top of page
5FBD76E8-A480-448C-A5BD-9E054B9B1265_edited.jpg

 

En enero de 2021, el Congreso Nacional blindó la Constitución para asegurarse de que ninguna mujer hondureña aborte, aunque su vida corra riesgo o haya sufrido abuso sexual. Sin embargo, la Corte Suprema aceptó en julio un recurso de inconstitucionalidad promovido por 20 organizaciones a favor del derecho a decidir.

 

En medio de un limbo legal, 4,813 niñas de 10 a 14 años han sido forzadas de 2015 a 2020 a ser madres a temprana edad porque el Estado hondureño no garantiza acceso a la salud sexual y reproductiva, la educación sexual, las pastillas de anticoncepción de emergencia ni el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

 

Los nombres de las protagonistas y los detalles de sus historias han sido cambiados para proteger su privacidad.

Este reportaje, el primero de una serie de dos, fue realizado con financiamiento del programa Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas de la:
 

International Women's Media Foundation

Tegucigalpa, HONDURAS - María, de 12 años de edad, está a punto de dar a luz en un hospital de Choluteca, en el sur de Honduras, en septiembre de 2020. Se trata de un parto de alto riesgo, por lo cual lxs médicxs deciden hacerle una cesárea.

 

La niña está obligada a parir porque así lo exigen las leyes hondureñas, que castigan a quienes se practican o asisten abortos. Aunque fuera mayor de edad, María recibiría una exagerada multa o penas que llegan hasta los seis años de prisión en caso de que interrumpiera su embarazo.

 

El resultado de las estrictas leyes hondureñas es que María se convierte en madre cuando debería estar en la escuela o jugando con otrxs niñxs. Ella es una de las 4,813 niñas de 10 a 14 años que dieron a luz de 2015 a 2020, según la Secretaría de Salud. De hecho, Honduras tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina: Naciones Unidas afirma que uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años.

 

Aunque parezca increíble, María podría ir a la cárcel si aborta. Según la abogada Gabriela Figueroa, tienen derecho de escuchar su juicio en libertad, pero, entretanto, la mayoría de ellas “no se pueden ir del país ni mudar de domicilio. Tienen que ir a los tribunales a firmar un libro que estigmatiza porque están siendo procesadas, criminalizadas por un delito”.

 

¿A quiénes criminalizan principalmente estas leyes? A “personas de escasos recursos que no pueden pagar un abogado privado”, dice Figueroa. Los abogados públicos llevan hasta “200 casos [de varios temas] al mismo tiempo”, por lo cual una víctima de abuso se convierte “en un número de expediente”. En cambio, las mujeres de “clases pudientes” que tienen embarazos no deseados “se van del país [a abortar] y no pasa nada”.

 

Mientras María tiene a su hijo en Choluteca, otra hondureña, Ramona, de 17 años, llega a una clínica especializada en abortos en una ciudad de Estados Unidos.

 

Fuera de la clínica se apiñan lxs manifestantes antiaborto. Ramona lxs ve a través de los amplios ventanales. Los y las protestantes agitan grandes fotos de bebés y pancartas, también cantan y gritan consignas sobre la santidad de la vida y la compasión.

 

“Alguien dentro me preguntó si quería ver el ultrasonido”, cuenta Ramona. “Un médico me observó consumir la preciada pastillita, dos enfermeras me explicaron qué hacer en 48 horas y qué no hacer por los próximos dos meses. Y sola sangré una noche entera”.

 

María y Ramona tienen algo en común: quedaron embarazadas cuando una era niña y la otra, adolescente.

 

Sin embargo, lo más duro son las diferencias que hay entre ambas.

 

María, quien vive en una pobre área rural de Honduras, fue violada varias veces y obligada a dar a luz. Por el contrario, Ramona, quien reside y estudia en el extranjero, tuvo acceso al aborto y se libró de ser madre a edad temprana.

 

María ha sufrido las desventajas de pasar sus 12 años de vida en un país donde campan el machismo y el discurso fundamentalista religioso. Según Latinobarómetro, cuatro de cada diez hondureños confían mucho en la Iglesia, a diferencia de Chile y Uruguay, que son los países que menos confían en ella. Entretanto, en Honduras es donde más crece el evangelismo en Latinoamérica, con más de 17 mil iglesias en el país, según la Confraternidad Evangélica.