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Veteranos militares de Guatemala continúan bloqueos en demanda de pago de deudas

Estos exmilitares, liderados por Deybid Jonás Méndez, manifestaron su descontento debido a la falta de pago de tres meses por su participación en un programa de reforestación bajo la Ley Temporal de Desarrollo Integral. La situación, que ha escalado a protestas masivas, resalta la tensión entre el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y los veteranos, quienes exigen el cumplimiento de lo prometido.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Manifestación del 26 de junio de 2024 en Ciudad de Guatemala | Fotografía de La Hora por Fabricio Alonzo
Manifestación del 26 de junio de 2024 en Ciudad de Guatemala | Fotografía de La Hora por Fabricio Alonzo

Este miércoles 26 de junio de 2024, las calles de Guatemala se vieron nuevamente perturbadas por manifestaciones protagonizadas por la Asociación de Veteranos Militares de Sangre Verde, quienes exigen el pago de tres meses atrasados por su participación en el programa de reforestación del Desarrollo Integral. Según Deybid Jonás Méndez, presidente de la asociación, no se alcanzaron acuerdos con el gobierno, lo que llevó a la decisión de continuar con los bloqueos en diversos puntos del país.


El conflicto se origina en la Ley Temporal de Desarrollo Integral, decreto 51-2022, aprobada durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Esta ley establece un pago mensual de Q1,000 a cada veterano militar inscrito en el programa de reforestación, con una duración de 36 meses, totalizando Q36,000 por persona. La iniciativa fue presentada por los exdiputados José Ubico y Armando Melgar Padilla y recibió el apoyo de 99 diputados, aunque los del Movimiento Semilla se ausentaron de la votación.


El objetivo del programa es la realización de actividades de reforestación, protección y conservación de bosques, así como la limpieza para la conservación ambiental, clasificación de desechos y reciclaje. Sin embargo, los veteranos afirman que no han recibido los pagos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, lo que ha generado una deuda de Q3,000 por persona.


Durante una reunión reciente con el presidente Bernardo Arévalo, se prometió a los veteranos el pago de uno de los tres meses adeudados, aunque no se especificó cuándo se haría efectivo. Ante esta incertidumbre y la falta de acuerdos concretos, los bloqueos continuarán y podrían extenderse a otros puntos estratégicos, incluyendo el Aeropuerto Internacional La Aurora.


El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, señaló que se harán las gestiones para pagar el mes de abril dentro de 15 días, pero aclaró que el resto de los pagos pendientes dependen de la aprobación de una ampliación presupuestaria, actualmente en análisis en el Congreso de la República. Menkos enfatizó que aunque existen los recursos, no hay espacio presupuestario suficiente para cumplir con los pagos, pero aseguró que el proyecto de presupuesto de 2025 incluirá el pago total del año próximo.


División


La falta de acuerdos ha generado una división entre los veteranos. Un grupo de ellos, que participó en la reunión con el presidente, decidió movilizar a sus tropas y despejar las áreas bloqueadas. No obstante, otro grupo se mantiene firme en continuar con las manifestaciones, incluso con la posibilidad de bloquear el aeropuerto.


Un dirigente que prefirió mantenerse en el anonimato indicó que la división se debe a la percepción de que algunos líderes se "vendieron" al gobierno al aceptar las promesas sin garantías concretas. Esta división añade incertidumbre sobre la cantidad de puntos que serán bloqueados en los próximos días.


El sector empresarial guatemalteco ha reaccionado enérgicamente ante los bloqueos. La Cámara de Comercio de Guatemala presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se dictaran medidas que preserven el orden público y el derecho a la libre locomoción. El pleno del tribunal constitucional resolvió otorgar el amparo provisional, instruyendo al presidente Arévalo, así como a las autoridades de Gobernación y la Policía Nacional Civil, a tomar medidas necesarias para garantizar los derechos de reunión pacífica y manifestación, sin afectar la vida, salud, seguridad y libertad de locomoción de la población.


La Cámara del Agro también emitió un comunicado en el que rechaza los bloqueos, argumentando que estas acciones ilegales afectan el derecho a la libre locomoción y ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, perjudicando especialmente a las familias más vulnerables. La entidad instó a las autoridades a actuar de inmediato para disolver los bloqueos y garantizar el libre tránsito en todo el territorio nacional.


El impacto


Los bloqueos han generado un impacto significativo en la población guatemalteca, especialmente en aquellos que dependen del libre tránsito para sus actividades diarias. Desde la mañana del 26 de junio, al menos 22 puntos de tramos carreteros han sido afectados por las manifestaciones, aunque algunas vías ya han sido liberadas. La situación ha provocado retrasos y complicaciones en la logística de transporte y distribución de bienes, afectando tanto a comerciantes como a consumidores.


La crisis actual refleja una tensión latente entre los compromisos asumidos por el gobierno anterior y las capacidades financieras del gobierno actual. La ampliación presupuestaria propuesta es esencial para resolver la deuda con los veteranos, pero su aprobación en el Congreso aún está en proceso. Mientras tanto, las manifestaciones y bloqueos continúan este jueves 27 de junio de 2024, siendo un medio de presión por parte de los veteranos para asegurar el cumplimiento de sus demandas, según fuentes consultadas.


En este contexto, el diálogo entre el Gobierno y los veteranos es crucial para encontrar una solución sostenible. La implementación efectiva de los pagos adeudados y la garantía de futuros desembolsos pueden aliviar las tensiones y evitar mayores conflictos. Sin embargo, la división interna entre los veteranos y la presión del sector empresarial añaden complejidad a la situación.


La capacidad del Gobierno para manejar esta crisis será una prueba significativa de su habilidad para gobernar y mantener la paz social en un entorno de crecientes demandas y limitados recursos financieros. La situación sigue siendo dinámica y requiere atención continua para prevenir una escalada de conflictos que podría tener repercusiones más amplias en la estabilidad del país centroamericano.


 

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