El Salvador y Guatemala no tienen una Ley de agua y en sus Constituciones no está consignado el derecho humano al líquido, a pesar que la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho en 2010, por tanto los países también deberían trabajar en su legislación para reconocerlo.

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En Nejapa, El Salvador, las comunidades pagan por el servicio potable, pero escasamente lo reciben. A pesar de estar asentados en el manto acuífero más grande de San Salvador y que es la principal fuente de abastecimientos para los municipios aledaños. El agua se escasea más para los habitantes desde que las industrias, construcción y comercio se han asentado en la zona. La ironía diaria de miles de familias es vivir en un municipio rico en agua y tener sus recipientes solos.

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Santa Cruz Chinautla, en Guatemala, la situación es similar. Los habitantes, del pueblo poqoman, no tienen un acceso a agua de calidad y cantidad. Los pobladores han impulsado diferentes proyectos comunales porque la municipalidad que debe de ser la encargada de garantizar el agua no lo hace.

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Dos municipios, una realidad. Esta investigación expone los diferentes factores que han influido para que no se apruebe una ley de agua, y los impactos sociales y ambientales que se producen por ello.

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