"Aún se escuchan los disparos y la gente no ha olvidado a sus muertos, aunque ahora hay nuevas víctimas. Son víctimas del virus y de la dictadura", asegura Mauricio, un joven de 24 años que se autoidentifica como indígena Ocanxiu y que vive en el sufrido barrio de Sutiaba, León. "Al Gobierno le interesa mucho más reprimir a los más vulnerables y callar las voces disidentes. A Sutiaba, y estoy seguro que, a otros barrios y comunidades, nunca ha llegado el MINSA -Ministerio de Salud- o cualquier otra institución a solicitar información o al menos a dar una charla sobre el virus que nos está matando", agregó el joven, a quien se le ha cambiado el nombre para proteger su identidad, debido a la escalada de violencia y asedio en contra de exreos políticos y personas no afines al Gobierno en todo el país.

 

En el contexto de la pandemia, con mucho valor y esfuerzo, varios medios de comunicación independientes del país retrataron cómo las comunidades indígenas y afrodescendientes, principalmente de la Costa Caribe, se enfrentan solas y sin condiciones mínimas al nuevo coronavirus y a otros vejámenes que ponen en riesgo la vida de muchas familias. En el pacífico del país, la historia no es menos dramática o dolorosa.

 

"Me dio miedo llegar al Osman Ríos -Puesto de Salud en Sutiaba- porque no sabía si iba a salir más enferma o si me iban a retener mucho tiempo por eso del confinamiento", cuenta con temor una comerciante que vive en el barrio de Sutiaba y labora en una popular zona de León, municipio que ya reporta más de 130 muertes sospechosas por Covid-19 según los datos del Observatorio Ciudadano de Covid-19 en Nicaragua, ente que sirve como alternativa para documentar el impacto de la pandemia y que es referencia para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

Enrique Beteta, funcionario del MINSA, aseguró a finales de 2019 que en ese puesto de salud en Sutiaba son atendidos más de 5,200 ciudadanos. Al intentar obtener información sobre el número de casos y personas atendidas por Covid-19 en dicho centro médico, los trabajadores del lugar se limitaron a decir al equipo de Coyuntura que "esa información puede ser consultada con el Ministerio".

​

Mauricio asegura que a finales de julio se contagió de coronavirus en una zona de asados de la ciudad. "En mi casa nos hemos estado cuidando desde antes del primer caso porque sabíamos que el Gobierno no haría nada. Pero como yo soy el terco de la familia, fui a comer con una amiga porque ya estaba cansado del encierro, y cinco días después resulta que no podía sentir ni sabores, ni olores. Me resguardé en mi cuarto y solo yo me enfermé", comentó el joven, quien también aseguró que en los hospitales laboran con "sigilo, pero no profesional".

​

"Llegué porque estaba muy enfermo. Casi nadie se atreve a ir a los hospitales, pero yo lo hice porque tenía mucho miedo. En el HEODRA -Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello- todo es silencio y temor. Tres días después de mi consulta recibí una llamada del MINSA y solo me preguntaron 'cómo me sienta'", agregó Mauricio.

​

Coyuntura solicitó información al equipo médico del HEODRA sobre el número de casos, las condiciones de las personas que aún se encuentran en la sala de Covid-19 y los datos segregados sobre la población indígena que ha llegado en el contexto de la pandemia. Una vez más fuimos redirigidos al MINSA.

​

Algo similar a lo de Sutiaba sucede en Sébaco, Matagalpa, hogar de varias familias indígenas del centro del país. "Nos han dicho -funcionarios del MINSA y de la Alcaldía- que debemos mantener esta información -sobre los contagios de Covid-19- exclusiva para la administración. Los propios trabajadores tienen miedo de ser despedidos y en los puestos de salud de la ciudad no se comparten datos de nada", asegura María, trabajadora de una clínica privada en el municipio, quien pidió anonimato por temor a perder su empleo.

​

"Acá hemos recibido uno que otro caso de pobladores indígenas, la mayoría de 40 años o más, que tuvieron que venir con sus propios recursos", dice María, demostrando la inacción por parte de las autoridades locales y nacionales en la protección de las comunidades más vulnerabilizadas del país. El Observatorio Ciudadano reporta hasta la fecha 13 muertes por el nuevo coronavirus en el municipio de Sébaco.

​

A más de 100 KM de Sébaco se encuentra el barrio indígena de Monimbó en Masaya, lugar en donde parece que el tiempo se ha congelado. El turismo ha disminuido casi en su totalidad, la delincuencia aumenta y los contagios parecen no detenerse, mientras tanto, los medios oficialistas resaltan "los avances del Proceso de Autonomía de Nicaragua, enfatizando las acciones del Gobierno para enfrentar el Covid-19 a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria", aunque el Presidente Daniel Ortega aún no implementa ninguna medida extraordinaria para proteger a dicha población, o al país en general. El municipio de Masaya, bastión de la revolución sandinista, hogar de una comunidad indígena y uno de los centros cívicos de la llamada "rebelión de abril", contabiliza 158 muertes y más de 380 casos de Covid-19, según datos del Observatorio Ciudadano.

​

Los esfuerzos de las comunidades indígenas y afrodescendientes del país para sobrevivir y enfrentar varias crisis a lo largo de su historia han sido un viaje solitario para dichas poblaciones. Organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Oakland Institute, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, documentaron en los últimos años una realidad cruda, desigual y violenta.

​