La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy. Lunes 21 de Mayo, un informe preliminar sobre las denuncias, pruebas y acusaciones en contra del Gobierno de la pareja Ortega-Murillo.
La visita de la CIDH tuvo lugar del 17 al 21 de Mayo del corriente año, luego de un sinnúmero de solicitudes y el rechazo del Estado. El objetivo de esa visita fue observar en el terreno de manera preliminar la situación de los derechos humanos en el país en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de Abril, documentar estos hechos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado. Para ello la CIDH trabajó en tres equipos, visitando cuatro ciudades, instalaciones estatales, centros de salud, hospitales, el Instituto de Medicina Legal y centros de detención.
Antimotines atacan con armas de fuego a estudiantes en Managua / Fotografía de AFP Photo / Ocon
Javier Alexander Munguía, de 19 años de edad, quien fue encontrado el pasado viernes en el Instituto de Medicina Legal (IML), la lista de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) ascendió a 77 personas muertas durante las protestas iniciadas hace un mes.
En el caso de la CIDH, según la información recibida, desde el 18 de Abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 heridos, en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente solo se reportan, según la Comisión, 3 personas detenidas en los hechos antes mencionados.
El informe preliminar, publicado en el sitio web oficial de la CIDH, dice textualmente: "La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. De igual forma la CIDH condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidas en este contexto".
También se agregó que "la Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables, y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos".
Los incidentes se registraron en la ciudad de Managua, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otros. "La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático. Según información recibida, el 18 de abril,) se suspendieron las transmisiones de Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. El canal 100% Noticias estuvo 6 días sin transmisión, lo que le impidió sacar al aire programas percibidos como contrarios a los intereses del gobierno; y el 23 de abril, la edición digital del semanario Confidencial sufrió un bloqueo durante siete horas. El periodista Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras cubría los disturbios".
Población se defiende de los ataques con piedras y palos / Fotografía de AFP Photo / Ocon
"Asimismo, el 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. En los sucesos muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas. Uno de los cuales fue el adolescente Álvaro Conrado de 15 años de edad, impactado de bala en su cuello y cara cuando ingresaba agua a la universidad, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores".
Cuerpos de seguridad del Estado y grupos de choque
"De acuerdo con centenares de testimonios, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes. Por otro lado, la CIDH observa que el Ejército anunció que no participaría en el control de la protesta social y que realizaría la protección y seguridad a las entidades e infraestructuras vitales para el funcionamiento del país.En este contexto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho", se agregó en el informe de la CIDH.
Conferencia de prensa de la CIDH en Managua / Fotografía de El Nuevo Diario por Omar García
Ante todos estos hechos, y más, la CIDH realizó 15 recomendaciones para el Gobierno de la pareja Ortega-Murillo los cuales resumimos a continuación:
1. Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.
2. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
3. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
4. Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
5. Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país.
6. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.
7. Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza.
8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal.
10. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones.
11. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
12. Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.
13. Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
14. Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.
15. Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.
Durante la conferencia, los miembros de la CIDH no usaron los términos de genocidio y uno de los periodistas les preguntó sobre los delitos de lesa humanidad a lo cual contestaron: "no utilizamos términos ambiguos". Aún no se sabe cuando regresará la Comisión pero tanto la Conferencia Episcopal y los movimientos en Nicaragua esperan que sea lo más pronto posible.
Una de las miles de pruebas que demuestran la represión genocida en Nicaragua / Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel treminio
