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Trabajar en el sector salud de Nicaragua se convirtió en un desafío debido a que, más allá del compromiso humanitario, este gremio debe enfrentarse a los embates de un sistema que identificó en esta población una amenaza. En los últimos tres años el Gobierno convirtió el ejercicio de la medicina en un blanco de ataques e imposiciones que perjudican directamente la salud, estabilidad y desarrollo de la ciudadanía nicaragüense.

 

Antes de la pandemia de Covid-19, el sistema de salud en el país ya presentaba síntomas de deterioro, debido a que este sector no es una de las prioridades del Gobierno central. Por el contrario, el Estado utiliza la salud pública como un instrumento más de su ejercicio político, empleando un sistema de premiación para quienes cumplen las órdenes de la pareja presidencial sin "peros", y castigando a quienes exhiben la precariedad en la que el país está sumergida; penas que van desde amenazas, censura, despido, desplazamiento forzado e incluso muerte.

Todos estos vejámenes se han desarrollado en medio de dos crisis, marcando una ruta de vulnerabilidades para el sector salud; en ambos contextos, las y los profesionales de la medicina se han visto desafiantes ante el poder y las imposiciones que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía. Hoy más que nunca es necesario entender el peso de este sector, las razones por las cuales el Gobierno lo identificó como un riesgo, las alternativas que han surgido ante esta realidad para mejorar sus condiciones y cómo las nuevas generaciones de profesionales de la salud deben prepararse para un porvenir con altas posibilidades de peligro.

El sistema de salud en Nicaragua no está exento de la forma en que las instituciones del país son utilizadas como herramientas de propaganda y favoritismo político, una práctica que a lo largo de los años se fue imponiendo para obtener obediencia, a tal punto de convertir los centros de salud "en centros de operación, propaganda y control, en donde un Secretario Político manda más que un Director". Así lo afirma Martha, una médica en el exilio, quien pidió anonimato por la seguridad de su familia.

 

Martha estuvo vinculada a la salud pública desde los inicios de su formación universitaria, y comenta que es y sigue siendo víctima del control partidario al que se enfrentan quienes contribuyen a la salud del país. Ella, bajo su propio juramento y en cumplimiento de sus principios, arriesgó su vida para poder asistir a personas que resultaron heridas a raíz de la represión perpetrada por el Estado en contra de manifestantes pacíficos, pero ahora sufre las consecuencias de cumplir una labor humanitaria en un país dictatorial. Martha tuvo que salir de Nicaragua para salvaguardar su vida ante las amenazas y la persecución que enfrenta.

 

Informes como el elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por mandato de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), documentaron "severas irregularidades" y la denegación del servicio de atención médica estatal a las personas heridas durante los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, todo esto como consecuencia de diversas órdenes (dictadas por la pareja presidencial y su Gabinete) con el único objetivo de vulnerabilizar y poner en riesgo la vida de la ciudadanía nicaragüense, en especial la de aquellas personas que se manifestaron en contra del Gobierno de Daniel Ortega.

 

A pesar de que dichas imposiciones están al margen de la legalidad y ponen en riesgo a la población, y a un sinnúmero de personas que trabajan para el sector salud, ninguna institución ha logrado intervenir ante el actuar inhumano del Gobierno, aunque existe una organización que, según sus propios estatutos, se encarga de velar los derechos y las condiciones de las personas que trabajan en el sistema nacional de salubridad. La llamada Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), órgano sindical con 46 años de trayectoria, convirtió sus objetivos iniciales en fines político-partidarios y se enrumbó en el camino de la obediencia. "FETSALUD es un brazo político del Gobierno. Es un aparato represivo. Es una mafia. Se llaman gremios organizados, se llaman defensores de los trabajadores, pero en verdad lo que sabemos es que son un grupito que defiende a la dictadura y sus intereses", manifestó Martha, con un tono de indignación.

FETSALUD lleva el control y el ejercicio del mando en casi todos los espacios de salud en el país para hacer cumplir intereses partidarios, afirma Jerónimo, trabajador de un hospital público de Managua, quien a pesar del temor de perder su empleo ha decidido denunciar las anomalías del sector y la manera en la que se utiliza el sistema de salud como instrumento de adoctrinamiento.

 

"FETSALUD ha tratado incluso de incursionar en los espacios privados de la salud invitando al personal a charlas y 'recomendando' al MINSA órdenes políticas para los trabajadores", asegura Jerónimo, quien también explica la forma de operar de la institución al momento de definir sus prioridades: "las prioridades para la asistencia, cobertura, apoyo y equipamiento se aplican dependiendo del impacto en los votos de la localidad", revela Jerónimo.

Desde sus orígenes, FETSALUD ha estado al mando de su Secretario General, el también Diputado y Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien fue sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en junio de 2019 por violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense. De forma paralela a la sanción de Porras, también fue penalizada, por las mismas implicaciones, Sonia Castro, ex titular del Ministerio de Salud (MINSA), quien ahora es asesora del Gobierno en temas de salubridad. Castro es señalada como la persona que dio la orden en los hospitales públicos de no atender a las personas heridas en el contexto de las manifestaciones que surgieron desde abril de 2018.

 

La más reciente evidencia del partidismo de FETSALUD quedó documentada de la voz de quien dirige dicha federación. "Es una organización sindical rojinegra. Es una organización sindical sandinista que ha estado en defensa de la revolución", dijo Gustavo Porras el 27 de noviembre de 2019.

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El personal de salud se encuentra en la primera línea de batalla en contra de la Covid-19

 

Fotografía de EFE por Carlos Herreras

Una vez que las manifestaciones se intensificaron en abril de 2018, personal médico de distintos hospitales del país alertaron sobre la orden que se les había dado de no atender a manifestantes heridos, y se les advirtió que al incumplir dicha orden sufrirían algún tipo de represalia. "Ha sido lo más oscuro que ha vivido el gremio médico en la historia de Nicaragua: obligar a no atender. Eso no se le puede pedir nunca a ningún médico porque le trastoca su razón de ser. Nunca pensamos que eso podía pasarnos", denuncia la doctora Anely Pérez, Secretaria a cargo de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). La denuncia escaló a niveles internacionales, sin embargo, los hechos no fueron investigados por ninguna institución local o internacional.

 

Pese a las amenazas, las personas que necesitaron atención médica la recibieron gracias al voluntariado de cientos de estudiantes de ciencias médicas y trabajadores de la salud, tanto del sector público como privado; producto de esto, personal médico y hospitalario fue despedido por haberse rehusado a cumplir las órdenes que iban en contra del mítico juramento hipocrático.

 

Tampoco existen registros de cuántas personas pudieron haber muerto por falta de atención médica durante las manifestaciones, sin embargo, existe un caso que es considerado emblemático y que marcó un antes y un después en el gremio médico: la muerte de Álvaro Conrado, un niño de 15 años, quien murió por no recibir atención médica en un hospital subvencionado por el Estado -Cruz Azul-. "Es algo que para nosotros, desde el punto de vista ético y profesional, es impensable", reflexiona Pérez sobre el caso.

Negar la atención médica a ciudadanos opositores es una acción que no cesó en el país, en cambio, se convirtió en un acto recurrente, monitoreado, documentado y denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a través de todos sus mecanismos.

"...en los hospitales públicos el personal médico fue instruido por el MINSA a negar atención a todos aquellos que participaron en las protestas y en las barricadas. El personal de salud que se rehusó a seguir estas instrucciones ha sido objeto de intimidación y represalias por parte de sus superiores", informó en un comunicado ACNUDH el 30 de agosto de 2018.

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La Exministra de Salud, Sonia Castro (derecha), es la única funcionaria del sistema nacional de salud sancionado por violaciones a los derechos humanos

Fotografía de Organización Panamericana de la Salud (OPS)

El coronavirus fue comparado, por especialistas y medios de comunicación, con una guerra, en la que profesionales de la salud están en la primera línea de la batalla. A pesar del impacto que la Covid-19 continúa causando en todo el mundo, en Nicaragua el personal de salud fue enviado a enfrentarse al virus sin las condiciones mínimas de prevención y protección, y nuevamente la represión gubernamental fue dirigida a quienes tuvieron la compasión de prevenir el contagio y salvar vidas.

 

Días después de que se anunció el primer caso de Covid-19 en el país, ni el Gobierno, ni las autoridades sanitarias presentaron un plan de prevención y atención. Desde el llamado "día cero" todo quedó en suspenso para la sociedad, y la pareja presidencial desapareció de la vida pública por casi 40 días. Pese a ello, la UMN presentó el primer plan de acción para hacerle frente a la pandemia, mismo que fue elaborado con anticipación por un equipo de profesionales de la salud, quienes puntualizaron valoraciones y condiciones del virus desde que comenzó a propagarse en el mundo.

Ante la ausencia del Gobierno y la ineficiencia del MINSA, el 27 de mayo más de 700  personas de todo el país, entre médicas y médicos, publicaron una alerta para toda la ciudadanía, en la cual exhortaron a la población a tomar todas las medidas posibles debido a que "el precario sistema de salud público se encuentra en vías de saturación, con una alta probabilidad de colapsar en los próximos días". A pesar de que el llamado también estaba dirigido al Gobierno, este tomó medidas basadas en lo antónimo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el claro fin de perjudicar a quienes tratan de cumplir con un juramento humanista y con ello contribuir en la crisis sanitaria.

Mientras los hospitales se inundaron de pacientes, y los cementerios de personas fallecidas por la Covid-19, el Gobierno de Nicaragua se dio a la tarea de ordenar el despido injustificado del personal sanitario que mostraba su preocupación ante el inadecuado manejo de la pandemia, y a su vez, prohibió el uso de equipos de protección en esta población. La UMN recepcionó y elevó la voz de las denuncias ante dichas acciones, y alertó sobre la orden de cambiar los diagnósticos de los pacientes, otra medida irracional impulsada por el Estado.

"Todo el personal de salud no solo estaba desprotegido y expuesto a la muerte, sino que también se les despide como un castigo por perjudicar los intereses de la pareja gobernante", manifestó el doctor Francisco Ortega, miembro de la UMN. "Dicha acción fue una decisión política bajo la lógica económica, siendo el personal de salud quién pagaría el mayor de los costos", agregó Ortega.

"Lo segundo peor que le ha hecho el Gobierno a los médicos, después de la represión de 2018, ha sido estigmatizar el uso de equipo de protección personal. Al médico que lo veían con mascarilla y cuidándose lo estigmatizaban y lo tildaban de ser opositor. Les decían 'ese es un puchito', 'ese es azul y blanco'", denuncia la doctora Pérez, y agregó que: "el gremio sintió miedo, más miedo que el causado por la Covid-19, y dejó de protegerse".

"El país se encuentra en fase de diseminación comunitaria y el Estado continúa sin aplicar medidas de mitigación que permitan el control del brote epidémico, ignorando de manera indolente la realidad de la pandemia en nuestro país", explica un manifiesto firmado por 716 médicas y médicos de todo el país, publicado en mayo de 2020.

El compromiso ético adquirido por el gremio galeno en Nicaragua, a través de su juramento hipocrático, tiene un alto costo al momento de ejercerse, y es por ello que esta población es un punto fijo de ataques de la pareja presidencial desde la crisis de 2018, y con mayor fuerza ahora en la actual crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19. En ambas circunstancias el sector salud ha sido expuesto a condiciones de vulnerabilidad.

Imposiciones éticas, amenazas, despidos, persecución, exilio, exposición al contagio, hostigamiento y muerte; ese es el orden de las consecuencias sufridas en el transcurso de los últimos tres años para el personal de salud del país, y, aunque la profesión como tal no está criminalizada, existe una clara violación de varios derechos, según lo dio a conocer la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua.

 

"El despido de los médicos violenta los derechos laborales consignados en la Constitución Política de Nicaragua; violenta la Ley de Carrera Sanitaria, la Ley de Carrera Administrativa; violenta los convenios colectivos y el principio de no discriminación”, explicó Marcos Carmona, Director de la CPDH.

Durante el pico de la represión en el año 2018, dicha organización registró 420 despidos en el personal de salud a nivel nacional, de los cuales 120 son médicas y médicos (especialistas y generales). Además, desde el inicio de la pandemia, se han sumado 32 despidos como forma de represión. Como si fuera poco, más de 120 profesionales de la salud fueron obligadas y obligados a salir del país, y en la actualidad alrededor de 60 continúan en el exilio por temores fundados. Estos datos son documentados por la UMN.

Las consecuencias no solo se traducen en números, ni en hechos, sino también en realidades inimaginables para las víctimas y sus entornos, sobre todo para quienes han expuesto su salud para proteger la de la ciudadanía.

En el municipio de León, la familia Alonso es reconocida por engendrar generaciones de médicas y médicos que sirven a la comunidad sin dejar a un lado el compromiso con la restauración de la democracia en el país, colocándolos en una situación de alto riesgo. Con la llegada de la Covid-19 se reforzó el compromiso social de esta familia, a pesar de la pérdida de dos de sus miembros por Covid-19. El fallecimiento de los médicos Máximo Guillermo y Adán Alonso Flores es considerado una gran pérdida para la ciudad universitaria, sin embargo, la familia continúa atendiendo pacientes con síntomas del virus.

La UMN reportó, hasta el 2 de septiembre, 803 trabajadores de la salud con síntomas asociados a la Covid-19 y al menos 107 muertes sospechosas por el virus en el sector sanitario.

A pesar de que las prácticas del Gobierno en el sector salud son catalogadas como violaciones a los derechos humanos, las únicas sanciones impuestas a nivel internacional en contra de funcionarios del sistema nacional de salubridad nicaragüense fueron dirigidas a la Exministra de Salud, Sonia Castro. Sin embargo, para el Presidente Daniel Ortega, la labor de Castro es digna de elogios y la condecoró el pasado 8 de agosto con la Medalla de Honor en Oro de la Asamblea Nacional.

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"Marcha de los médicos" el 4 de agosto de 2018

Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel Treminio

Todo acto del Estado que permita o promueva alguna restricción a la función médica lesiona el derecho a la vida. Impedir la atención a pacientes heridos, exponer al contagio a la sociedad, dejar en el desempleo a cientos de trabajadores de la salud injustificadamente y no informar sobre las repercusiones de la pandemia, son parte de una violación sistemática a los derechos humanos. Sin embargo, el gremio de la salud identificó una alternativa para salvar vidas y afrontar todas estas vulnerabilidades: la participación política.

 

"Uno tiene que aprender a hacer política en la salud. Tenemos una posición política, es algo que hemos empezado nosotros a sostener en las reuniones con el gremio y en los territorios. Nosotros somos políticos; somos actores porque decidimos tener una posición de oposición al Gobierno y eso significa que no vamos a permitir que nos digan que no atendamos pacientes. Lo vamos a hacer encima de quien sea, en la calle o como sea. Esa es una posición política", manifiesta la doctora Anely Pérez.

 

"No es permisible ningún tipo de posible intimidación ni castigo, directo o indirecto, como pueden ser sanciones o despidos laborales, al personal de salud por el hecho de haber cumplido sus funciones profesionales para preservar el derecho a la salud", destacó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. En innumerables ocasiones se ha pedido al Estado que proteja al personal de salud que atiende a la ciudadanía nicaragüense, sobre todo en momentos de crisis.

Desde noviembre de 2019, la UMN forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y de la Coalición Nacional, dos de las principales organizaciones políticas opositoras que reúnen a diversos sectores y gremios del país. En ambos espacios, la UMN tiene la oportunidad de presentar las bases de una serie de propuestas para trabajar en el tema de la salud.

 

Este tipo de iniciativas, que permiten la participación de profesionales de diversas áreas para la creación de planes de desarrollo, son sumamente necesarias, más cuando la inversión del Estado parece estar estancada. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Inversión Pública, la programación 2020 para el sector salud es de C$ 1,624.5 millones de córdobas. Además, según los datos de dicha institución, esta es la ejecución de inversiones en millones de córdobas:

 

Por su parte, varios expertos han analizado la situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y explican que la pérdida masiva de personas afiliadas a dicha institución pone en riesgo, no solo la seguridad social, sino también el sector salud en general.

 

"La situación era insostenible para el INSS, aún antes de la crisis por la covid-19, al punto que sobrevivía solo por las transferencias del Gobierno. Esas transferencias tendrán que crecer, porque el déficit financiero del Instituto crecerá significativamente, pues la pandemia aceleró el deterioro de la economía”, declaró un experto de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) a Confidencial en junio de este año.

 

Ante todos los vejámenes a los que se enfrentan las y los trabajadores de la salud por proteger a la ciudadanía, dicho sector está convencido de que el Estado seguirá reprimiendo. Es por esa razón que decidieron agremiarse, para desde ese espacio contribuir en la toma de decisiones y afrontar crisis a futuro. ¿Se atreverá Daniel Ortega a cruzar la línea una tercera vez? ¿Entenderá la sociedad la importancia de acuerpar al sector salud? Son preguntas que definirán el éxito de la unión médica.

CRÉDITOS

Coordinación general: Juan Daniel Treminio

Autores: Juan Daniel Treminio y Jairo Antonio Videa

Edición: Marcia Perdomo

Producción: Jairo Antonio Videa

• NOTA DE LA EDITORA •

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