Xiomara Castro criminaliza la protesta ante disensiones por iniciativa de Ley Tributaria

Una protesta pacífica contra la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, en la zona sur de Honduras, bastó para que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro tomará medidas drásticas y antidemocráticas en contra de la ciudadanía que disienta a sus propuestas, amenazando "con todo el peso de la ley" a quienes se manifestaron o pretendan hacerlo.

Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio

Política

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, la noche del miércoles 10 de mayo en Tegucigalpa, Honduras | Fotografía de Hoy Mismo

La mañana del martes 09 de mayo, miles de trabajadores hondureños recorrieron de forma pacífica las principales avenidas de la ciudad de Choluteca, al sur del país centroamericano. La manifestación, que finalizó con saldo blanco y que contó con el beneplácito del alcalde Quintín Soriano, miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), tenía como objetivo rechazar la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria. Tras la protesta, la presidenta Xiomara Castro convocó, con carácter de urgencia, al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CDNS), con el fin de "neutralizar la hostilidad" contra su iniciativa legislativa.

Pasadas las ocho de la noche del miércoles 10 de mayo, la presienta Castro, su familia y círculo más cercano se reunieron con el CDNS, máxima instancia en temas de defensa y seguridad nacional, que aglutina a los jefes de los tres Poderes del Estado, al fiscal general y a los jefes de los cuerpos de seguridad de Honduras, determinando así:

• Condenar "los actos de violencia en el marco de la discusión y socialización de la Ley".

• Ordenar una "investigación exhaustiva de los hechos acontecidos en Choluteca".

• Identificar a "los responsables de instigar y financiar la manifestación" para aplicarles "todo el peso de la ley".

• Hacer un llamado a la ciudadanía a mantener la calma.

Dicha decisión de la mandataria hondureña, de investigar la manifestación pacífica contra la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, ha sido criticada como un acto dictatorial por diversos sectores de la sociedad civil, políticos opositores y analistas.

Según expertos entrevistados por El Heraldo, un diario hondureño, la medida es amenazante y propia de regímenes dictatoriales como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y representa un claro atentado en contra de los derechos de las y los ciudadanos estipulados dentro de la Constitución, incluyendo el derecho a la protesta pacífica y a la movilización, e incluso a disentir.

El parlamentario liberal Yury Sabas ha declarado que "la ruta no es la de asustar a la gente sino la de construir". Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, ha afirmado que "el derecho a la protesta social es un derecho humano que comporta la conjunción del derecho de libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y asociación".

Mientras tanto, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Luis Larach, ha lamentado la decisión tomada por el CNDS, encabezado por la gobernante Castro, y ha manifestado su preocupación por las declaraciones que "solo hacen pensar en Nicaragua".

Por otro lado, Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, ha afirmado que "no existe tal injerencia política; no existe tal instigación por parte de los patronos; fue una marcha espontánea, solicitada justamente de manera ordenada a la Alcaldía Municipal de Choluteca".

Raúl Pineda Alvarado, experto en derecho penal, ha calificado la determinación tomada por la presidenta en el CNDS como "dramáticamente desafortunada", y ha declarado que quien le recomendó y asesoró sobre ese tema le hizo un daño al Gobierno y a Libre, y le hizo daño a la imagen misma de la Presidenta.

El ministro Ramón Sabillón, encargado de la Secretaría de Seguridad de Honduras, ha anunciado el nombramiento de una comisión especial que investigará estos hechos, con el fin de deducir responsabilidades penales. "La aplicación de la ley será de forma general", advirtió Sabillón.

La decisión del órgano de seguridad y del consejo nacional se da exactamente ocho días después de que la Presidencia mostrará su beneplácito a las "acciones" de la Policía Nacional "para garantizar la libertad de circulación en todas las carreteras de Honduras", luego de que el cuerpo armado reprimiera con cañones de agua a presión y "monotiro de hule de 40 MM no letal" una manifestación de oficiales depurados de la institución armada.

La jefa de Estado hizo un llamado a la ciudadanía "para que se mantenga atenta frente a estas manipulaciones y acciones de personas y grupos que pretenden utilizarlos para mantener sus privilegios y evitar rendir cuentas, debiendo denunciarlas ante las autoridades competentes para que se les aplique todo el peso de la ley". No obstante, el 100 % de las manifestaciones públicas realizadas en el país centroamericano desde la llegada de Castro al poder han sido encabezadas por militantes del oficialismo, quienes, en gran parte de las situaciones, exigen espacios en el Estado o acciones diversas para "resolver" problemas varios.

Pedro Barquero, quien renunció en abril de este año a su cargo de ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico por "incompatibilidad" con las acciones tomadas por el Ejecutivo y los otros Poderes estatales, en manos de Libre, se preguntaba ante la última decisión de Castro si la democracia se había acabado en Honduras.

Por su parte, la periodista y directora del medio de comunicación independiente Contracorriente, Jennifer Avila, subrayó su preocupación al respecto. "Es desproporcionado que desde el CDNS se criminalice una protesta y se amenace con que acciones similares se castigarán. Eso se llama autoritarismo. ¿Quiénes determinarán cuál protesta es buena y cuál es mala? No todos los sectores de la sociedad pueden estar de acuerdo con el Gobierno. La protesta de hoy ¿amenazó la seguridad nacional? Quizá fue una muestra de poder de un grupo que está en contra de una ley. ¿Se justifica por esto su criminalización?", explicó la comunicadora.

Cabe destacar que esta fue la primera concentración masiva en contra de una iniciativa gubernamental, y nisiquiera fue en la capital hondureña. Además, el Estado fue incapaz de demostrar la supuesta violencia que "imperó" en la manifestación.

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