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Nos dirigimos a ustedes desde la Redacción de COYUNTURA, medio de comunicación digital independiente fundado en Sébaco, Nicaragua, en agosto del año 2017, hoy con presencia regional, más de 2.5 millones de personas alcanzadas anualmente y una labor sostenida y creciente de periodismo itinerante, disidente y riguroso en Centroamérica, financiado por la ciudadanía de forma directa.

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Hablamos en nombre de nuestros codirectores y fundadores, Jairo Antonio Videa y Juan Daniel Treminio, quienes han consagrado su vida a la documentación de violaciones de derechos humanos; a la ilustración del autoritarismo, la corrupción y la violencia; a la verdad y los hechos; al deber de informar con transparencia y profundidad; y al derecho de los pueblos a saber, con criterio e independencia editorial. Hoy, ambos se encuentran en su tercer exilio, forzados a estar fuera de Nicaragua por su trabajo, habiendo residido temporalmente en España, y ahora solicitantes de reconocimiento como refugiados, nuevamente en Honduras. Son, como decenas de periodistas más, apátridas de facto: despojados de derechos civiles, documentos de identidad, y la posibilidad siquiera de regresar al país donde nacieron, escribieron y lucharon por la democracia durante varios años.

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Esta situación no es casual. Se trata de una política de Estado del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, que criminaliza la información, silencia con saña al periodismo y niega incluso el derecho a la existencia civil. Lo decimos con toda la gravedad del caso: hay periodistas nicaragüenses que han sido borrados del sistema, excluidos de la nacionalidad y condenados a una muerte legal sin sentencia alguna. Entre ellos están también: Nayel Martínez, periodista de La Prensa; Tania López, periodista independiente; Gerall Chávez, periodista de Nicaragua Actual; Wendy Quintero, periodista independiente; Oscar Navarrete, fotoperiodista de La Prensa.

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Videa y Treminio enfrentan no solo el desarraigo, sino también hostigamiento transnacional, amenazas contra sus familias en Nicaragua y una vida suspendida entre fronteras, papeles, políticas migratorias y riesgo. Pero no han callado. Continúan informando, denunciando, editando e investigando, incluso bajo amenaza directa de grupos oficialistas, en artículos, foros y cualquier espacio cívico y público. Uno fue impedido de ingresar al país por una orden judicial que no existe en el sistema público; al otro se le niega toda posibilidad de renovar su documentación personal.

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Este estado de desnacionalización de facto los ha dejado en un limbo jurídico que afecta todos los ámbitos de su vida civil y profesional: sin derecho a la identidad, sin acceso pleno a salud, educación o trabajo formal. Y, sin embargo, siguen ejerciendo el periodismo con valentía, ética y dignidad, registrando los abusos de poder y las amenazas que muchos prefieren ignorar.

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Gracias al liderazgo periodístico y directivo de Videa y Treminio, COYUNTURA ha logrado documentar de forma rigurosa, disidente y ajena a todo poder —excepto el cívico— algunos de los episodios políticos, sociales e institucionales más trascendentales de la región en los últimos años.

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Entre ellos destacan:

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• Las elecciones generales de Guatemala en 2023 y la crisis institucional que siguió, hasta la llegada al poder de Bernardo Arévalo;

• Los comicios de 2024 en El Salvador, marcados por la controvertida e inconstitucional reelección de Nayib Bukele;

• El actual proceso de votación en Honduras, iniciado con unas elecciones primarias afectadas por el retraso en la entrega del material electoral;

• La más reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Tegucigalpa;

• Y la 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Asunción.

 

Además, han impulsado muchos reportajes profundos:

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• Sobre la vida de lujos de la familia Ortega Murillo y el uso del Estado para ampliar el poder del sandinismo y sofocar toda disidencia con violencia, judicialización y legislaciones;

• Sobre la violencia estructural en Honduras y Guatemala;

• Sobre la violencia de género y el aumento desmedido de los femicidios en Honduras y Nicaragua;

• Sobre la salud mental de jóvenes LGBTIQ en toda Centroamérica;

• Sobre migración, cultura, medio ambiente, explotación laboral, políticas de seguridad, narcotráfico, ciberdelitos y empleo informal;

• Y sobre la manipulación informativa y social en Costa Rica y El Salvador, donde el autoritarismo digital y mediático gana cada vez más terreno.

 

El caso de ambos no es único, pero sí representativo. Hoy hay periodistas nicaragüenses desterrados en Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos de Norteamérica y España, muchos sin documentos, sin seguridad jurídica, sin respaldo estatal, ingresos económicos fijos ni colegiación alguna, pero con una inquebrantable vocación de servicio público.

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Entonces, desde COYUNTURA, junto a las entidades firmantes, llamamos a cerrar filas:

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• A los Estados democráticos, en especial España, Chile, Argentina y México, que ya han ofrecido nacionalidad a casi 500 nicaragüenses ilegalmente desnacionalizados, sin sentencia ni debido proceso, en violación del derecho internacional, a extender esa protección a quienes han sido despojados de su nacionalidad de facto, por persecución sistemática, pero que siguen documentando, con amenazas, nuestras sociedades y sus problemas.
   

• A las organizaciones de derechos humanos, medios aliados y colectivos de periodistas, a suscribir, amplificar y respaldar esta denuncia, e impulsar una vía legal internacional de reconocimiento, reparación y protección para estos periodistas apátridas de facto, entre ellos nuestros dos codirectores, cuyas vidas y trabajos siguen en peligro por el simple hecho de informar.
   

• Al PEN Internacional, a la Red Internacional de Ciudades de Refugio (ICORN, por sus siglas en inglés), a Reporteros Sin Fronteras, al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Red Centroamericana de Periodistas, al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y otras entidades claves, a asumir esta causa como urgente, porque lo es.

 

La libertad de prensa en Nicaragua ha sido arrasada: más de 320 periodistas exiliados, 60 medios cerrados, confiscados o destruidos, 5,670 organizaciones no gubernamentales canceladas hasta junio de 2025 y el asesinato impune del periodista Ángel Gahona. Testimonios dolorosos de un régimen que gobierna con represión y olvido. Pero nosotros no olvidamos.

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No pedimos caridad. Exigimos justicia. Solicitamos protección, restitución de derechos, solidaridad institucionalizada y respaldo internacional.

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Porque seguir escribiendo no puede ser un crimen. Porque no tener pasaporte no debe implicar perder la voz. Porque la Patria también se construye con humanismo.