La crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde abril de 2018 es la más grave en los últimos 40 años. Es el resultado de un proceso de violación sistemática de los Derechos Humanos de la población en general, desencadenado por el arreglo de cúpula entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en 1998 con el fin de repartirse el poder y como medio para ello el irrespeto a la Constitución Política y la anulación de la independencia de los Poderes del Estado, las autoridades municipales y regionales.

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Casi 20 años después, en 2018, la soberbia de quien concentra todo el poder redunda en la realización de graves omisiones y abusos. Primero, en marzo de 2018 el Gobierno pretendió regular las redes sociales por medio de ley, pero el descontento generalizado detuvo este intento de censura. Luego, el 3 de abril de 2018 inicia un incendio de grandes magnitudes en la Reserva Indio – Maíz, en la comunidad Siempre Viva del municipio de San Juan de Nicaragua, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), al cual el Gobierno Ortega – Murillo no solo respondió tardíamente sino que también de manera insuficiente, incluso negándose a recibir la ayuda ofrecida por otros países de la región. Además, el 16 de abril de 2018 el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprueba la Resolución 1–317 que eleva los aportes de patronal y trabajadores pero también reduce los ingresos a las personas jubiladas. La protesta de pensionados y jubilados no se hizo esperar, iniciando en León; el Gobierno respondió enviando a la Policía Nacional y fuerzas de choque a agredir a quienes se manifestaban pacíficamente. El 18 de abril, los estudiantes universitarios salieron a respaldar a las personas jubiladas en distintas partes del país y nuevamente la respuesta del Gobierno fue el uso desproporcionado de la fuerza y de la violencia.

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Para el 19 de abril fueron asesinadas las tres primeras personas, entre ellas un gay.

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Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, a pesar de no contar con el reconocimiento social y legal, han sabido acompañar a la sociedad en la demanda de sus derechos. Organizadas o no, desde el inicio de las protestas las personas LGBTIQ+ han participado activamente; se les ha encontrado entre el liderazgo de diferentes movimientos y territorios, en toda acción reivindicativa, apoyando a heridos o con alimentos, dando abrigo a las víctimas de persecución, consolando a familiares de presos políticos, ejerciendo la denuncia, frente a las barricadas, en la mesa del diálogo, en los medios de comunicación independientes y en todo acto de protesta. Las repercusiones no se han hecho esperar; desde el inicio han sido víctimas de la represión, sufriendo todo tipo de agresiones, incluso asesinato.

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Debido a lo antes mencionado, y a la importancia de la población LGBTIQ+ en la lucha cívica por la libertad de Nicaragua, la Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua realizó un informe sobre las afectaciones y otros datos que deben ser denunciados ante la comunidad regional e internacional. Desde Coyuntura compartimos algunos de los datos recopilados y nos unimos a la voz de mil colores por una Nicaragua justa, democrática y libre.

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Por Jairo Videa (Coyuntura) y Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua 

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Para crear dicho informe, se contactaron a casi 300 personas. Solamente 220 concedieron toda la información solicitada y autorizaron utilizarla para este fin.