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Partido Nacional: una historia de impunidad

El Partido Nacional de Honduras nació en 1902, tras una separación dentro del Partido Liberal. Con una estructura disciplinada, es una institución altamente conservadora y alineada a los Gobiernos militares instaurados en Honduras durante el siglo XX. En la actualidad, las decisiones antidemocráticas y los vínculos con el narcotráfico, sumado a los escándalos de corrupción, han provocado un declive interno agudo, convirtiendo a dicha organización política en una fuerza alejada de los lineamientos democráticos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS - El Golpe de Estado en contra del expresidente Manuel Zelaya en 2009 y la crisis interna que vivió el Partido Liberal, le brindó al Partido Nacional la oportunidad de establecerse en el poder, llegando a instaurase hasta la actualidad. La toma de posesión del 27 de enero de 2010 en Honduras, provocó una pequeña luz de esperanza en la población, debido a que cerraba los oscuros meses del Golpe de Estado con la llegada de Porfirio Lobo Sosa al poder, quien prometía un Gobierno de unidad, produciendo alivio en las y los hondureños.

Para entender algunos antecedentes históricos, el Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Honduras, Rolando Sierra, señala que una de las características importantes del Partido Nacional en su fuerza es la base de sus simpatizantes. El experto indica que en los sectores más pobres del país es donde se concentra la mayoría del electorado de dicho partido. A su vez, Sierra comenta que las dictaduras militares afectaron al Partido Nacional. "La democracia formal que empieza en Honduras a partir de la década de los 80, en donde hay un Partido Nacional heredero del periodo de las dictaduras militares, no le permitió crecer", explica.

La dictadura con mayor impacto en la historia, que fue encabezada por el Partido Nacional, es la del General Tiburcio Carías Andino, quien se mantuvo en el poder por más de 16 años. Fue el reflejo de un Partido Nacional dominado por militares, que mantuvo buenas relaciones con los Estados Unidos de América y que reprimía las huelgas laborales, además de brindar importantes concesiones a las empresas bananeras de la época. El régimen de Carias censuró a los medios de comunicación, ya que tenían la supervisión de todas las estaciones de radio y prensa. Uno de los crímenes más recordados durante dicho período se dio en la ciudad de San Pedro Sula en 1944, en donde asesinaron a más de 70 personas quienes exigían su renuncia.

 

Esa herencia afectó al Partido Nacional, teniendo como resultado la perdida de las elecciones desde 1982 hasta 1990. "En 1990 el Partido Nacional llega al Gobierno con Rafael Leonardo Callejas, que desmonta el Estado social e implementa en el país el neoliberalismo, con mucha fuerza, e inicia los procesos de privatización de empresas que eran del Estado y de la sociedad hondureña", explica un analista, quien solicitó anonimato para el presente trabajo.

El Gobierno de Callejas se vio envuelto en casos de corrupción, dando como resultado nuevamente un conflicto que terminó cediendo una amplia ventaja al Partido Liberal para ganar nuevamente dos periodos consecutivos.

Para el año 2002, el Partido Nacional regresa a la Casa Presidencial con Ricardo Maduro, quien también fue Presidente del Banco Central de Honduras (BCH) durante el Gobierno de Callejas. La vida privada de Maduro se vio expuesta por el secuestro y asesinato de su hijo en la ciudad de San Pedro Sula en 1997. Para muchos, ese acontecimiento explica el motivo de la lucha contra las maras y pandillas que sostuvo el Gobierno de Maduro. El mandatario fue uno de los grandes exponentes del neoliberalismo en Honduras y su Gobierno se mantuvo ligado a los grupos empresariales, haciéndose llamar la "Mano Dura", por las reformas realizadas a la Ley Antimaras.

Sierra, Director de FLACSO Honduras, señala que el Golpe de Estado provocó una nueva etapa en el Partido Nacional, reflejando una organización más unida, aprendiendo de las lecciones del pasado. "Esto ha beneficiado al Partido Nacional, para consolidarse en estos últimos años en el poder; pero, en el contexto de este grupo, se ha liderado entorno a la figura de Juan Orlando Hernández, cuestionado, como en el período de Callejas, por temas de corrupción".

El Golpe de Estado cambió el rumbo y la historia del país. Fue así como se dividió el Partido Liberal y nació el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), coordinado por el expresidente Manuel Zelaya. Ante esta ruptura, los nacionalistas lograron fortalecer su partido e instalarse en el poder tras ganar las elecciones de 2009.

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El camino de un dictador

El 28 de junio de 2009, el Poder Legislativo estaba reunido para nombrar a Roberto Micheletti como Presidente de la República, tras la salida de Manuel Zelaya. En el acto, tomó la palabra Juan Orlando Hernández, siendo Diputado del Partido Nacional, y dio un discurso llamando al diálogo, y apoyando la decisión que se tomó de sacar a Zelaya del poder.

 

Un año después, Hernández asumió la Presidencia del Congreso Nacional (2010-2014). Su gestión fue llamada "hemorragia legislativa" por la cantidad de leyes que fueron aprobadas sin discreción, entre ellas la famosa Ley de Secretos, que protege la información de más de 16 instituciones públicas, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Defensa. Dicha ley fue aprobada el 24 de enero de 2014, rechazada por organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron que no se solicitó un dictamen del Poder Judicial y la normativa fue aprobada en un solo debate.

Otro de los acontecimientos que marcó la gestión de Hernández en el Congreso Nacional, fue la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre de 2012. En conjunto con el expresidente Lobo, el Congreso ordenó la sustitución de dichos funcionarios por supuesta "obstrucción" en la depuración policial de aquél entonces, generando una incertidumbre entre los poderes del Estado. El acontecimiento se dio en horas de la noche, como una forma de intimidación para que los diputados votaran a favor de la destitución. El Congreso fue rodeado por militares, acción criticada por expertos constitucionales.

Para el 2014, Juan Orlando Hernández asume la Presidencia de la República, prometiendo transformar Honduras y seguir con los planes de seguridad que venía impulsando desde el Congreso. Un año después, su Gobierno se comienza a verse envuelto en escándalos y actos de corrupción, relacionados a su mandato y al Partido Nacional.

 

Durante el 2015, cuando se filtran los escandalosos cheques del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron drenados un aproximado de 7 mil millones de lempiras a nombre del Partido Nacional para la campaña política de 2013. Esto provocó gran indignación, dando como resultado masivas manifestaciones y la exigencia, por parte de la ciudadanía, de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). De manera simultánea, se daba inicio a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad que logró desmantelar importantes redes de corrupción en el país vecino.

Nacimiento y muerte de la MACCIH

Ante las presiones, el Gobierno de Hernández, opto por invitar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para facilitar un diálogo nacional, con el objetivo de construir un mecanismo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Fue hasta el 19 de enero de 2016 que se firmó un acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Honduras para la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

 

​La MACCIH develó un total de 12 casos, en donde lograron demostrar la vinculación de funcionarios del Partido Nacional con el narcotráfico, y otros asociados a muchos diputados del Congreso Nacional, en su mayoría del mismo partido.

Casos de corrupción expuestos por la MACCIH

a. Red de diputados

b. Caja chica de la dama

c. Pacto de impunidad

d. Caso Pandora

e. Caja chica del hermano

f. Licitación fraudulenta del Seguro Social

g. Arca Abierta

h. Fraude sobre el Gualcarque

i. Patuca III Colusión y Corrupción

j. Aseguramiento de bienes de la caja chica de la dama

q. Narco política

l. Extinción de dominio de Bienes del caso pandora

Ante esas vinculaciones con las altas autoridades del Partido Nacional, el 10 de diciembre de 2019, el Poder Legislativo emitió una recomendación para que la MACIH no continuará en el país, poniendo como uno de sus principales argumentos que la misión de la OEA "había violado principios y garantías constitucionales". Es por ello que en enero de 2020, de manera antidemocrática, el Gobierno no renovó el acuerdo con dicho órgano, lo que representa un retroceso grave para la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.

 

Los 12 casos expuestos pusieron en evidencia como las más altas esferas del Partido Nacional, que forman parte del Estado, utilizaban las estructuras gubernamentales y no gubernamentales para llevar a cabo actos de corrupción, prácticas al margen de la ley e incluso actividades de crimen organizado transnacional, así como narcotráfico de estupefacientes y complicidad con los cárteles internacionales y nacionales para beneficios políticos, electorales y económicos.

El control que mantiene el Partido Nacional sobre los poderes del Estado incluye al Ministerio Público, bloqueando así las investigaciones pertinentes sobre casos de corrupción y otros vínculos. A pesar de que se han publicado investigaciones donde se señalan a muchos funcionarios implicados con el crimen organizado, estos no son procesados.

Reelección y fraude electoral

El Presidente Hernández negó en su momento la intención de reelegirse, pero presionó para que la Sala de lo Constitucional de la CSJ fallara a favor de modificar el Artículo 239 de la Constitución Política de Honduras, que prohibía la reelección presidencial, demostrando así el largo brazo del Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, en una clara acción antidemocrática para favorecer sus deseos, mostrando además el poder fungido por el Partido Nacional.

Esta acción inconstitucional provocó mayor división en la población hondureña, pero, a su vez, demostró que el Partido Nacional ha desmantelado el incipiente proceso de democratización del país, dando lugar a un quebrantamiento constitucional.

En las Elecciones de 2017 resultó ganador Hernández, luego de ciertas irregularidades denunciadas por los partidos políticos de oposición y la OEA, organización que incluso, por medio de su Secretario General, Luis Almagro, indicó que se debía "realizar nuevamente las elecciones". Tras el informe publicado por la OEA, en donde se indicaba que "era complicado determinar con certeza debido a las irregularidades presentadas en los comicios", se generaron manifestaciones violentas y la ciudadanía exigía la renuncia de Hernández, ya que no estaban de acuerdo con el conteo de votos ni con la reelección del Presidente.

 

Sierra, Director de FLACSO Honduras, resalta que la reelección "no es legal, y tampoco legitimada. De acuerdo a diferentes estudios de opinión, la gran mayoría de los hondureños y hondureñas no estaban de acuerdo con la relección; por eso vemos los problemas de legitimidad, especialmente con las diversas manifestaciones que se han dado".

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La estructura de un partido antidemocrático

El Artículo 18 de los estatutos internos del Partido Nacional establece que una de las obligaciones de los miembros de dicha organización política es estudiar y promulgar la declaración de sus principios y reglamentos, además de promover y practicar la ética, la moral partidista y las buenas costumbres. Como si fuera poco, impone el acatamiento de las decisiones del partido, la disciplina y la cero tolerancia ante las críticas.

Para ser miembro del Partido Nacional no se necesita mayor requisito que el ser ciudadano hondureño, quien se encuentra en goce de sus derechos civiles y políticos, sin importar su condición.

En la estructura interna de dicho partido es posible identificar el autoritarismo desde sus cúpulas, quienes mantienen fuerza en el interior del país debido al marcado nacionalismo en estas zonas. Además, otro de los rasgos antidemocráticos de esta organización partidaria, es el instaurar el acoso y obligar a los funcionarios públicos, que son miembros del partido, a participar en todas las actividades relacionadas a sus movimientos y dar el apoyo total a sus líderes. Quienes no cumplen con esos lineamientos son amenazados con ser despedidos de sus puestos de trabajo.

La corrupción de los funcionarios del Partido Nacional

Para Mario Sorto, sociólogo e investigador del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el Partido Nacional forma parte de una red de corrupción, la cual está conformada por el sector público, privado y el crimen organizado. "Desde el 2009, el Partido Nacional obtiene un cambio radical, en el sentido de que pasa de ser segunda fuerza política a tener elementos muy importantes en las redes de corrupción. Nosotros vemos cómo les favorece el Golpe de Estado. Resulta mucho más evidente que el Partido Nacional ahora tiene como principal fuente de cúmulo el capital del Estado", explica Sorto.

Además, el sociólogo recuerda el caso de narco-política presentado por la MACCIH, en el cual se vincula al Cartel de los Cachiros y a miembros del Partido Nacional, entre ellos el exalcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, y el hijo del expresidente Lobo, el abogado Fabio Lobo, quien actualmente guarda prisión en los Estados Unidos de América por narcotráfico.

Desde el año 2010 a la fecha, el Partido Nacional fue autor de varios casos sobre desfalcos a instituciones del Estado, entre ellos el caso "Pandora", presentado por la MACCIH: una red de corrupción integrada por más de 38 funcionarios, entre ellos Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, esposo de la difunta hermana del Presidente Hernández, Hilda Hernández, quien se encargó de desviar al menos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar la campaña política del Partido Nacional y el Partido Liberal durante el 2013.

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