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Desde el anuncio del primer caso de Covid-19 en Nicaragua el pasado 18 de marzo, casi 20 comunidades, principalmente indígenas y afrodescendientes, se declararon en autocuarentena o confinamiento. La incapacidad de las instituciones del Estado y la inexistente voluntad del Gobierno para tomar medidas con el fin de controlar la propagación y los efectos de la pandemia en el país, se suman a las condiciones de exclusión social y desigualdades que ya existían en esta población.

 

Dichas acciones de autoprotección dejan en evidencia, una vez más, la histórica realidad de abandono que las y los indígenas y afrodescendientes de todo el país viven. El Estado, sus instituciones e incluso el sector privado, no solo desamparan a estas comunidades, sino que también son los gestores de la mayoría de sus vulnerabilidades.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes del país denuncian sin cesar que no cuentan con voces directas en los espacios políticos y de toma de decisiones, convirtiéndolos en actores nulos ante las acciones que se están tomando, o que se deberían tomar, en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus o ante cualquier otra crisis local o nacional.

"Aún se escuchan los disparos y la gente no ha olvidado a sus muertos, aunque ahora hay nuevas víctimas. Son víctimas del virus y de la dictadura", asegura Mauricio, un joven de 24 años que se autoidentifica como indígena Ocanxiu y que vive en el sufrido barrio de Sutiaba, León. "Al Gobierno le interesa mucho más reprimir a los más vulnerables y callar las voces disidentes. A Sutiaba, y estoy seguro que, a otros barrios y comunidades, nunca ha llegado el MINSA -Ministerio de Salud- o cualquier otra institución a solicitar información o al menos a dar una charla sobre el virus que nos está matando", agregó el joven, a quien se le ha cambiado el nombre para proteger su identidad, debido a la escalada de violencia y asedio en contra de exreos políticos y personas no afines al Gobierno en todo el país.

 

En el contexto de la pandemia, con mucho valor y esfuerzo, varios medios de comunicación independientes del país retrataron cómo las comunidades indígenas y afrodescendientes, principalmente de la Costa Caribe, se enfrentan solas y sin condiciones mínimas al nuevo coronavirus y a otros vejámenes que ponen en riesgo la vida de muchas familias. En el pacífico del país, la historia no es menos dramática o dolorosa.

 

"Me dio miedo llegar al Osman Ríos -Puesto de Salud en Sutiaba- porque no sabía si iba a salir más enferma o si me iban a retener mucho tiempo por eso del confinamiento", cuenta con temor una comerciante que vive en el barrio de Sutiaba y labora en una popular zona de León, municipio que ya reporta más de 130 muertes sospechosas por Covid-19 según los datos del Observatorio Ciudadano de Covid-19 en Nicaragua, ente que sirve como alternativa para documentar el impacto de la pandemia y que es referencia para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

Enrique Beteta, funcionario del MINSA, aseguró a finales de 2019 que en ese puesto de salud en Sutiaba son atendidos más de 5,200 ciudadanos. Al intentar obtener información sobre el número de casos y personas atendidas por Covid-19 en dicho centro médico, los trabajadores del lugar se limitaron a decir al equipo de Coyuntura que "esa información puede ser consultada con el Ministerio".

Mauricio asegura que a finales de julio se contagió de coronavirus en una zona de asados de la ciudad. "En mi casa nos hemos estado cuidando desde antes del primer caso porque sabíamos que el Gobierno no haría nada. Pero como yo soy el terco de la familia, fui a comer con una amiga porque ya estaba cansado del encierro, y cinco días después resulta que no podía sentir ni sabores, ni olores. Me resguardé en mi cuarto y solo yo me enfermé", comentó el joven, quien también aseguró que en los hospitales laboran con "sigilo, pero no profesional".

"Llegué porque estaba muy enfermo. Casi nadie se atreve a ir a los hospitales, pero yo lo hice porque tenía mucho miedo. En el HEODRA -Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello- todo es silencio y temor. Tres días después de mi consulta recibí una llamada del MINSA y solo me preguntaron 'cómo me sienta'", agregó Mauricio.

Coyuntura solicitó información al equipo médico del HEODRA sobre el número de casos, las condiciones de las personas que aún se encuentran en la sala de Covid-19 y los datos segregados sobre la población indígena que ha llegado en el contexto de la pandemia. Una vez más fuimos redirigidos al MINSA.

Algo similar a lo de Sutiaba sucede en Sébaco, Matagalpa, hogar de varias familias indígenas del centro del país. "Nos han dicho -funcionarios del MINSA y de la Alcaldía- que debemos mantener esta información -sobre los contagios de Covid-19- exclusiva para la administración. Los propios trabajadores tienen miedo de ser despedidos y en los puestos de salud de la ciudad no se comparten datos de nada", asegura María, trabajadora de una clínica privada en el municipio, quien pidió anonimato por temor a perder su empleo.

"Acá hemos recibido uno que otro caso de pobladores indígenas, la mayoría de 40 años o más, que tuvieron que venir con sus propios recursos", dice María, demostrando la inacción por parte de las autoridades locales y nacionales en la protección de las comunidades más vulnerabilizadas del país. El Observatorio Ciudadano reporta hasta la fecha 13 muertes por el nuevo coronavirus en el municipio de Sébaco.

A más de 100 KM de Sébaco se encuentra el barrio indígena de Monimbó en Masaya, lugar en donde parece que el tiempo se ha congelado. El turismo ha disminuido casi en su totalidad, la delincuencia aumenta y los contagios parecen no detenerse, mientras tanto, los medios oficialistas resaltan "los avances del Proceso de Autonomía de Nicaragua, enfatizando las acciones del Gobierno para enfrentar el Covid-19 a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria", aunque el Presidente Daniel Ortega aún no implementa ninguna medida extraordinaria para proteger a dicha población, o al país en general. El municipio de Masaya, bastión de la revolución sandinista, hogar de una comunidad indígena y uno de los centros cívicos de la llamada "rebelión de abril", contabiliza 158 muertes y más de 380 casos de Covid-19, según datos del Observatorio Ciudadano.

Los esfuerzos de las comunidades indígenas y afrodescendientes del país para sobrevivir y enfrentar varias crisis a lo largo de su historia han sido un viaje solitario para dichas poblaciones. Organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Oakland Institute, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, documentaron en los últimos años una realidad cruda, desigual y violenta.

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Una de las calles principales del barrio indígena de Monimbó en Masaya

 

Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa

El Oakland Institute publicó a inicios de agosto del corriente año un informe titulado "Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento", en donde se documentó las nuevas amenazas que trajo consigo la Covid-19 para los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, y cómo el Gobierno "fomenta la colonización de sus territorios", principalmente en la Costa Caribe, en medio de la pandemia.

 

"Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) han sido asesinadas, con lo que el número total de asesinatos desde 2011 se eleva a 46. Decenas de personas han resultado heridas, secuestradas y desaparecidas, y miles de personas han sido desplazadas, debido a las invasiones de tierras. Funcionarios nicaragüenses son cómplices en la venta ilegal de tierras y en la represión policial perpetrada por el Estado en contra de las comunidades que se resisten al despojo", cita la publicación del informe del Oakland Institute.

 

El hambre y la pobreza; la falta de agua potable, alimentos, medicamentos y personal médico; las balas impunes de los colonos; el desplazamiento forzado; la deforestación y el avance de la frontera agrícola; la falta de empleos dignos; la violencia de género y contra la niñez; el narcotráfico; los desastres naturales; la represión por parte de la Policía Nacional, Ejército y grupos paramilitares. La lista de males para las comunidades indígenas y afrodescendientes parece no terminar, en cambio, se agudiza.

En la Costa Caribe, hogar de un sinnúmero de comunidades indígenas y afrodescendientes, la inversión del Estado en pro de la población local parece "esfumarse en el aire", según las denuncias de lideresas comunitarias consultadas por Coyuntura.

El Gobierno, los colonos y las fuerzas armadas del Estado son los principales acusados ante el aumento de asesinatos en contra de líderes indígenas y pobladores de la zona del Caribe. "Colonos e indígenas son piezas de un perverso ajedrez entre grupos de poder locales y extra-regionales. Escenarios de esa disputa los encontramos en Bosawás. Para el poder no hay 'buenos' o 'malos', sólo hay útiles o inútiles según sus intereses coyunturales", asegura una publicación de la Revista Envío de septiembre de 2016.

La represión y el abandono de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe es más evidente con la pandemia. A pesar de que Ortega y sus funcionarios han negado el impacto que la Covid-19 tiene en el país, las Regiones Autónomas sufren en carne propia los estragos de un virus silencioso, el cual no detiene su avance y golpea con fuerza a las personas más vulnerables.

Hasta la fecha, el Observatorio Ciudadano registra 192 casos y 93 muertes en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, mientras que en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur se contabilizan 243 casos y 69 muertes por Covid-19.

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Mujeres en Kakabali, Costa Caribe sur

Fotografía de Flickr por Fernweh Reise

En el contexto de la pandemia, el inexistente actuar del Estado no permite documentar las afectaciones de la Covid-19 en las zonas más vulnerabilizadas del país, entre ellas las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por su parte, el Presidente Ortega calificó la pandemia como una señal divina (enviada por el mismísimo Dios) y aseguró que "las fuerzas transnacionales que sólo quieren tomar el control del planeta" son "un pecado".

 

Ante estas declaraciones, Anuradha Mittal, Directora Ejecutiva del Oakland Institute, dijo: "su propio Gobierno ha hecho tratos con las compañías mineras canadienses, británicas, australianas y colombianas que están explotando la riqueza mineral del país a expensas de los medios de vida indígenas".

Nora Newball, representante de la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), en el marco del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó como el Estado perjudica seriamente los bosques con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y "la imposición del Gran Canal Interoceánico". Además, la defensora y lideresa política, explicó cómo el sector privado también explota todo tipo de recursos naturales a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Lottie Cunningham, abogada y defensora, recientemente galardonada con el premio Nobel Alternativo -otorgado en el Right Livelihood Award 2020-, ha denunciado en muchas ocasiones el actuar inescrupuloso de la Policía Nacional y del Gobierno de Nicaragua al momento de proteger a empresas y personas que atentan contra la naturaleza y las localidades en la Costa Caribe. A su vez, en una entrevista concedida a Confidencial, Cunningham explicó que "las autoridades del Estado han venido cambiando las modalidades de criminalización hacia los comunitarios y las comunitarias que demandan la situación de los colonos".

Entre enero y marzo de 2020, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua reportó la exportación de más de 73,000.00 onzas troy de oro y más de 190,000.00 onzas troy de plata (casi el doble de lo exportado durante todo el 2008 -110,621.05 onzas troy de plata-). La explotación minera es y seguirá siendo un factor detonante de la violencia en contra de las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, principalmente en la Costa Caribe.

Aunque la Ley No. 445 establece que los derechos históricos de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes prevalecen sobre los títulos otorgados a favor de terceros, el Estado de Nicaragua y sus funcionarios han entregado concesiones y aprobado "programas de desarrollo" que permiten la explotación de las tierras de la Costa Caribe, y por ende la agudización del desamparo que viven las y los locales.

En lugar de aportar al desarrollo de las localidades, la ganadería, minería y en general la política extractivista implementada por el Gobierno, no solo irrespeta los territorios y derechos históricos de las comunidades, sino que también permite la explotación indiscriminada de recursos naturales. Prueba de ello son las miles de hectáreas concesionadas a diversas empresas en todo el territorio nacional.

 

Lista de Concesiones de HEMCO NICARAGUA S.A. - Informe Financiero 2014 de Mineros S.A.

Por su parte, la ganadería "ha estado en Nicaragua durante más de cuatrocientos años, llegando con los conquistadores españoles, y pronto se convirtió en una parte clave de la cultura y la economía del país. Las décadas de 1960 y 1970 vieron el mayor aumento en la cría de ganado. Con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la industria agroexportadora en Nicaragua se expandió sustancialmente para satisfacer las tendencias de los consumidores en los Estados Unidos. Se proporcionó financiamiento a través de programas promovidos por el Gobierno para alentar el crecimiento del 'rebaño nacional', la expansión de los pastizales y el desarrollo agroindustrial de productos ganaderos. Entre 1963 y 1971, el ganado creció en un 46 por ciento, acompañado de un crecimiento del 31 por ciento en el área total de pastos", cita el informe del Oakland Institute.

 

Como si fuera poco, estas políticas "en pro del desarrollo" tienen un impacto latente en el medio ambiente. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) informó a través de su Atlas de Cobertura Forestal y Deforestación en Nicaragua (1969 - 2015) que entre el 2005 y 2015, el territorio nacional ha perdido más de un millón de hectáreas de bosque.

 

Pérdida de cobertura arbórea en Nicaragua, entre 2001 y 2019 - Imágenes de Global Forest Watch (GFW)

Según el último Censo de Población y Viviendas de Nicaragua, hasta el 2005 se contabilizaron 443.847 personas autoidentificadas como indígenas o afrodescendientes en el país, siendo la mayoría Miskitu (120,817 personas), Mestizo -categoría creada por el Estado- (112,253 personas), Chorotega (46,002 personas), Sutiaba Ocanxiu (19,949 personas), Matagalpa o Cacaopera (15,240 personas), entre otras etnias del sector urbano y rural.

En la actualidad, no existen datos actualizados sobre dichas comunidades y varios expertos en salud pública y desarrollo aseguran que esa información podría aportar a la creación de estrategias de mitigación ante la pandemia. También es importante generar información para dicha población en sus lenguas nativas. "Hay comunidades que se estima que van a simplemente desaparecer; es ahí la importancia de generar información para prevenir la transmisión del virus en los idiomas indígenas", expresa Paulo Sassarao, Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Nicaragua.

Aunque el MINSA es la única institución capaz de obtener todos los datos necesarios para mantener a la población informada y para que el Gobierno mejore las estrategias nacionales de contención y lucha contra el nuevo coronavirus, la institución y todo su aparato de trabajo decidieron ignorar la realidad y a quienes la sufren. Prueba de ello es que hasta la fecha la mayor entidad de salubridad en el país no ha publicado ningún tipo de información dirigida directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, en sus propias lenguas.

Además, el MINSA se ha convertido en la principal fuente de desinformación sobre Covid-19 debido a que los datos generales que presentan en sus comunicados semanales son confusos, no detallados y carecen de información que permita analizar las afectaciones de la pandemia.

Para el Biólogo Molecular y actual Vicerrector General de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge A. Huete, "el coronavirus ha dejado al descubierto la trágica realidad que vivimos hoy en Nicaragua. Estamos ante autoridades con una visión anacrónica y a-científica del mundo, con una visión depredadora de la naturaleza, con una visión oportunista y economicista ante un problema que es su responsabilidad resolver porque afecta a toda la sociedad. Estamos ante autoridades actuando en función de sus propios intereses, sin tener en cuenta los de la nación. El coronavirus ha dejado al descubierto que la prioridad de estas autoridades es mantenerse en el poder y mantener su poder con el control y con la represión".

El Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, creado por la Asamblea Nacional, establece en su Arto. 33 "un fondo especial de desarrollo y promoción social, proveniente de recursos internos y externos y otros ingresos extraordinarios no presupuestados, el que será destinado a inversiones sociales, productivas y culturales propias de las Regiones Autónomas". A pesar de ello, los pocos documentos públicos que existen demuestran una inversión frágil, inefectiva y casi inexistente, tanto desde el Estado como en las iniciativas y proyectos que son o no del Gobierno.

 

Según la Ley No. 1010, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2020, solamente tres organizaciones sin fines de lucro recibieron una subvención para proyectos relacionados directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, o a un municipio con dicha población:

 

• Asociación de Municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua (AMURACAN): 1,000,000.00, divididos en fortalecimiento institucional (C$ 300,000.00) y la LXIX Serie de Béisbol del Atlántico 2020 en el municipio de Mulukukú (C$ 700,000.00).

• Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes (FEMUCADI): C$ 150,000.00, como apoyo para la educación técnica a desarrollarse en 10 municipios (Corinto, Chinandega, El Viejo, Juigalpa, Acoyapa, Ciudad Sandino, Jinotega, Waslala, La Dalia y Río San Juan).

• Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA): C$ 300,000.00, como apoyo para el Proyecto integral de Salud, Producción y Educación Popular en la isla Rama Cay.

 

A lo largo de sus mandatos, Ortega ha hecho suya la cultura de ocultar información y datos públicos. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos recursos económicos habría destinado el Estado para la mitigación de la Covid-19 y sus consecuencias en las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, o en cualquier otro sector o población de Nicaragua.

 

"El gobierno de Nicaragua muestra falencias graves en materia de transparencia fiscal: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha creado en su portal de internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público y las compras realizadas, ni ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las escasas comunicaciones oficiales. Tampoco ha emitido lineamientos o guías para la transparencia en las compras asociadas a la emergencia. En materia de acceso a la información, continúa desprotegido el ejercicio de este derecho, pues la autoridad garante establecida en la ley de la materia, la Comisión Nacional de Acceso a Información Pública, permanece sin ser integrada y no existen medidas de protección y resguardo para el cumplimiento del marco jurídico vigente relacionado. La Contraloría General de la República no tiene un sitio específico en internet con información actualizada sobre sus acciones para el seguimiento a la ejecución de recursos para enfrentar la pandemia; mientras el Banco Central de Nicaragua (BCN) no ha publicado información que contenga análisis del impacto económico de la pandemia, ni ha informado sobre las acciones tomadas durante la emergencia", expresó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en un comunicado de prensa publicado el 29 de mayo de 2020.

Cuatro meses después de dicha publicación, el Estado de Nicaragua aún no muestra interés por compartir información puntual y segregada sobre la pandemia, incluyendo los contagios y el capital monetario puesto a disposición; en cambio, más organizaciones internacionales se han sumado a la exigencia de transparencia por parte del Gobierno en la información oficial sobre la Covid-19, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 

Para el presente trabajo, como forma de corroborar la labor del Poder Legislativo, Coyuntura intentó comunicarse a través de diversas vías con la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional de Nicaragua; dichas solicitudes de comunicación no fueron respondidas ni por la Comisión ni por alguno de sus integrantes (diputadas y diputados del Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Conservador y el Frente Sandinista de Liberación Nacional).

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Parte de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional de Nicaragua

Fotografía de Asamblea Nacional de Nicaragua

En el 172 Periodo de Sesiones de la CIDH, Nora Newball de APIAN, expuso la situación política del sector indígena y afrodescendiente del país, y como el Estado de Nicaragua poco a poco ha neutralizado el liderazgo cívico y político. "En las recientes Elecciones Autónomas -2019- la participación de la población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos. El 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena", aseguró Newball.

Otra muestra de que las comunidades indígenas y afrodescendientes del país son actores casi nulos en la política local y nacional, es la sobrevivencia de YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka -cuyo significado en castellano es "hijos de la madre tierra-): único partido político indígena del país, fundado en 1987 a partir de la reunificación de diversas organizaciones político-militares miskitas que luchaban contra el Gobierno del FSLN.

Pero no solo el Gobierno invalida las demandas y la participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes. "Nosotros hemos visto que todas las organizaciones -políticas- del pacífico quieren ser el centro del liderazgo de la oposición. Todas sienten que la oposición debe estar a su alrededor y eso es un error; todos nos necesitamos y cada uno es complementario del otro. Hay gente que dice que en la Coalición hay una hegemonía de los partidos políticos y eso es falso. Solo hay tres partidos políticos -PLC, PRD y YATAMA-. Luego están los movimientos y la sociedad civil -Unidad Nacional Azul y Blanco, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Movimiento Campesino y Fuerza Democrática Nicaragüense-. Pero la gente de la Costa lo ve de otra manera; solo vemos a seis organizaciones del pacífico y una de la Costa. El Movimiento Campesino es de la franja canalera y cuenta como del pacífico", expresó George Henríquez, delegado de YATAMA en la Coalición Nacional, durante una entrevista otorgada a Coyuntura.

"La participación de las Regiones a través de un partido político no ha sido parte de la cultura y las costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Nuestro sistema de elección para los liderazgos es a través de asambleas comunitarias y territoriales; sus candidaturas son lanzadas por la etnicidad, y no a través de un partido político, por lo tanto, desde 1990 hasta el 2002 YATAMA era un movimiento político y estuvo en alianza con la tendencia liberal y luego con los sandinistas. Por ser partido meramente regional, nuestra incidencia política está limitada solamente en ambas Regiones. Para poder participar en lo nacional debemos tener estructuras en todos los municipios del país, pero la Ley Electoral nos limita. Por eso nosotros no podemos poner candidaturas presidenciales. Además, esa ley -electoral- nos impide ser electos de acuerdo a culturas y costumbres. Eso ha venido a entorpecer los procesos de participación en la Costa", agregó Henríquez.

Por su parte, en el centro del país, la comunidad indígena y el Consejo de Ancianos de Sébaco denunció en dos ocasiones (diciembre de 2013 y marzo de 2018) "el irrespeto a las normas internas y legales que rigen los procesos electorales de la comunidad indígena". En ambas ocasiones hay un factor en común: Luis Antonio Martínez Medal (Alcalde de Sébaco).

En el 2018, Víctor Manuel Chavarría Dávila denunció que el Alcalde de Sébaco eligió "de manera provisional y a dedazo" a la Junta Directiva de la comunidad indígena, irrespetando la Elección del 18 de diciembre de 2017, en donde Chavarría aseguró que fue electo como Presidente. Lo mismo pasó en el 2013, cuando el Consejo de Ancianos protestó ante el llamado ilegal de Medal para efectuar Elecciones antes de lo establecido por las leyes y estatutos de la comunidad.

 

Estas barreras, en medio de la pandemia y en los procesos políticos del país, impiden que la población indígena y afrodescendiente participe en la toma de decisiones para su propia protección y desarrollo.

La cultura política y el sistema que históricamente ha regido en Nicaragua están diseñados para excluir a las poblaciones más vulnerabilizadas del país, lo cual impide decidir en sus propias vidas.

 

¿Alguna vez el Estado y los tomadores de decisión del país (entre ellos los partidos políticos y la empresa privada) se habrán preguntado por qué es necesaria la participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los espacios y procesos políticos?

 

Si dicho cuestionamiento ha surgido, la respuesta es sencilla: "Porque queremos vivir mejor; queremos reducir las brechas que nos distancian del resto de la sociedad. Queremos acceso a salud, acceso a educación, acceso a créditos", dice Myrna Cunningham, actual Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).

 

Además, para hacer realidad la equidad en el país, es necesario que la participación de dichas comunidades tenga representación de mujeres. "Las primeras transmisoras de la cultura y la vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes son las mujeres. Las mujeres deben estar en la primera línea para la toma de decisiones sobre cómo quieren que sean sus vidas en el futuro", dice, totalmente convencida, Rose Cunningham, Fundadora y Directora de Wangki Tangni.

 

"Realmente empezamos a participar porque queríamos promover una estrategia de articulación con los Estados, que cambiara una relación de opresión. Nuestra meta es transformar a los Estados para que se vuelvan realmente Estados multiétnicos o interculturales", agregó Myrna.

 

Históricamente Nicaragua ha sido un país de constantes ebulliciones sociales. Pese a ello, la sociedad civil es el único sector que acompaña a las comunidades indígenas y afrodescendientes a través de informes, denuncias nacionales e internacionales y estudios que ayudan a evidenciar las vulnerabilidades y necesidades de políticas públicas en dichas comunidades.

"Hay que estar donde se decide sobre nuestras vidas" - Rose Cunningham

CRÉDITOS

Coordinación general: Juan Daniel Treminio

Autores: Juan Daniel Treminio y Jairo Antonio Videa

Edición: Marcia Perdomo

Producción: Jairo Antonio Videa

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