenos climáticos, como huracanes, inundaciones y sequías, ha exacerbado la situación desde Eta e Iota, dejando a muchas comunidades rurales sin medios para subsistir.
Frente a este panorama, los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica han sido incapaces de implementar políticas que detengan la migración forzada. A pesar de los esfuerzos de algunos programas, como la cooperación con EE.UU. a través de la llamada "Alianza para la Prosperidad", los resultados han sido limitados y no han logrado abordar las raíces del problema.
El incremento en las deportaciones en 2024 es un reflejo directo de las políticas migratorias más estrictas implementadas por Estados Unidos de Norteamérica -en plena campaña electoral- y México. Bajo la administración de Joe Biden, aunque hubo promesas de una reforma migratoria más humanitaria, la realidad ha sido un refuerzo de las deportaciones y un aumento en las detenciones en la frontera, con programas en paralelo para la "entrada ordenada y legal de inmigrantes", según la Casa Blanca.
En México, las autoridades también han intensificado su control migratorio. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), este año ha marcado un récord en la detención de migrantes en el país, con más de 413,000 personas detenidas por no tener documentación adecuada. El uso de la Guardia Nacional y las fuerzas militares en operativos de contención ha aumentado considerablemente, lo que ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Mientras tanto, para las y los miles de hondureños deportados, regresar a su país representa un desafío enorme. Muchos de ellos vuelven sin recursos, sin empleo y sin redes de apoyo, lo que complica su reintegración en la sociedad. A menudo, las personas deportadas enfrentan estigmatización y dificultades para encontrar trabajo, estabilidad y vínculos sanos, lo que les deja en una situación de vulnerabilidad extrema.
La administración de Honduras ha implementado algunos programas de apoyo a deportados, pero estos han sido insuficientes para abordar la magnitud del problema. La falta de inversión en educación, salud y oportunidades laborales sigue siendo un obstáculo para el desarrollo del país y la región, y para la creación de condiciones que disuadan la migración y sus consecuencias. En conclusión, la crisis migratoria en Honduras y el resto de Centroamérica seguirá siendo un tema de relevancia mientras no se aborden con firmeza y verdadero compromiso las causas estructurales que la provocan y agudizan. Las deportaciones continuarán siendo una realidad hasta que los gobiernos de la región, con el apoyo de la comunidad internacional, implementen soluciones sostenibles para mejorar las condiciones de vida en sus países.
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