Abusos desde temprana edad, desnutrición y negligencia parental. Esa es, en resumen, la historia de María, quien a los 12 años pasó de niña a mamá después de ser violada por dos hombres adultos.

 

Como les sucede a muchxs niñxs hondureñxs que sobreviven al abuso sexual, en el caso de María los supuestos responsables pertenecen a su hogar o son amigos cercanos de la familia. En 2020, el 55% de lxs víctimas de violencias sexuales tienen de 10 a 19 años, seguidas por las de 0 a 9 años (12%) y las mujeres de 20 a 19 años (12%), según el Ministerio Público.

 

El padrastro de María, Santos Víctor Pineda Alvarado, y un vecino y amigo de Santos, Prudencio Adaly Estrada Osorto, supuestos responsables del abuso, resultaron implicados por medio de la denuncia anónima de un vecino de la familia.

 

La violencia que afecta a María es endémica en Honduras. El abuso sexual durante la niñez alcanza un 7.8%, el más alto de Centroamérica, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Solo en 2020, se denunciaron 170 de estos delitos cada mes.

 

El caso de la niña repite un patrón en Honduras, en el cual el 97% de los culpables son hombres y el 92% de las perjudicadas son mujeres. Además, la violación que sufrió no es una excepción, ya que el 60% de los delitos sexuales cometidos en Honduras son violaciones.

 

Los abusos sexuales contra ella comenzaron cuando tenía 10 años de edad. Por otro lado, dio a luz a los 12 años y no a los 10, como afirman la mayoría de los medios hondureños que cubrieron la noticia.

 

Aunque la nota sobre el parto de María se dio como informe de actualidad en enero de 2021, en realidad había dado a luz cinco meses antes, en septiembre de 2020.

 

¿Por qué la prensa corporativa hondureña tardó cinco meses en informar sobre el caso de María?

 

La respuesta es que esta publicación retrasada sirvió para distraer de otros problemas. Es una de las tantas tácticas de desinformación del gobierno de turno, que también usa cuentas falsas en redes sociales para desorientar a los hondureños.

 

Miles de esas cuentas fueron cerradas en 2020 por Facebook. La red social aceptó que el gobierno de Juan Orlando Hernández las empleaba para producir desinformación en Honduras.

 

Ahora bien, casos como el de María no ocurren exclusivamente en las áreas rurales de Choluteca y otros departamentos de Honduras. También ciudades como San Pedro Sula presentan un número cada vez más elevado de abusos sexuales contra niñas, llamados “violaciones especiales” en las leyes hondureñas.

 

En cuanto a María, varios factores se fusionaron hasta formar una “tormenta perfecta” de descuidos que desembocaron en años de abusos, desde que ella tenía 10 hasta que cumplió 12.

 

Uno de los desencadenantes de este caso, según la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) en Choluteca, Elba Reyes, es el hecho de que la mamá de María sufre trastornos psiquiátricos que la hacen incapaz de proveer toda la atención que necesita su hija. “A veces se pierde en el tiempo y en el espacio. Entonces no podía asimilar lo que estaba pasando”, dice Reyes.

 

La versión de Reyes es confirmada por personas cercanas a la familia, quienes bajo anonimato aseguran que la negligencia ha contribuido a que María padezca desnutrición. De hecho, la salud comprometida por la mala alimentación incrementó el riesgo durante el parto y la dejó en un estado de debilidad aguda.

 

María ha vivido prácticamente sola en el mundo, en un hogar marcado por la pobreza. En un ambiente como ese no es sorprendente, aunque sí doloroso, que la situación durara años. Es la clase de problemas por los cuales el Ministerio Público recibió 2,129 denuncias por violencia sexual contra mujeres en 2020. Estamos hablando de seis casos por día.

 

Aunque la madre de María fue negligente, no tuvo complicidad con los abusadores, según Elba Reyes. “La mamá no era que conocía la situación, pero igual no le daba todos los cuidados”, asegura.

 

Luego de dar a luz en un hospital de Choluteca, María no ha seguido estudiando debido al delicado estado de salud en que quedó. Su situación es la misma de 1.2 millones de niñxs que no estudian en Honduras.

 

Según las estadísticas actuales, cuatro de cada diez niñxs de 3 a 17 años no tienen acceso a la escuela. La falta de recursos económicos y el embarazo adolescente son dos de los factores principales del ausentismo y la deserción escolar que afectan directamente a María.

 

Por suerte, ella ha encontrado un nuevo hogar. Está al cuidado de familiares cercanos que en calidad de custodios se encargan también de velar por el bebé de cinco meses de edad.

 

Los parientes se han responsabilizado de mantener a la madre menor de edad y a su hijo. Aunque reciben ayuda esporádica de Dinaf, son personas autosuficientes y proveen de todo lo necesario a lxs dos niñxs.

 

En palabras de la abogada Merary Ávila, es el Estado quien “obliga a las niñas a un destino tan duro” como el de María. “El índice de impunidad con los casos de violencia sexual está en 95%”, dice.

 

Se trata de un caso de abandono estatal, agrega la abogada. Lo peor no es que faltan iniciativas de beneficio para las mujeres, sino el hecho que se crean políticas en contra de ellas. Una de ellas es el blindaje de la ley antiaborto aprobado el 21 de enero del 2021.

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