En enero de 2021, el Congreso Nacional blindó la Constitución para asegurarse de que ninguna mujer hondureña aborte, aunque su vida corra riesgo o haya sufrido abuso sexual. Sin embargo, la Corte Suprema aceptó en julio un recurso de inconstitucionalidad promovido por 20 organizaciones a favor del derecho a decidir.
En medio de un limbo legal, 4,813 niñas de 10 a 14 años han sido forzadas de 2015 a 2020 a ser madres a temprana edad porque el Estado hondureño no garantiza acceso a la salud sexual y reproductiva, la educación sexual, las pastillas de anticoncepción de emergencia ni el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Los nombres de las protagonistas y los detalles de sus historias han sido cambiados para proteger su privacidad.
Este reportaje, el primero de una serie de dos, fue realizado con financiamiento del programa Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas de la:
Tegucigalpa, HONDURAS - María, de 12 años de edad, está a punto de dar a luz en un hospital de Choluteca, en el sur de Honduras, en septiembre de 2020. Se trata de un parto de alto riesgo, por lo cual lxs médicxs deciden hacerle una cesárea.
La niña está obligada a parir porque así lo exigen las leyes hondureñas, que castigan a quienes se practican o asisten abortos. Aunque fuera mayor de edad, María recibiría una exagerada multa o penas que llegan hasta los seis años de prisión en caso de que interrumpiera su embarazo.
El resultado de las estrictas leyes hondureñas es que María se convierte en madre cuando debería estar en la escuela o jugando con otrxs niñxs. Ella es una de las 4,813 niñas de 10 a 14 años que dieron a luz de 2015 a 2020, según la Secretaría de Salud. De hecho, Honduras tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina: Naciones Unidas afirma que uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años.
Aunque parezca increíble, María podría ir a la cárcel si aborta. Según la abogada Gabriela Figueroa, tienen derecho de escuchar su juicio en libertad, pero, entretanto, la mayoría de ellas “no se pueden ir del país ni mudar de domicilio. Tienen que ir a los tribunales a firmar un libro que estigmatiza porque están siendo procesadas, criminalizadas por un delito”.
¿A quiénes criminalizan principalmente estas leyes? A “personas de escasos recursos que no pueden pagar un abogado privado”, dice Figueroa. Los abogados públicos llevan hasta “200 casos [de varios temas] al mismo tiempo”, por lo cual una víctima de abuso se convierte “en un número de expediente”. En cambio, las mujeres de “clases pudientes” que tienen embarazos no deseados “se van del país [a abortar] y no pasa nada”.
Mientras María tiene a su hijo en Choluteca, otra hondureña, Ramona, de 17 años, llega a una clínica especializada en abortos en una ciudad de Estados Unidos.
Fuera de la clínica se apiñan lxs manifestantes antiaborto. Ramona lxs ve a través de los amplios ventanales. Los y las protestantes agitan grandes fotos de bebés y pancartas, también cantan y gritan consignas sobre la santidad de la vida y la compasión.
“Alguien dentro me preguntó si quería ver el ultrasonido”, cuenta Ramona. “Un médico me observó consumir la preciada pastillita, dos enfermeras me explicaron qué hacer en 48 horas y qué no hacer por los próximos dos meses. Y sola sangré una noche entera”.
María y Ramona tienen algo en común: quedaron embarazadas cuando una era niña y la otra, adolescente.
Sin embargo, lo más duro son las diferencias que hay entre ambas.
María, quien vive en una pobre área rural de Honduras, fue violada varias veces y obligada a dar a luz. Por el contrario, Ramona, quien reside y estudia en el extranjero, tuvo acceso al aborto y se libró de ser madre a edad temprana.
María ha sufrido las desventajas de pasar sus 12 años de vida en un país donde campan el machismo y el discurso fundamentalista religioso. Según Latinobarómetro, cuatro de cada diez hondureños confían mucho en la Iglesia, a diferencia de Chile y Uruguay, que son los países que menos confían en ella. Entretanto, en Honduras es donde más crece el evangelismo en Latinoamérica, con más de 17 mil iglesias en el país, según la Confraternidad Evangélica.
¿Tiene algo de asombroso que en ese contexto se aprobara el blindaje de la ley antiaborto? De ninguna manera. De hecho, Mario Pérez, diputado del Partido Nacional y autor de esta reforma constitucional, afirmó en una ocasión que Honduras es “el pueblo de Dios”. Y lo dijo a pesar de que la Constitución señala que el Estado de Honduras es laico.
En un ambiente así, Ramona, al contrario de María, ha tenido la enorme suerte de educarse fuera de Honduras, donde se le abrieron posibilidades que están fuera del alcance de millones de hondureñxs.
El problema es que Ramona, a pesar de vivir en el extranjero, no recibió una educación sexual adecuada. ¿Por qué? Pues porque hizo su primaria y secundaria en Honduras, donde la formación en temas sexuales no es integral, ya que está limitada a aspectos fisiológicos. Un informe del UNFPA asegura que en Honduras no hay leyes que garanticen el acceso a atención, información y educación en salud sexual y reproductiva.
¿Cómo llegaron María y Ramona a su situación actual? ¿Qué llevó a una a ser madre a los 12 años de edad y a la otra a abortar a los 17? ¿Qué guarda el futuro para María? ¿Qué mensaje puede dar Ramona a otras jóvenes como ella para que sepan afrontar mejor la responsabilidad que tienen consigo mismas y con sus cuerpos?
Abusos desde temprana edad, desnutrición y negligencia parental. Esa es, en resumen, la historia de María, quien a los 12 años pasó de niña a mamá después de ser violada por dos hombres adultos.
Como les sucede a muchxs niñxs hondureñxs que sobreviven al abuso sexual, en el caso de María los supuestos responsables pertenecen a su hogar o son amigos cercanos de la familia. En 2020, el 55% de lxs víctimas de violencias sexuales tienen de 10 a 19 años, seguidas por las de 0 a 9 años (12%) y las mujeres de 20 a 19 años (12%), según el Ministerio Público.
El padrastro de María, Santos Víctor Pineda Alvarado, y un vecino y amigo de Santos, Prudencio Adaly Estrada Osorto, supuestos responsables del abuso, resultaron implicados por medio de la denuncia anónima de un vecino de la familia.
La violencia que afecta a María es endémica en Honduras. El abuso sexual durante la niñez alcanza un 7.8%, el más alto de Centroamérica, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Solo en 2020, se denunciaron 170 de estos delitos cada mes.
El caso de la niña repite un patrón en Honduras, en el cual el 97% de los culpables son hombres y el 92% de las perjudicadas son mujeres. Además, la violación que sufrió no es una excepción, ya que el 60% de los delitos sexuales cometidos en Honduras son violaciones.
Los abusos sexuales contra ella comenzaron cuando tenía 10 años de edad. Por otro lado, dio a luz a los 12 años y no a los 10, como afirman la mayoría de los medios hondureños que cubrieron la noticia.
Aunque la nota sobre el parto de María se dio como informe de actualidad en enero de 2021, en realidad había dado a luz cinco meses antes, en septiembre de 2020.
¿Por qué la prensa corporativa hondureña tardó cinco meses en informar sobre el caso de María?
La respuesta es que esta publicación retrasada sirvió para distraer de otros problemas. Es una de las tantas tácticas de desinformación del gobierno de turno, que también usa cuentas falsas en redes sociales para desorientar a los hondureños.
Miles de esas cuentas fueron cerradas en 2020 por Facebook. La red social aceptó que el gobierno de Juan Orlando Hernández las empleaba para producir desinformación en Honduras.
Ahora bien, casos como el de María no ocurren exclusivamente en las áreas rurales de Choluteca y otros departamentos de Honduras. También ciudades como San Pedro Sula presentan un número cada vez más elevado de abusos sexuales contra niñas, llamados “violaciones especiales” en las leyes hondureñas.
En cuanto a María, varios factores se fusionaron hasta formar una “tormenta perfecta” de descuidos que desembocaron en años de abusos, desde que ella tenía 10 hasta que cumplió 12.
Uno de los desencadenantes de este caso, según la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) en Choluteca, Elba Reyes, es el hecho de que la mamá de María sufre trastornos psiquiátricos que la hacen incapaz de proveer toda la atención que necesita su hija. “A veces se pierde en el tiempo y en el espacio. Entonces no podía asimilar lo que estaba pasando”, dice Reyes.
La versión de Reyes es confirmada por personas cercanas a la familia, quienes bajo anonimato aseguran que la negligencia ha contribuido a que María padezca desnutrición. De hecho, la salud comprometida por la mala alimentación incrementó el riesgo durante el parto y la dejó en un estado de debilidad aguda.
María ha vivido prácticamente sola en el mundo, en un hogar marcado por la pobreza. En un ambiente como ese no es sorprendente, aunque sí doloroso, que la situación durara años. Es la clase de problemas por los cuales el Ministerio Público recibió 2,129 denuncias por violencia sexual contra mujeres en 2020. Estamos hablando de seis casos por día.
Aunque la madre de María fue negligente, no tuvo complicidad con los abusadores, según Elba Reyes. “La mamá no era que conocía la situación, pero igual no le daba todos los cuidados”, asegura.
Luego de dar a luz en un hospital de Choluteca, María no ha seguido estudiando debido al delicado estado de salud en que quedó. Su situación es la misma de 1.2 millones de niñxs que no estudian en Honduras.
Según las estadísticas actuales, cuatro de cada diez niñxs de 3 a 17 años no tienen acceso a la escuela. La falta de recursos económicos y el embarazo adolescente son dos de los factores principales del ausentismo y la deserción escolar que afectan directamente a María.
Por suerte, ella ha encontrado un nuevo hogar. Está al cuidado de familiares cercanos que en calidad de custodios se encargan también de velar por el bebé de cinco meses de edad.
Los parientes se han responsabilizado de mantener a la madre menor de edad y a su hijo. Aunque reciben ayuda esporádica de Dinaf, son personas autosuficientes y proveen de todo lo necesario a lxs dos niñxs.
En palabras de la abogada Merary Ávila, es el Estado quien “obliga a las niñas a un destino tan duro” como el de María. “El índice de impunidad con los casos de violencia sexual está en 95%”, dice.
Se trata de un caso de abandono estatal, agrega la abogada. Lo peor no es que faltan iniciativas de beneficio para las mujeres, sino el hecho que se crean políticas en contra de ellas. Una de ellas es el blindaje de la ley antiaborto aprobado el 21 de enero del 2021.
“A los 17 años terminé un embarazo”, relata Ramona. “Estuve embarazada y al no poder, al no querer, le puse fin”.
Ramona pasó la infancia y buena parte de la adolescencia en San Pedro Sula, cuyo apodo, “la ciudad del Adelantado”, no se refiere a su apuesta por la modernidad, sino a su pasado colonialista, al haber sido conquistada por el español Pedro de Alvarado, a quien llamaban el Adelantado.
Esta ciudad del norte de Honduras, que se jacta de ser “industrial” y de avanzada, dejó hace siglos de estar bajo el dominio español, pero sigue bajo la influencia del fundamentalismo religioso aliado con políticos ávidos de ganancias para ellos y sus socios.
Cuando Ramona salió de Honduras para estudiar, se encontró con una realidad para la que no estaba preparada. La educación sexual recibida en su país no le sirvió para tomar las decisiones correctas sobre su cuerpo.
Entonces quedó embarazada.
Tener un hijo o una hija nunca fue una prioridad para Ramona, quien lo que menos quería era dejar truncados sus estudios. “La posibilidad de que mi cuerpo se expandiera para dar vida me llena de un profundo miedo, y peor era no terminar mis estudios, no poder tratar de vivir esa vida que yo quería vivir”.
Sin embargo, Ramona tenía una carta a su favor: no estaba en Honduras.
“A diferencia de las miles de [niñas, adolescentes y] mujeres hondureñas que también se encuentran en esta situación tan difícil, yo estaba en Estados Unidos, donde a veces a regañadientes te permiten la potestad sobre tu cuerpo”.
En cambio, según Ramona, “el gobierno hondureño quiere que paramos. Mi mayor angustia es que esta actitud antiaborto ha existido como parte de nuestro discurso cultural desde que tengo memoria”.
Ese discurso, señala Ramona, abarca “médicos, pastores y curas y gente de sociedad”, quienes usan los medios de comunicación para transmitir mensajes sobre “los derechos de los no-nacidos, del primer latido, que es asesinato”.
Para ella, “nadie debería ser obligada a volverse madre” por la razón que sea, incluso, ”como pasa tan seguido en Honduras, si el embarazo es el resultado de impensable violencia”.
Tal vez Ramona se refiere al paternalismo estatal hondureño. Es de lo mismo que habla la directora de la organización feminista LasVanders, Daniela Flores. “Si no es el padre, si no es la familia, será la institución Estado-Nación que [va] a seguir diciéndoles que ustedes no deciden sobre su cuerpo, el Estado-Nación les [dice] que no pueden abortar”, explica Flores.
Lo que el Congreso corta de tajo con sus leyes intolerantes es el derecho a decidir de las mujeres. Es un derecho que el Estado hondureño les niega sistemáticamente. “Implica el derecho a decidir sobre el cuerpo, sobre lo que ingresa en tu cuerpo”, dice la líder de LesVanders.
“Nos parece muy grave en materia de derechos humanos que lo que hicieron en la reformulación de esos artículos [es] decir no eres dueña de tu cuerpo, no te pertenece, nos pertenece a nosotros, al Estado, y vamos a legislar conforme creamos lo que tú deberías hacer”, agrega Flores.
Ramona tiene muy claro que las fuertes reacciones de los hondureños cuando se habla del aborto se deben a que Honduras sigue siendo demasiado puritano.
Todxs atacan a la niña o la adolescente que sale embarazada, lo consideran “un castigo divino”, agrega. Sin embargo, sus acusadores no se paran a pensar que las instituciones hondureñas no educan a sus jóvenes sobre el peligro de tomar malas decisiones sobre su sexualidad.
“¿Quién se dedicó a explicarle a la nena y a su noviecito cómo usar un preservativo propiamente?”, se pregunta. “¿Que la píldora anticonceptiva se toma todos los días?”.
Es aquí donde su caso se cruza con el de María.
Nadie, se queja Ramona, les habla a las niñas y jóvenes “de la cantidad innombrable de niñas violadas por familiares, bebés pariendo bebés, un ciclo dañino que sin duda impacta más que solo la salud emocional de las que viven esto. El único nombre para lo que pasa en Honduras es violencia. Cada mujer y niña forzada a culminar un embarazo que no quiso es una sobreviviente a la violencia estatal hondureña”.
En lugar de defender a María e impedir que se convirtiera en madre, las leyes hondureñas no han dejado que continúe con la vida normal de una niña.
Lxs legisladorxs hondureñxs tampoco piensan en el destino de Ramona, quien por suerte para ella se encuentra en el extranjero. Allá sí ha tenido a su disposición las facilidades médicas que le permiten decidir sobre su cuerpo.
Contra las dos niñas, así como contra millones de mujeres hondureñas, el Congreso Nacional (CN) de Honduras ha modificado las leyes con el fin de ponerles zancadillas a sus intentos de abortar, aunque en el caso de María se trate de una violación que la convirtió en madre a los 12 años de edad.
El 21 de enero del 2021, el CN reformó la Constitución para blindar la prohibición absoluta del aborto que ya existe en el país. La reforma del artículo 67 impide legalizar el aborto en el futuro en Honduras. Se considera que esta ley es “pétrea”, ya que para derogarla se necesitan tres cuartas partes del Congreso, o sea, 95 de 128 diputados.
María y Ramona viven en uno de los pocos países donde el aborto está prohibido en todos los casos, incluyendo la violación de la que María fue víctima. Asombrosamente, los “padres de la patria” tampoco dejan practicar el aborto, aunque el feto tenga una malformación grave o la vida de la embarazada corra un grave riesgo.
La iniciativa que blindó la prohibición, conocida como «escudo contra el aborto en Honduras», aprobada en un solo debate, fue presentada el 11 de enero de 2021 por el vicepresidente del Parlamento hondureño, Mario Pérez, diputado del gobernante Partido Nacional.
“Mi iniciativa es que el aborto quede prohibido en la Constitución de la República y que cualquier intento de reforma posterior deba hacerse mediante el mecanismo de reformas a la Constitución”, expresó Pérez.
“Esta es una decisión que va en protección a la niñez. La alegría del mundo son los niños, la alegría de cualquier casa son los niños y debemos cuidarlos y protegerlos”, afirmó.
Las penalizaciones que afectan, entre otras, a las víctimas de abuso sexual, abarcan la pastilla de anticoncepción de emergencia, conocida en Honduras por su sigla PAE. El medicamento no se puede promover, usar, comprar ni vender en el país desde octubre de 2009.
Según algunos políticos hondureños, las propuestas contra el aborto y la PAE son obstáculos para el desarrollo del país. “Todo esto es detener el avance y la evolución de los pueblos porque ponerlo en la Constitución en uno de los artículos pétreos para que no se vuelva hablar es justamente eso”, dice la diputada por el Partido Liberal, Edinora Brooks.
Brooks tiene opiniones excepcionales, considerando que pertenece a un partido derechista como el Liberal, cuyos miembros, así como los del Partido Nacional (en el poder), suelen defender ideas conservadoras y fundamentalistas.
Lo contrario, o sea, ideas progresistas, es lo que se espera del principal partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre). Esta institución política fue fundada por el expresidente Manuel Zelaya, quien fue depuesto en 2009 mediante un golpe de Estado.
Sin embargo, expertxs como la directora de la Unidad de Desarrollo de la Mujer y la Familia (Udimuf), Vanessa Siliezar, opinan que Libre tampoco ha dado una respuesta adecuada a las peticiones de lucha por la legalización del aborto.
“Ser progresista no significa no ser machista”, dice Siliezar. “Las mujeres le hemos pedido [a Libre] que se pronuncie sustancialmente a favor del aborto y lo que han hecho es excusarse, no asistir y no votar”.
El problema de los partidos de oposición es el miedo, agrega la también abogada y activista por el derecho a decidir. Según ella, el grupo de políticos progresistas hondureños “no vota en bloque a favor de la despenalización del aborto porque le tiene miedo al fundamentalismo y eso implica que las mujeres estamos llamadas a desconocer ese liderazgo”.
Según la diputada Edinora Brooks, la penalización del aborto y de la PAE es un tema que es necesario abordar, aunque se toquen susceptibilidades. “Al hacer eso [castigar el aborto y el uso de la pastilla de anticoncepción] desde un Congreso Nacional nos habla de lo retrógrados que realmente estamos siendo en el país y, además, que no es casualidad que Honduras esté a la cola en el concierto de las naciones”.
En medio de este paisaje oscuro se asoma una luz que poco a poco va brillando más. El martes 20 de julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia hondureña admitió una petición de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto. Firmaron el documento unas 20 organizaciones de derechos humanos y derechos reproductivos de las mujeres agrupadas en Somos Muchas.
“Buscamos que se reforme el artículo del Código Penal que establece la penalización total del aborto y se permita por tres causales», dice la representante del Centro de Derechos de la Mujer, Nisa Medina. «Esto implica que por primera vez en la historia estamos avanzando hacia la despenalización legal”.
CRÉDITOS
Dirección: Dunia Orellana, Jinna Rosales
Edición: Jinna Rosales, Lourdes Ramírez, Wendy Funes, Dashiell Allen, Dennis Arita
Redacción: Dunia Orellana, Melissa Hernández
Fotografías y Diseño: María Aguilar
Gráficos y corrección de estilo: Dennis Arita
Sistematización: Luis Vallecillo, Telma Quiroz, Cristian Martin
Investigación: Dunia Orellana, Jinna Rosales, Melissa Hernández, Luis Vallecillo
Redes sociales: Derek Rosales, Amílcar Cárcamo
Traducción: Dashiell Allen
Montaje: Jairo Videa
AHORA: Programación regular
EN CABINA: Hasta las 11:00 a.m.
La radio para Centroamérica, de COYUNTURA