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Pero las motivaciones detrás de estos cierres siguen siendo objeto de especulación y análisis por parte de expertos y líderes de la oposición, fuera del territorio nicaragüense, debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua (MINREX) no ha brindado declaraciones al respecto.

 

Mientras algunos sugieren que la centralización de recursos y la crisis financiera en los consulados podrían estar impulsando esta decisión, otros apuntan a una estrategia de más control totalitario y represalia política. La falta de información transparente por parte del régimen alimenta la incertidumbre y la preocupación entre la población afectada. Según ciudadanos nicaragüenses consultados, en los siete casos registrados hasta ahora, son las administraciones de los edificios rentados para el funcionamiento de dichos consulados quienes han brindado detalles generales. Algunas personas, según medios independientes, han sido referidas a las sedes más cercanas. En Londres, por ejemplo, remiten a las y los solicitantes de servicios consulares a Madrid, España, a más de un día de viaje en vehículo o tren, con boletos de avión que oscilan entre 110 y 300 euros.

En ese sentido, Juan Sebastián Chamorro, exprecandidato presidencial de Nicaragua y excarcelado político del régimen Ortega-Murillo desterrado a EE.UU., destacó que la medida podría estar destinada a dificultar trámites consulares y renovación de documentos personales, afectando directamente a la diáspora nicaragüense. Este enfoque de "castigo generalizado" busca complicar la vida de las y los migrantes tanto por razones económicas como políticas. La comunidad opositora ha expresado su rechazo, considerando esta acción como una clara violación de los derechos de las y los nicaragüenses en el exterior. Por otro lado, Arturo McFields, exembajador sandinista ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), sugirió que la seguridad y la venganza política podrían estar entre las motivaciones detrás de estos cierres. La centralización del control sobre pasaportes y datos ciudadanos, así como la afectación directa a opositores, se presentan como posibles objetivos directos de la dictadura.

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La decisión de cerrar consulados no solo impacta a la población nicaragüense en el extranjero, sino que también ha llevado a críticas internacionales, con llamados a la transparencia y el respeto de los derechos consulares. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, instando al régimen a reconsiderar sus decisiones y a cumplir con las obligaciones consagradas en el Derecho Internacional. La incertidumbre persiste entre la diáspora nicaragüense mientras espera claridad sobre el estatus de los consulados restantes (más de 30 todavía) y busca entender las implicaciones a largo plazo de esta controvertida medida por parte de la jerarquía de Ortega y Murillo.

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Acá los consulados cerrados hasta ahora:

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